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Detenidos 9 independentistas radicales en Barcelona que planeaban ataques terroristas contra edificios públicos

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CATALUÑA, 23 sept. – La Guardia Civil ha detenido a 9 personas relacionadas con movimientos independentistas catalanes que podrían estar preparados para llevar a cabo acciones violentas.

En el marco de una investigación dirigida por el titular del Juzgado Central de Instrucción nº6 de la Audiencia Nacional, la Fiscalía y la Guardia Civil han desarrollado una operación en Cataluña orientada a esclarecer presuntas actividades delictivas planificadas por miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR).

Hasta el momento, se han efectuado 9 detenciones y se han realizado 10 registros en la provincia de Barcelona, con la finalidad de localizar y, en su caso, incautar pruebas que evidencien el grado de preparación de acciones violentas.

Durante los citados registros, se ha incautado abundante documentación y material informático para su estudio y análisis. Además, se ha localizado abundante material y sustancias, consideradas precursores para la confección de explosivos, susceptibles (a espera de confirmación por los especialistas) de ser empleadas en la fabricación de artefactos.

La investigación se encuentra bajo secreto de sumario y la operación sigue abierta, no descartándose la práctica de nuevas detenciones.

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Condena histórica al fiscal general: dos años de inhabilitación por revelación de secretos contra el novio de Ayuso

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Álvaro García Ortiz

El Tribunal Supremo (TS) ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, a dos años de inhabilitación y a pagar una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos. La sentencia afecta a Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien el Tribunal ordena indemnizar con 10.000 euros por daños morales.

Según la resolución del Supremo, García Ortíz vulneró la confidencialidad de información sensible relacionada con Alberto González Amador, un acto considerado grave por comprometer derechos fundamentales y la confianza en la administración pública.

Esta decisión del Tribunal Supremo marca un precedente significativo sobre la responsabilidad de altos cargos en el manejo de información confidencial, reforzando la protección jurídica frente a filtraciones o revelaciones indebidas.

 


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