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Detienen a un empresario alicantino por obligar a un empleado a trabajar 7 días a la semana por 150 euros

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Detienen a un empresario alicantino por obligar a un empleado a trabajar 7 días/semana por 150 euros

Alcoy (Alicante), 30 nov (EFE).- Un empresario de 43 años de una mercantil de Alcoy ha sido detenido por, supuestamente, explotar laboralmente a sus trabajadores, a uno de los cuales con jornadas de siete días a la semana en horario de mañana y tarde a cambio de un salario de 150 euros.

Según la Policía Nacional, el empresario arrestado es de nacionalidad marroquí, se dedicaba al reciclado de ropa y tenía a la víctima en condiciones de semi-esclavitud y con la promesa de un contrato laboral.

El trabajador que ha denunciado esta situación, que carece de documentación legal en España, ha manifestado a los agentes que pernoctaba en un colchón en el suelo de la nave de un polígono industrial alcoyano junto a los sacos de ropa y comía lo que le traía otra empleada, que se hallaba en una situación laboral similar.

Tenía orden de no abrir a nadie bajo ninguna circunstancia y avisar al empresario si detectaban cualquier movimiento extraño de vehículos que pudiera suponer la presencia de la policía o de la inspección de trabajo.

Una vez que huyó y abandonó la nave, la víctima fue amenazada por el empresario, que estaba en posesión de su pasaporte, y quien le dijo que mandaría esta documentación a Marruecos y que sufriría las consecuencias.

El día que se inspeccionó la nave se localizó en el interior a dos trabajadores escondidos, un hombre de 28 años y una mujer de 42, ambos marroquíes y también en situación irregular.

Éstos realizaban una labor de selección y corte del textil reciclado sin ninguna medida de seguridad, carecían de ventilación ni medios de protección y cobraban sueldos mínimos sin contrato ni seguro alguno.

Se trata del segundo detenido por un delito contra los derechos de los trabajadores y trata de seres humanos en menos de dos meses en la localidad de Alcoy.

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Intervienen en el Puerto de València más de 3.200 kilos de marihuana procedente de Canadá

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Intervienen en el Puerto de València más de 3.200 kilos de marihuana procedente de Canadá

Una operación conjunta de la Policía Nacional, Guardia Civil y la Agencia Tributaria, con apoyo de Europol, ha permitido intervenir en el Puerto de València un cargamento de 3.289 kilos de marihuana y otros seis kilos de hachís procedentes de Canadá, el mayor alijo detectado hasta la fecha en España con origen en este país norteamericano.

El valor estimado del material incautado supera los seis millones de euros en el mercado europeo. La intervención se realizó tras recibir información a través de la cooperación policial internacional que permitió detectar un contenedor en tránsito con una cantidad significativa de estupefacientes.

Operación y descubrimiento del alijo

El contenedor inspeccionado contenía marihuana y hachís mezclados con mercancía lícita. La Agencia Tributaria destacó que se trata de un alijo “especialmente relevante” por su cantidad, las variedades de marihuana detectadas y la presencia de hachís de alto valor, distinto al habitual.

El hallazgo confirma la existencia de nuevas rutas de tráfico de cannabinoides con destino a la Unión Europea, y pone de manifiesto la introducción de nuevas variantes de cannabis en el mercado comunitario.

Colaboración internacional y seguridad europea

La operación se enmarca dentro de la red ENFAST de la UE, que busca proteger a los ciudadanos del crimen organizado y reforzar la seguridad en el comercio internacional. La coordinación entre DG HOME, agencias europeas y fondos como los Fondos de Seguridad Interior (ISF) ha sido clave para identificar y paralizar el contenedor antes de que las sustancias llegaran al mercado ilícito.

La intervención también demuestra la eficacia de la cooperación aduanera y policial internacional, y resalta la importancia de la Estrategia de Seguridad de la UE frente a amenazas criminales y el tráfico de drogas.

Consecuencias legales

El alijo supone la comisión de delitos de contrabando y contra la salud pública, cuya instrucción está en manos de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de València. Gracias a esta intervención, se ha evitado la circulación de una gran cantidad de drogas en el territorio comunitario.

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