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El Gobierno aprueba una nueva moratoria hipotecaria y de consumo de 9 meses

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El Gobierno baja impuestos a las rentas bajas y se los sube a ricos y grandes empresas
EFE/ Ballesteros

Madrid, 2 feb (EFE).- El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una nueva moratoria que libere a las familias más afectadas por la pandemia del pago durante nueve meses de una hipoteca o de un crédito de consumo, una medida de alivio que se podrá solicitar hasta el 30 de marzo.

Además, podrán acogerse a estas moratorias las empresas del sector turismo y transporte que más han sufrido durante la crisis del coronavirus, ha explicado la ministra portavoz, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La medida beneficiará «fundamentalmente» a hogares y trabajadores vulnerables, así como a empresas del turismo o transporte con una reducción de la facturación del 40 % durante la pandemia, ha añadido.

Se trata de que las personas «en situación vulnerable» o los colectivos «más afectados» por la pandemia puedan tener suficientes instrumentos para atender a sus obligaciones de pago y evitar dificultades para preservar su actividad.

Las moratorias hipotecarias podrán solicitarse para el préstamo con el que se compró la vivienda habitual o un local en el que el autónomo desarrolla su actividad, así como en viviendas que están en alquiler y el propietario, con una hipoteca, ha dejado de percibir la renta del inquilino debido al estado de alarma.

Igualmente, cualquier persona considerada «vulnerable» con un crédito al consumo o cualquier tipo de financiación con cuota podrá acogerse a las moratorias para préstamos no hipotecarios.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Económicos, añade que las empresas del sector del turismo podrán solicitar moratorias para los créditos sobre hoteles, alojamientos turísticos o locales de agencias de viajes, y las del transporte para las cuotas de sus préstamos, leasing o renting de vehículos.

Quienes hayan accedido a moratorias anteriores podrán solicitar una nueva, hasta agotar una duración máxima de nueve meses.

CONSUMIDOR VULNERABLE

Se considera vulnerable un consumidor en paro, autónomos con una caída de sus ventas de al menos el 40 %, así como familias cuyos ingresos no superen al mes 3 veces el IPREM -el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples- lo que equivale a 1.613,53 euros.

También entran en esta categorías las familias a las que el pago de las hipotecas y de los gastos básicos se les vaya más del 35 % de sus ingresos, así como cuando la carga hipotecaria, respecto a los ingresos, se ha multiplicado al menos por 1,3.

Para la ministra portavoz, las nuevas moratorias van a permitir aliviar la situación familiar de hogares y de parte del tejido productivo que «está sufriendo» y «pasándolo mal».

El Gobierno ha aprobado las nuevas moratorias tras las directrices aprobadas por la Autoridad Bancaria Europea (EBA) que permiten la ampliación del plazo de solicitud.

MORATORIAS EN 2020

Hasta el 31 de diciembre, la banca había concedido 1,38 millones de moratorias, incluyendo tanto las que provienen de las normas aprobadas por el Gobierno como las aplicadas por el sector financiero, que suman 794.386.

Las moratorias legales han permitido aplazar el pago de 220.000 hipotecas de particulares, 1.362 hipotecas de autónomos y empresas del sector del turismo, 363.176 préstamos de consumo y 1.661 contratos de leasing y factoring a empresas del transporte.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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