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Sucesos

Detenido un holandés en València e intervenido el mayor alijo de cocaína rosa

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Madrid, 6 mar (EFE).- El objetivo era apresar a Erxinio G.L., un fugitivo holandés que asesinó a un joven de 26 años. Pero su arresto supuso más réditos para la Guardia Civil, que descubrió el mayor alijo en España de la llamada «cocaína rosa» y detuvo a un miembro de los «Lobos grises», la organización turca que en 1981 quiso matar al papa Juan Pablo II.

Un «tres por uno» en la operación que lleva el nombre del fugitivo, Erxinio, y de la que este sábado ha informado la Dirección General del instituto armado, en coincidencia con la condena que en Holanda se le ha impuesto al fugitivo por el asesinato por el que estaba en busca y captura: 11 años de cárcel que la Fiscalía ya ha anunciado que recurrirá, según ha podido saber Efe.

Todo empezó en Ámsterdam en 2019 en un párking a altas horas de la madrugada. Una fuerte discusión entre Erxinio G.L., de 21 años, y un joven de 26 acabó en una pelea que causó la muerte de este y la huida del primero. Y una gran alarma social por las duras imágenes que captaron las cámaras del aparcamiento.

Las autoridades holandesas iniciaron una búsqueda sin éxito, hasta que poco después la imagen del presunto autor apareció en un vídeo de un rapero holandés, en un fotograma bajando las escaleras y hablando con un teléfono móvil.

Inmediatamente, las autoridades holandesas emitieron una orden internacional de busca y captura, con indicios de que el sospechoso podría encontrarse en España.

LA UCO ENTRA EN ACCIÓN

El Equipo de Huidos de la Justicia de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se hizo cargo de las pesquisas en España y, en un principio, centran su investigación en Barcelona. Pronto lo descartaron.

Pero la Policía holandesa ofreció nuevas pistas y la UCO siguió los movimientos de una amiga del fugitivo desde Portugal a Marbella (Málaga), pero tampoco consiguieron localizar al huido.

Otros indicios no descartaban que Erxinio G.L. se ocultara en la provincia de Valencia y, en concreto, en su capital. Los agentes de la UCO «peinaron» diversos barrios y pusieron el foco en los posibles contactos que el sospechoso pudiera tener en Valencia, teniendo en cuenta la vida que hacía en Holanda.

Pero tampoco se logró nada, tal y como relatan a Efe fuentes de la investigación.

La Comunidad Valenciana sufre, como el resto del país, la crisis sanitaria de la Covid-19 y, como otras autonomías, ha impuesto medidas restrictivas para controlar el virus.

No se podían hacer muchas cosas en la ciudad, casi confinada y con prácticamente todo cerrado. Pero sí la compra, por lo que la vigilancia se centró en los supermercados. Y hubo suerte, porque las cámaras de uno de ellos grabaron la entrada del holandés en compañía de otro hombre.

No se volvió a ver a Erxinio G.L. haciendo la compra, pero sí al hombre que le acompañó en la ocasión que captaron las cámaras, así que los agentes centraron la vigilancia en este individuo, cuyos pasos llevaron a los investigadores hasta un piso turístico del centro de Valencia.

LA DETENCIÓN Y ALGO MÁS

No salía mucho Erxinio a la calle, oculto en el piso turístico en el que M.A., otro holandés de origen turco, le protegía y hacía de «chico de los recados».

Los agentes del Equipo de Huidos de la Justicia contaron con el apoyo del Grupo de Antidrogas de la UCO ante las sospechas de que los dos hombres pudieran estar relacionados con organizaciones de narcotraficantes.

Mientras, descubrieron que «el chico de los recados», M.A., estaba vinculado con la organización turca de extrema derecha «Grey Wolves», los Lobos grises, de la que formó parte Mehmet Ali Agca, autor del atentado contra el papa Juan Pablo II en 1981.

Y no solo eso. Los investigadores no tardaron en vincular a M.A. con la introducción en España de drogas sintéticas y no descartaron que el piso turístico sirviera para ocultar esas sustancias.

Con la asistencia de la Policía holandesa, la Guardia Civil entró en el apartamento, detuvo a los dos hombres y descubrió que, efectivamente, había droga en la vivienda.

De hecho, se incautaron 300 kilogramos de MDMA, 3 de heroína y 11 de la conocida como «cocaína rosa», además de 350.000 euros en efectivo, dos máquinas para el conteo de billetes y varios teléfonos móviles.

Según apuntan diversos estudios, el 2CB -la «cocaína rosa»- es hoy en día una de las nuevas sustancias psicoactivas más extendidas en Europa y Australia, recuerda la Guardia Civil.

A nivel internacional, es comúnmente empleada en combinación con otras drogas ilegales, en particular MDMA, y es considerada por algunos expertos como «favorita» en el mercado mundial de las drogas.

Además, la 2CB se encuentra entre los compuestos químicos que aparecen a menudo como adulterantes cuando se analizan pastillas de MDMA, lo que significa que muchos consumidores pueden haberlo consumido sin saberlo, añade el instituto armado.

