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El Consell apela a la «responsabilidad individual» en el uso de la mascarilla y promueve el ‘póntela, pónsela’

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La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha insistido en que, «hasta que no haya vacuna, la mascarilla es nuestra vacuna contra la COVID-19», por lo que «podríamos poner de moda, nuevamente, el eslogan ‘póntela, pónsela'».

Así se ha manifestado la vicepresidenta durante la rueda de prensa tras el Pleno del Consell, en la que ha detallado los acuerdos aprobados por el Gobierno valenciano.

Preguntada por los periodistas por la obligatoriedad del uso de las mascarillas, Oltra ha apelado, en nombre del Consell, «a la responsabilidad individual» y ha recordado que su empleo «está ya impuesto en todo el territorio nacional cuando no se puede mantener la distancia de seguridad y, sobre todo, en espacios cerrados».

La vicepresidenta, que ha comparecido durante toda la rueda de prensa con mascarilla, ha hecho hincapié en que «no es lo más cómodo del mundo, pero entendemos que, hasta que no haya una vacuna contra la COVID-19, la mascarilla, la distancia social y la higiene de manos son nuestra vacuna y la prevención que podemos hacer».

A este respecto, Oltra ha insistido en que «llevar la mascarilla depende únicamente de las personas. En este momento es lo único que tenemos para protegernos y proteger a la gente que queremos», por lo que «podríamos poner de moda, nuevamente, un eslogan, que sería ‘póntela, pónsela'»

En este sentido, la vicepresidenta ha recalcado que, aunque «la normativa irá cambiando también en función de la evolución de la pandemia», «utilizar la mascarilla permanentemente es la mejor defensa que tenemos en este momento de nuestra salud y de la gente que nos rodea».

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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