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Valencia

El Ayuntamiento de Valencia dedicará calles a Miguel Ángel Blanco y a todas las víctimas del terrorismo

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El Pleno del Ayuntamiento de Valencia ha acordado hoy, con los votos favorables del equipo de gobierno municipal y la abstención de los grupos de la oposición (Partido Popular y Ciudadanos), que el Ayuntamiento continuará rechazando todas las formas de terrorismo y adoptando medidas de reconocimiento para sus víctimas. En este marco, prevé, conforme disponga de vías públicas pendientes de denominación, darles el nombre de Miguel Ángel Blanco, Josefina Corresa, Guillem Agulló, o Miquel Grau y situar en vías más visibles a otras víctimas como Ernest Lluch. Tomás y Valiente o Manuel Broseta.

Este acuerdo se ha adoptado tras debatir la propuesta presentada por la concejala del grupo municipal Ciudadanos Amparo Pico, quien, con motivo del XX aniversario del asesinato del Miguel Ángel Blanco, ha solicitado que se rotule “una vía pública con su nombre, en memoria del punto de inflexión en la lucha contra la violencia terrorista de ETA y del símbolo de unión que supuso para la sociedad que se movilizó con un Basta Ya”.

La portavoz del equipo de gobierno, Sandra Gómez, ha defendido “que ninguna víctima del terrorismo tiene que caer en el olvido, y que todas merecen un reconocimiento digno”. Del mismo modo, la concejala delegada de Cultura, Glòria Tello, ha explicado que el hecho de rotular una calle és un símbolo con el que el govern de la Nau quiere reconocer a las más de 800 víctimas de esta lacra social, sean civiles o políticos, de una ideología u otra, “porque esta cuestión queda al margen de los temas partidistas y no se puede reducir la huella del terrorismo”.

Así, con la moción final aprobada por el gobierno municipal, se insta a “continuar rechazando todas las formas de terrorismo, trabajando por los derechos humanos y siguiendo con las medidas de reparación a todas las víctimas y familiares”. Y en el plan de las medidas concretas, se prevé “conforme se vaya disponiendo de vías públicas pendientes de asignar denominación, dar el nombre de Miguel Ángel Blanco” a una de ellas. El mismo procedimiento servirá para asignar a varias vías los nombres de “Josefina Corresa, de Guillem Agulló, de Miquel Grau u otras víctimas de los terrorismos”, y “trasladar a vías más destacadas, los ya existentes nombres de calles en memoria a las víctimas Ernest Lluch, Tomás y Valiente o Manuel Broseta”.

La moción inicial de Ciudadanos, que finalmente no ha sido aprobada, solamente hablaba de “honrar y reconocer la figura de Miguel Ángel Blanco para honrar y reconocer a todas y cada una de las víctimas del terrorismo, porque, según ha defendido también el concejal del grupo Popular Eusebio Monzó, en otra moción que también ha sido rechazada, “es necesario dejar constancia de un suceso crucial en la historia reciente de España”.

 

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Valencia

Esta es la nueva normativa de apartamentos turísticos en Valencia: límites, polémica y claves del cambio

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Viviendas turísticas España
Dos turistas recorren con sus maletas el casco antiguo de la ciudad de València. EFE/Manuel Bruque/Archivo

El Ayuntamiento de València ha aprobado definitivamente la nueva normativa de apartamentos turísticos, una medida impulsada por el gobierno municipal con el apoyo de PP y Vox y el rechazo de Compromís y PSPV-PSOE.

La regulación modifica el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y busca poner límites al crecimiento del alojamiento turístico en la ciudad, en un contexto marcado por el aumento del precio de la vivienda y la presión vecinal.


🏛 Qué cambia con la nueva normativa

El nuevo marco urbanístico introduce restricciones al crecimiento de los apartamentos turísticos, con el objetivo de proteger el uso residencial de la vivienda. Según el equipo de gobierno, se trata de la normativa “más restrictiva de España” en este ámbito.

Entre las principales medidas destacan:

  • Implantación de “candados” urbanísticos que limitan el número de apartamentos por distrito, barrio o manzana.
  • Regulación del total de plazas turísticas, incluyendo apartamentos, hoteles y hostales.
  • Refuerzo de las inspecciones y aumento de las órdenes de cese contra alojamientos ilegales.
  • Coordinación con Policía y Agencia Tributaria para controlar la actividad irregular.

Desde el consistorio aseguran que el 98% de la vivienda queda protegida para uso residencial, dificultando la apertura de nuevos alojamientos turísticos.


Críticas de vecinos y oposición

La nueva normativa ha generado un intenso debate político y social. La Federació d’Associacions Veïnals de València considera que la regulación presenta “vacíos y excepciones” y no resuelve el principal problema: la existencia de miles de apartamentos turísticos ilegales.

Según denuncian, en la ciudad habría más de 9.000 viviendas turísticas fuera de la legalidad, una cifra que, a su juicio, no se aborda con medidas eficaces.

Por su parte, desde la oposición:

  • El PSPV-PSOE advierte que la norma no reducirá los apartamentos en zonas saturadas y permitirá su expansión en otros barrios.
  • Compromís acusa al gobierno local de favorecer la especulación y la subida de precios de la vivienda.

Ambos partidos coinciden en que la ciudad vive una situación de “tensión” en el mercado inmobiliario y reclaman medidas más restrictivas.


Debate sobre vivienda y turismo en València

El crecimiento del turismo en València ha sido uno de los factores clave en el encarecimiento del alquiler y la compra de vivienda en los últimos años.

Mientras el gobierno municipal defiende un modelo de turismo “de calidad” y compatible con la vida vecinal, la oposición insiste en que la nueva normativa puede agravar el problema si no se controla la oferta ilegal.


El Ayuntamiento defiende un “hito” urbanístico

La alcaldesa ha calificado la aprobación como un “hito” y ha asegurado que responde a un cambio de modelo de ciudad:

  • Priorizar el derecho a la vivienda.
  • Limitar el turismo masivo.
  • Garantizar la convivencia entre vecinos y visitantes.

Además, el gobierno local insiste en que la normativa está diseñada para ser sólida jurídicamente y evitar que pueda ser anulada en los tribunales.


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