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El dueño de la finca replica a los padres de Julen que piden 3 años y medio de cárcel

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Los padres de Julen, el niño de dos años que murió el pasado mes de enero tras caer a un pozo en Totalán (Málaga) han solicitado tres años y medio de prisión para David Serrano, tío del menor y dueño de la finca donde estaba ubicado el pozo por el que se precipitó el pequeño.

La abogada del matrimonio Roselló García ha presentado un escrito en el que describen que Serrano es autor de homicidio por imprudencia grave. La misma consideración hacia el procesado que mantiene la Fiscalía de Málaga solicitando por ello tres años de prisión.

Dicho escrito especifica la “falta total de respeto por las normas de seguridad” del acusado “e incluso a la lógica elemental de advertir de la presencia de un peligro real y oculto a simple vista lo que ha desencadenado el fatal desenlace”. La representante legal destaca la existencia de “multitud de infracciones normativas” como no haber avisado de la existencia del pozo a las personas que le acompañaron a hacer una paella el pasado 13 de enero. Algo que considera “una grave conducta omisiva negligente en el acusado, infringiéndose normas de mínimo cuidado con la creación de un previsible riesgo que se hubiera evitado adoptándose las mínimas medidas de seguridad previstas por la normativa”, según recoge Europa Press.

Tras presentar este escrito la reacción de David Serrano no se ha hecho esperar. Ha sido a través del programa ‘Espejo Público’ de Antena 3 al que ha remitido un comunicado en el que asegura que él sí que avisó que había un pozo, tal como admitió el padre de Julen durante la instrucción.

Serrano atribuye a la nueva abogada de la acusación que los padres del niño «hayan maquillado» su declaración, pareciendo querer «venganza y no justicia».

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Ribó imputado por supuesta construcción ilegal de piscina en Alboraia

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Joan Ribó imputado

VALÈNCIA. La presunta edificación irregular de una piscina municipal promovida por el Ayuntamiento de Alboraia en terrenos pertenecientes a València está generando controversia legal. Esta situación no solo afecta al consistorio de l’Horta Nord, sino también a la capital del Turia, ya que su exalcalde, Joan Ribó, ha sido citado a declarar como investigado en el proceso judicial.

El Juzgado de Instrucción Nº 19 de València ha admitido la solicitud de comparecencia formulada por la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho, que ejerce la acusación popular y está presidida por la exalcaldesa de Catarroja, María Ángeles López. Según el auto judicial al que ha accedido Valencia Plaza, Ribó deberá comparecer el próximo 22 de julio.

La mencionada asociación, representada por el abogado Víctor Soriano, sostiene que existía conocimiento previo por parte de Joan Ribó y la exconcejala de Urbanismo, Sandra Gómez, sobre la construcción de la piscina, dado que su emplazamiento fue ampliamente difundido en medios de comunicación.

 

Sin embargo, afirman que no se tomaron medidas administrativas para legalizar la situación o iniciar procedimientos sancionadores.

Tanto el Ayuntamiento de València como el de Alboraia están bajo investigación por esta supuesta irregularidad urbanística. Desde 2022, el consistorio de Alboraia impulsó la construcción de la piscina en terrenos propios ubicados dentro del término municipal de València.

Según las declaraciones recopiladas en la instrucción judicial, estos terrenos se encontrarían en un proceso de segregación para ser incorporados al municipio de Alboraia.

Plan General de Alboraia

El Plan General de Alboraia los clasifica como suelo urbano, mientras que el de València los considera suelo protegido no urbanizable.

El complejo acuático en cuestión es una piscina municipal al aire libre, cuyo coste ascendió a 1,2 millones de euros, financiado parcialmente con una subvención de la Diputación de València. Su ubicación colinda con el campo de fútbol del Alboraya UD, pero según la investigación, fue construido en terrenos no urbanizables catalogados como huerta protegida.

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