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Dos universitarios detenidos por vender marihuana a compañeros desde un piso del Marítim

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VALÈNCIA, 6 Dic. (EUROPA PRESS) –

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en València dos puntos de venta de drogas, en dos operaciones en las que han detenido a cinco personas. Según ha informado la Jefatura Superior en un comunicado, en uno de estos lugares, los ahora detenidos supuestamente lanzaban las dosis a su vendedor por la ventana para hacerlas llegar a los compradores mientras que el otro era un domicilio de dos estudiantes universitarios que principalmente suministraban marihuana a compañeros.

Los detenidos en estas operaciones son cuatro hombres y una mujer de 23 y 52 años, de origen italiano, ecuatoriano y español, a los que se les atribuye los delitos de tráfico de drogas. Los agentes han intervenido cocaína, dinero, una báscula de precisión y útiles para la preparación de dosis en los dos domicilios.

En la operación relacionada con los estudiantes, la Policía averiguó que desde un piso del Marítim, dos universitarios supuestamente se estarían dedicando a la venta al por menor de marihuana. Durante las investigaciones los policías averiguaron que existía un «tránsito continuo» de jóvenes, y posteriormente descubrieron que la mayoría eran compañeros de universidad de los vendedores.

Los jóvenes acudían al domicilio en el que permanecían un «corto espacio de tiempo», para salir con la sustancia estupefaciente.
Los investigadores realizaron un registro en el domicilio en el que intervinieron 564 gramos de, al parecer, marihuana, 275,5 euros y una báscula de precisión.

Tras las comprobaciones oportunas, detuvieron a dos jóvenes, de 23 y 24 años, como presuntos autores de un delito contra la salud pública. Los detenidos, sin antecedentes policiales, han pasado a disposición judicial.

En el otro caso, las investigaciones se iniciaron cuando los agentes descubrieron un punto de venta al menudeo en el distrito de Trànsits, en el que se estaría vendiendo varias sustancias estupefacientes desde un domicilio.

Al realizar las gestiones oportunas, los agentes averiguaron que desde el domicilio presuntamente se suministraba las dosis a un vendedor, que era el encargado de los contactos con los compradores, así como desde el domicilio donde vivía una pareja, en ocasiones lanzaban las dosis a su vendedor desde una ventana.

Los agentes realizaron una entrada y registro en el domicilio donde se incautaron de 2,79 gramos de, al parecer, cocaína, una báscula de precisión, 245 euros, útiles para la preparación de dosis y dos teléfonos móviles. Los policías, tras realizar diversas comprobaciones, los detuvieron como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas. Esa misma tarde detuvieron al vendedor en las inmediaciones de su domicilio.

De los detenidos, sin antecedentes policiales, uno pasó a disposición judicial, mientras que los otros quedaron en libertad tras ser advertidos de la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sean requeridos para ello.

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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