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Derrumbe en un edificio de Madrid: rescatan los cuerpos sin vida de los cuatro desaparecidos

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La peor de las noticias se ha confirmado esta madrugada en Madrid. Los equipos de emergencia han localizado y recuperado los cuerpos sin vida de las cuatro personas que permanecían desaparecidas tras el derrumbe de un edificio en obras en la calle Hileras, en pleno barrio de Ópera, en el centro de la capital.

El balance final del siniestro es de cuatro fallecidos y tres heridos, según ha informado el Ayuntamiento de Madrid. El desplome se produjo pasadas las 13:00 horas del martes 7 de octubre, cuando colapsó parcialmente el forjado interior del edificio, que se encontraba en proceso de rehabilitación para convertirse en un hotel.

Durante toda la noche, un retén de bomberos ha permanecido en la zona trabajando en las tareas de rescate y asegurando la estructura. La calle Hileras, situada entre la Plaza de Ópera y la Puerta del Sol, continúa cerrada al tráfico y acordonada por seguridad.

Cuatro víctimas identificadas

En las obras trabajaban unas 40 personas. Entre las víctimas se encuentran Laura, una responsable de la obra, y tres operarios identificados como Dambéle, Alfa y Jorge, de entre 30 y 50 años, todos ellos empleados de la constructora ANKA. Según fuentes municipales, dos de ellos se encontraban en los baños del sótano y el tercero en la última planta cuando se produjo el colapso.

Las Policías Científicas de la Policía Municipal y Nacional se han hecho cargo de la identificación de los cuerpos, mientras que un juez de guardia permaneció en el lugar hasta altas horas de la madrugada supervisando el levantamiento de los cadáveres.

Investigación en marcha

Las causas del derrumbe aún se desconocen. La Policía Judicial de la Policía Municipal de Madrid ha abierto una investigación para determinar el origen del siniestro. Según explicó el alcalde José Luis Martínez-Almeida, “el forjado de la sexta planta se vino abajo y arrastró al resto hasta la planta baja”, provocando el desplome parcial del edificio.

Los técnicos del Ayuntamiento revisarán los informes estructurales y las licencias de obra para esclarecer si hubo algún fallo técnico o estructural en el proceso de rehabilitación.

 

 

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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