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Detenido un anciano por matar a golpes a otro en una residencia de Valencia

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VALÈNCIA, 2 Ene. – La Guardia Civil detuvo en octubre a un anciano por presuntamente matar a puñetazos a otro en una residencia de Cheste (Valencia), un fallecimiento que ha trascendido meses después, según han confirmado fuentes del instituto armado.

Los hechos, según publica ‘Levante-EMV’, se produjeron a principios de octubre en un geriátrico de Cheste. Los dos ancianos supuestamente se pelearon en la cafetería después de que la mujer del presunto homicida cogiera por error el andador de la víctima, de 75 años y con problemas de movilidad.

Seguidamente, el hombre recriminó la confusión a la mujer, que también está interna y padece demencia. La pareja de ella, que habría protagonizado otros episodios violentos con residentes y trabajadores, arremetió contra el anciano propinándole puñetazos en la cara.

Como consecuencia, el septuagenario se golpeó contra una puerta y quedó inconsciente, tras lo que falleció ingresado en el Hospital de Manises (Valencia).

El Juzgado de Instrucción número 2 de Requena (Valencia) investiga si se trata de un homicidio imprudente derivado de las lesiones, mientras que el anciano detenido quedó en libertad, según el periódico.

Fuente: (EUROPA PRESS)

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Condena histórica al fiscal general: dos años de inhabilitación por revelación de secretos contra el novio de Ayuso

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Álvaro García Ortiz

El Tribunal Supremo (TS) ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, a dos años de inhabilitación y a pagar una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos. La sentencia afecta a Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien el Tribunal ordena indemnizar con 10.000 euros por daños morales.

Según la resolución del Supremo, García Ortíz vulneró la confidencialidad de información sensible relacionada con Alberto González Amador, un acto considerado grave por comprometer derechos fundamentales y la confianza en la administración pública.

Esta decisión del Tribunal Supremo marca un precedente significativo sobre la responsabilidad de altos cargos en el manejo de información confidencial, reforzando la protección jurídica frente a filtraciones o revelaciones indebidas.

 


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