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Echávarri renuncia a su acta de concejal ante la Secretaria General del Pleno

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ALICANTE, 9 Abr. (EUROPA PRESS) –

El socialista Gabriel Echávarri –doblemente procesado por el ‘caso Comercio’ y por el despido de una trabajadora temporal del Ayuntamiento de Alicante– ha formalizado este lunes a las 09.37 horas su renuncia al acta de edil y, por tanto, a la Alcaldía de Alicante.

El ya ex primer edil no ha acudido al consistorio a entregar su renuncia, tal y como ya se precisó, y ha sido personal de su confianza quien ha hecho entrega del documento ante la Secretaría General del Pleno.

En el escrito, Echávarri recuerda que fue elegido alcalde el 13 de junio de 2015 y que hoy comunica «a los efectos oportunos» su renuncia al cargo de Alcalde-Presidente y al acta de concejal.

El hasta ahora alcalde de Alicante ha colgado un tuit en su cuenta de Twitter con una actuación de la banda U2 y el siguiente mensaje «It’s a beautiful day. Don’t let it get away» (Es un bonito día. No dejes que se escape).

Así las cosas, ahora se abre un plazo máximo de diez días para convocar un pleno extraordinario para dar conocimiento a la Corporación del hecho y, desde ese momento, se iniciará otro plazo de diez días más para convocar un nuevo pleno de investidura. Desde Alcaldía ya se ha subrayado que se pretende no apurar ninguno de los dos términos.

Asimismo, se reclamará a la Junta Electoral Central, en Madrid, que certifique que el edil que le sustituirá será el actual asesor de Fiestas, Miguel Castelló, que tomará posesión de su acta en un pleno extraordinario previo al de investidura del nuevo alcalde o alcaldesa.

El exalcalde deja su acta por su doble procesamiento por el despido de una trabajadora temporal del ayuntamiento, cuñada del portavoz del PP, Luis Barcala; y, por el supuesto fraccionamiento de contratos en la Concejalía de Comercio, de la que Echávarri tenía las competencias, por una campaña de promoción comercial de la ciudad en la Navidad de 2016.

DELEGACIÓN DE FUNCIONES
La salida de Echávarri se anunció el pasado viernes 23 de marzo, tras la reunión del Secretariado del PSPV en su sede en València. Allí, el todavía alcalde dijo que delegaba sus funciones en la vicealcaldesa y ‘número dos’ socialista, Eva Montesinos, hasta ayer domingo, 8 de abril.

Por ello, solicitó a las fuerzas políticas que pusieran en marcha una negociación para cerrar su sustitución con el objetivo de «desbloquear un problema político» y que «comience a correr el reloj de la responsabilidad del resto de fuerzas».

NEGOCIACIONES
Las negociaciones para investir a su número dos arrancaron el pasado jueves con sus exsocios de Compromís y Guanyar Alacant. Eva Montesinos y la dirección del PSPV seguirán, a partir del lunes, con los encuentros con los no adscritos y Ciudadanos.

Desde ahora se abre la posibilidad de alcanzar un acuerdo que incluya al partido ‘naranja’, ya que este ha rechazado hasta el momento sentarse a negociar su respaldo a Montesinos porque Echávarri no había formalizado su renuncia.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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