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El Ayuntamiento de Murcia diseña un plan específico de seguridad para los Carnavales 2019 y la Holi Life

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La concejal de Tráfico y Seguridad Ciudadana, Lola Sánchez, ha presidido este lunes la Junta Local de Seguridad a la que han asistido representantes de Policía Local, Bomberos, Protección Civil, Guardia Civil y Policía Nacional.

El objetivo ha sido estudiar el dispositivo especial de seguridad de la Holi Life para garantizar el normal desarrollo de la competición y la movilidad urbana del resto de los usuarios de las vías, y de los carnavales de Cabezo de Torres, Llano de Brujas y Beniaján, por ser estos los de mayor concentración de personas.

La principal novedad de la Holi Life, que se celebra el 23 de febrero en Cabezo de Torres, es que se celebrará el sábado por la tarde, en vez del domingo por la mañana como en anteriores ediciones.

Esto obligará a adaptar el dispositivo especial del evento que, según las previsiones, atraerá a más de 15.000 corredores. Esta Junta Local de Seguridad ha programado, junto a los organizadores de la carrera un dispositivo perfectamente coordinado entre los distintos Cuerpos de Seguridad.

Asimismo, intervendrán más de un centenar de efectivos entre agentes de Policía Local, Bomberos, voluntarios de Protección Civil, Cruz Roja, Policía Nacional y Guardia Civil.

Igualmente, se han estudiado las necesidades de los principales carnavales de pedanías donde prestarán servicio cerca de 200 agentes de Policía Local y 150 voluntarios de Protección Civil y en los desfiles de Cabezo de Torres, Llano de Brujas y Beniaján.

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Condena histórica al fiscal general: dos años de inhabilitación por revelación de secretos contra el novio de Ayuso

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Álvaro García Ortiz

El Tribunal Supremo (TS) ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, a dos años de inhabilitación y a pagar una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos. La sentencia afecta a Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien el Tribunal ordena indemnizar con 10.000 euros por daños morales.

Según la resolución del Supremo, García Ortíz vulneró la confidencialidad de información sensible relacionada con Alberto González Amador, un acto considerado grave por comprometer derechos fundamentales y la confianza en la administración pública.

Esta decisión del Tribunal Supremo marca un precedente significativo sobre la responsabilidad de altos cargos en el manejo de información confidencial, reforzando la protección jurídica frente a filtraciones o revelaciones indebidas.

 


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