Todo ello ha llevado a que en algunos ámbitos se la catalogara como «la droga de la alta sociedad» por su exclusividad, dada su escasa disponibilidad y su elevado precio, ya que puede alcanzar más de 100 euros el gramo.

Nunca antes se había intervenido en España cantidad alguna de esta droga que superara los 2 kilogramos hasta el golpe de la UCO en Valencia.

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Sucesos

Desahucian a Daniel, físico de la Universitat de València: «Quiero vivir tranquilo y hacer valer mis derechos»

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El desahucio de Daniel González Iglesias, físico e investigador de la Universitat de València (UV), se ha ejecutado este jueves por la mañana después de diez años de litigios para intentar evitarlo. «No tengo ganas de más follones, quiero intentar vivir tranquilo y está siendo muy difícil hacer valer mis derechos», ha manifestado el investigador en un audio facilitado a los medios.

El lanzamiento estaba previsto inicialmente para las 9.30 horas, pero la Policía Nacional ha acudido a la vivienda alrededor de las seis de la mañana con un dispositivo de ocho furgones. Ante la llegada de los agentes, Daniel decidió colaborar, se identificó y abandonó el inmueble.

El investigador ha explicado que estaba durmiendo cuando comenzó a escuchar ruido en la calle y vio el despliegue policial. La situación le provocó síntomas de ansiedad, precisamente el escenario que había querido evitar. Según el Sindicat d’Habitatge de València, Daniel tuvo que acudir a un centro de salud tras sufrir un cuadro de ansiedad.

Diez años de conflicto por una vivienda en Valencia

Daniel llegó al piso en 2009 como estudiante, mediante un alquiler compartido de 594 euros. Con el paso del tiempo se quedó solo en la vivienda y, durante la crisis económica, el entonces propietario incorporó anexos que redujeron el alquiler a 350 euros.

Posteriormente, se firmó un nuevo acuerdo que contemplaba una opción de compra por 71.000 euros y el derecho de tanteo y retracto, según relató el investigador anteriormente a Europa Press TV.

Tres años después, la empresa propietaria entró en concurso de acreedores y Daniel comenzó a consignar los pagos del alquiler en los juzgados. En 2017, la vivienda salió a subasta pública y fue adquirida por Caixabank a través de la sociedad participada Coral Homes S.L., que posteriormente presentó una demanda contra el investigador por ocupación ilegal.

Según la cronología expuesta por Daniel, en 2018 el administrador concursal le comunicó que dejara de ingresar las rentas en el juzgado. En 2020 inició un procedimiento de jurisdicción voluntaria y trató de volver a pagar, pero no pudo realizar los abonos al no disponer de la cuenta bancaria del arrendador.

La vivienda se vendió en 2025 y la última sentencia ordenó el desalojo

La propiedad volvió a denunciar al investigador en 2023. En 2025, el inmueble fue vendido a una propietaria particular por un importe superior a los 71.000 euros contemplados en la opción de compra, según la información facilitada sobre el caso.

Después de resoluciones anteriores favorables a Daniel, la última demanda concluyó con una condena al desalojo y al pago de 35.620,88 euros en concepto de rentas vencidas. La cantidad corresponde a las diferencias reclamadas entre los importes del alquiler, según la explicación difundida por el sindicato.

El Sindicat d’Habitatge de València sostiene que durante el procedimiento se han vulnerado los derechos del investigador y cuestiona que el lanzamiento se haya ejecutado mientras, según denuncia, existen medidas legales de protección para determinados inquilinos. Estas afirmaciones forman parte de la posición de la organización.

Dos recursos judiciales siguen en marcha

El portavoz del Sindicat d’Habitatge de València, Esteban Arellano, ha asegurado que el procedimiento no ha terminado y que mantienen dos vías judiciales abiertas: un recurso de queja para elevar el asunto al Tribunal Supremo y otro de reposición.

La organización sostiene que no se han respetado los diez días hábiles que, a su juicio, Daniel debía tener para intentar que los recursos llegaran a su último recorrido posible. También defiende que el contrato de alquiler y la opción de compra debían haber sido tenidos en cuenta.

El sindicato ha criticado, además, que el dispositivo policial se adelantara varias horas respecto al horario inicialmente previsto. Según Arellano, no se convocó una concentración para intentar frenar el lanzamiento porque el propio Daniel no quería exponer a otras personas a un posible enfrentamiento con los agentes.

El sindicato denuncia la crisis de vivienda

El Sindicat d’Habitatge considera que el caso refleja las dificultades de acceso y permanencia en una vivienda y denuncia que los procedimientos judiciales prolongados pueden dejar a los inquilinos en una situación de especial vulnerabilidad.

«Por mucho que el procedimiento judicial siga adelante, el resultado es que llaman a ocho furgones de policía, llegan a las seis de la mañana a tu casa, te echan y, por mucho que tengas la razón y ganes el juicio, ya has perdido la casa», ha resumido Arellano.

Mientras continúan los recursos anunciados por la organización, Daniel se enfrenta a una nueva etapa tras abandonar la vivienda en la que había residido durante años. Su deseo, según ha expresado, es poder vivir tranquilo y hacer valer sus derechos.

 

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