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El Gobierno aprueba una nueva moratoria hipotecaria y de consumo de 9 meses

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El Gobierno baja impuestos a las rentas bajas y se los sube a ricos y grandes empresas
EFE/ Ballesteros

Madrid, 2 feb (EFE).- El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una nueva moratoria que libere a las familias más afectadas por la pandemia del pago durante nueve meses de una hipoteca o de un crédito de consumo, una medida de alivio que se podrá solicitar hasta el 30 de marzo.

Además, podrán acogerse a estas moratorias las empresas del sector turismo y transporte que más han sufrido durante la crisis del coronavirus, ha explicado la ministra portavoz, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La medida beneficiará «fundamentalmente» a hogares y trabajadores vulnerables, así como a empresas del turismo o transporte con una reducción de la facturación del 40 % durante la pandemia, ha añadido.

Se trata de que las personas «en situación vulnerable» o los colectivos «más afectados» por la pandemia puedan tener suficientes instrumentos para atender a sus obligaciones de pago y evitar dificultades para preservar su actividad.

Las moratorias hipotecarias podrán solicitarse para el préstamo con el que se compró la vivienda habitual o un local en el que el autónomo desarrolla su actividad, así como en viviendas que están en alquiler y el propietario, con una hipoteca, ha dejado de percibir la renta del inquilino debido al estado de alarma.

Igualmente, cualquier persona considerada «vulnerable» con un crédito al consumo o cualquier tipo de financiación con cuota podrá acogerse a las moratorias para préstamos no hipotecarios.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Económicos, añade que las empresas del sector del turismo podrán solicitar moratorias para los créditos sobre hoteles, alojamientos turísticos o locales de agencias de viajes, y las del transporte para las cuotas de sus préstamos, leasing o renting de vehículos.

Quienes hayan accedido a moratorias anteriores podrán solicitar una nueva, hasta agotar una duración máxima de nueve meses.

CONSUMIDOR VULNERABLE

Se considera vulnerable un consumidor en paro, autónomos con una caída de sus ventas de al menos el 40 %, así como familias cuyos ingresos no superen al mes 3 veces el IPREM -el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples- lo que equivale a 1.613,53 euros.

También entran en esta categorías las familias a las que el pago de las hipotecas y de los gastos básicos se les vaya más del 35 % de sus ingresos, así como cuando la carga hipotecaria, respecto a los ingresos, se ha multiplicado al menos por 1,3.

Para la ministra portavoz, las nuevas moratorias van a permitir aliviar la situación familiar de hogares y de parte del tejido productivo que «está sufriendo» y «pasándolo mal».

El Gobierno ha aprobado las nuevas moratorias tras las directrices aprobadas por la Autoridad Bancaria Europea (EBA) que permiten la ampliación del plazo de solicitud.

MORATORIAS EN 2020

Hasta el 31 de diciembre, la banca había concedido 1,38 millones de moratorias, incluyendo tanto las que provienen de las normas aprobadas por el Gobierno como las aplicadas por el sector financiero, que suman 794.386.

Las moratorias legales han permitido aplazar el pago de 220.000 hipotecas de particulares, 1.362 hipotecas de autónomos y empresas del sector del turismo, 363.176 préstamos de consumo y 1.661 contratos de leasing y factoring a empresas del transporte.

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Antonio Pelayo, histórico corresponsal de Antena 3 en Roma, será juzgado por presunta agresión sexual

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Antonio Pelayo-
Antonio Pelayo-ATRESMEDIA

La Fiscalía de Roma pide juzgar a Antonio Pelayo por presunta violencia sexual

La Fiscalía de Roma ha solicitado la apertura de juicio contra el sacerdote y periodista español Antonio Pelayo, corresponsal en la capital italiana desde hace décadas, por un presunto delito de violencia sexual denunciado por un joven productor de televisión. La información ha sido adelantada por El Mundo, medio que ha tenido acceso tanto a la denuncia, como al escrito de acusación del Ministerio Público y a mensajes intercambiados entre denunciante y acusado.

Según el reportaje, el Tribunal Penal de Roma ha fijado la primera audiencia para el 14 de mayo de 2026, fecha en la que Pelayo deberá comparecer como acusado. El periodista declinó hacer declaraciones al medio por recomendación de su abogado.

