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El Gobierno aprueba una nueva moratoria hipotecaria y de consumo de 9 meses

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El Gobierno baja impuestos a las rentas bajas y se los sube a ricos y grandes empresas
EFE/ Ballesteros

Madrid, 2 feb (EFE).- El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una nueva moratoria que libere a las familias más afectadas por la pandemia del pago durante nueve meses de una hipoteca o de un crédito de consumo, una medida de alivio que se podrá solicitar hasta el 30 de marzo.

Además, podrán acogerse a estas moratorias las empresas del sector turismo y transporte que más han sufrido durante la crisis del coronavirus, ha explicado la ministra portavoz, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La medida beneficiará «fundamentalmente» a hogares y trabajadores vulnerables, así como a empresas del turismo o transporte con una reducción de la facturación del 40 % durante la pandemia, ha añadido.

Se trata de que las personas «en situación vulnerable» o los colectivos «más afectados» por la pandemia puedan tener suficientes instrumentos para atender a sus obligaciones de pago y evitar dificultades para preservar su actividad.

Las moratorias hipotecarias podrán solicitarse para el préstamo con el que se compró la vivienda habitual o un local en el que el autónomo desarrolla su actividad, así como en viviendas que están en alquiler y el propietario, con una hipoteca, ha dejado de percibir la renta del inquilino debido al estado de alarma.

Igualmente, cualquier persona considerada «vulnerable» con un crédito al consumo o cualquier tipo de financiación con cuota podrá acogerse a las moratorias para préstamos no hipotecarios.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Económicos, añade que las empresas del sector del turismo podrán solicitar moratorias para los créditos sobre hoteles, alojamientos turísticos o locales de agencias de viajes, y las del transporte para las cuotas de sus préstamos, leasing o renting de vehículos.

Quienes hayan accedido a moratorias anteriores podrán solicitar una nueva, hasta agotar una duración máxima de nueve meses.

CONSUMIDOR VULNERABLE

Se considera vulnerable un consumidor en paro, autónomos con una caída de sus ventas de al menos el 40 %, así como familias cuyos ingresos no superen al mes 3 veces el IPREM -el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples- lo que equivale a 1.613,53 euros.

También entran en esta categorías las familias a las que el pago de las hipotecas y de los gastos básicos se les vaya más del 35 % de sus ingresos, así como cuando la carga hipotecaria, respecto a los ingresos, se ha multiplicado al menos por 1,3.

Para la ministra portavoz, las nuevas moratorias van a permitir aliviar la situación familiar de hogares y de parte del tejido productivo que «está sufriendo» y «pasándolo mal».

El Gobierno ha aprobado las nuevas moratorias tras las directrices aprobadas por la Autoridad Bancaria Europea (EBA) que permiten la ampliación del plazo de solicitud.

MORATORIAS EN 2020

Hasta el 31 de diciembre, la banca había concedido 1,38 millones de moratorias, incluyendo tanto las que provienen de las normas aprobadas por el Gobierno como las aplicadas por el sector financiero, que suman 794.386.

Las moratorias legales han permitido aplazar el pago de 220.000 hipotecas de particulares, 1.362 hipotecas de autónomos y empresas del sector del turismo, 363.176 préstamos de consumo y 1.661 contratos de leasing y factoring a empresas del transporte.

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Esta es la indemnización que cobrarán los familiares de los fallecidos en Adamuz y Gelida

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Las indemnizaciones alcanzarán los 210.000 euros por fallecido y se abonarán en un plazo máximo de tres meses

El Gobierno ha aprobado un paquete de ayudas de 20 millones de euros destinado a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), en los que murieron 46 personas y otras 164 resultaron heridas. El nuevo mecanismo permitirá que los familiares de cada persona fallecida reciban hasta 210.000 euros en concepto de indemnización.

La medida ha sido anunciada este martes por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, tras el Consejo de Ministros, donde se ha dado luz verde a un real decreto-ley de medidas urgentes para garantizar una respuesta rápida y eficaz a las víctimas.


Cómo se repartirán los 20 millones de euros en ayudas

Del total aprobado, 10 millones de euros se destinarán a ayudas directas y los otros 10 millones a anticipos de los seguros obligatorios. En el caso de fallecimiento, cada familia recibirá inicialmente 144.000 euros, libres de impuestos, repartidos del siguiente modo:

  • 72.000 euros en ayudas directas del Estado

  • 72.000 euros como anticipo del seguro

Una vez que las aseguradoras determinen oficialmente los daños personales, se abonará una cantidad adicional equivalente, lo que elevará la indemnización total hasta los 210.000 euros por víctima mortal, todo ello en un plazo máximo de tres meses.


Ayudas para heridos según la gravedad de las lesiones

En el caso de las personas heridas, las ayudas se calcularán conforme al baremo vigente, en función de la gravedad de las lesiones. Las cuantías oscilan entre:

  • 2.400 euros para lesiones leves

  • Más de 84.000 euros en los casos de máxima gravedad

Estas cantidades se duplicarán al sumarse el anticipo del seguro obligatorio, garantizando así un apoyo económico inmediato a los afectados.


El Ejecutivo quiere evitar retrasos como en el accidente de Angrois

Óscar Puente ha subrayado que el objetivo del Gobierno es evitar que las víctimas tengan que esperar años para cobrar las indemnizaciones, como ocurrió tras el accidente de Angrois.

“No vamos a consentir que haya víctimas que estén diez años esperando una compensación. Hemos aprendido de lo ocurrido y por eso aprobamos este mecanismo”, ha afirmado el ministro.


Hacia un sistema permanente de compensación anticipada

Además de las ayudas actuales, el Gobierno iniciará cambios normativos para crear un mecanismo estructural de intervención pública que permita al Estado adelantar parte de las indemnizaciones en accidentes de transporte colectivo, sin esperar a que se resuelva la responsabilidad civil.

Este sistema garantizará una atención rápida y homogénea a las víctimas, independientemente de la complejidad judicial de cada caso.


Oficinas de atención y apoyo directo a las víctimas

El Ejecutivo también ha puesto en marcha líneas de atención integral a las víctimas. A partir de este miércoles se abrirán oficinas específicas en:

  • Huelva, para atender a los afectados del accidente de Adamuz

  • Barcelona, para las víctimas del siniestro en Gelida y Rodalies

Además, se activará el servicio ‘Administración Cerca de Ti’, mediante el cual profesionales de las delegaciones del Gobierno podrán desplazarse a los domicilios para ayudar en la tramitación de las ayudas.

 

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