Qué investiga la justicia italiana

De acuerdo con el escrito de la Fiscalía incorporado a la causa, los hechos investigados se habrían producido en mayo de 2025, durante un encuentro de carácter profesional en el domicilio de Antonio Pelayo en Roma. El Ministerio Público sostiene que el acusado habría realizado actos sexuales sin consentimiento, que encuadra jurídicamente en el artículo 609-bis del Código Penal italiano, relativo al delito de violencia sexual.

La acusación describe dos episodios. En el primero, Pelayo se habría acercado de forma repentina al denunciante mientras ambos estaban sentados en un sofá, sujetándolo por el hombro, besándolo entre el cuello y el hombro e introduciendo la mano bajo su camiseta, tocándole diversas partes del torso e impidiendo su reacción.

El segundo episodio, siempre según la Fiscalía, habría tenido lugar en la cocina, donde el acusado habría abrazado al denunciante por delante e introducido ambas manos bajo su pantalón, tocándole repetidamente el trasero.

Cronología de los hechos y de la denuncia

El reportaje de El Mundo reconstruye una cronología detallada del caso:

  • Finales de febrero de 2025: el productor contacta con Pelayo en el contexto de trabajos informativos previos a un posible cónclave.

  • 7 y 8 de mayo de 2025: se celebra el cónclave al que alude el reportaje.

  • Viernes 23 de mayo de 2025: fecha en la que el denunciante sitúa el episodio en el domicilio del periodista.

  • 24, 25 y 26 de mayo de 2025: intercambio de mensajes en los que Pelayo pide disculpas de forma reiterada.

  • 28 de mayo de 2025: el denunciante presenta la denuncia ante una comisaría del centro de Roma.

Tras la denuncia, los Carabinieri abrieron una investigación y Pelayo prestó declaración en sede judicial. Su defensa solicitó el archivo de la causa, petición que fue rechazada.

Situación procesal actual

Según el reportaje, la Fiscalía de Roma solicitó formalmente el enjuiciamiento el 6 de noviembre, tras analizar las pruebas recabadas durante la investigación. El Tribunal Penal de Roma notificó posteriormente a las partes la fecha de la primera vista, prevista para mayo de 2026.

La investigación ha sido coordinada por Ilaria Corda y Giuseppe Cascini, fiscales especializados en delitos sexuales, junto con los Carabinieri. La acusación particular está representada por los abogados Massimiliano Lecce y Federico Olivo.

Reacciones recogidas

El denunciante realiza una única declaración pública en el reportaje, sin entrar en detalles: “Para mí, todas las personas que conocen los hechos son cómplices”, y denuncia un supuesto clima de silencio en torno al caso. Tras los hechos, acudió a una psicóloga el mismo día en que presentó la denuncia y recibió el respaldo de su empresa. A finales de 2025, la cadena internacional para la que trabaja lo destinó fuera de Italia.

En cuanto a Antonio Pelayo, el reportaje señala que rechazó hacer declaraciones públicas, siguiendo el consejo de su abogado. También se reproducen mensajes atribuidos al periodista en los que expresa arrepentimiento y vergüenza por lo ocurrido, siempre según el texto publicado.

Perfil de Antonio Pelayo

Antonio Pelayo Bombín nació en Valladolid en enero de 1944. Ingresó en el seminario a los 11 años, se formó con los jesuitas en Comillas y se ordenó sacerdote tras cursar Filosofía y Teología.

En el ámbito periodístico, inició su carrera en el diario Ya y en publicaciones culturales antes de trasladarse a París en 1976 como corresponsal. Desde 1986 reside en Roma, donde ha cubierto la información del Vaticano y la vida italiana durante más de cuatro décadas. Ha informado sobre cinco cónclaves y es corresponsal de Antena 3, siendo considerado uno de los vaticanistas más veteranos.

El reportaje añade que desde 2005 ha sido asesor voluntario —no remunerado— de la Embajada de España ante la Santa Sede, aunque fuentes del Ministerio de Exteriores señalan que actualmente no ejerce dicha función mientras se sigue la evolución del caso judicial.

 

 

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