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El Gobierno no recortará el agua del Tajo al Segura

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El Gobierno baja impuestos a las rentas bajas y se los sube a ricos y grandes empresas
EFE

Madrid, 25 may (EFE/OP).- La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha manifestado este martes que las reglas del trasvase Tajo-Segura no van a cambiar y que el Ejecutivo no pretende «recortar» el agua que llega al sureste español mediante ese canal de suministro

Montero ha reaccionado así, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a preguntas sobre la manifestación, esta semana en Madrid, de regantes y de agricultores de Almería, Alicante y Murcia, apoyados por sus gobiernos autonómicos, para exigir que no se reduzca la llegada de agua a sus tierras procedente del Tajo.

«El trasvase no está en cuestión, en absoluto. Lo hemos querido dejar claro, es una infraestructura crítica que sirve para el abastecimiento de tres millones de personas» e importante para zonas como Murcia, Castilla-La Mancha o Alicante, ha añadido.

La portavoz ha recalcado que se trata de una infraestructura hídrica que la mitad del tiempo está en situación «excepcional» con falta de caudal, por los efectos aparejados al cambio climático.

En ese sentido, ha señalado que la modificación de la normativa, prevista en un real decreto del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), solo pretende dar «más estabilidad» a la transferencia de agua y una situación beneficiosa para la cuenca cedente y la que la recibe.

«El real decreto no va a recortar la cantidad de agua que llega al Levante español (…), no se van a cambiar las reglas de ese trasvase», ha subrayado Montero.

Según ha afirmado, el Gobierno pretende un marco de «diálogo» que permita garantizar el funcionamiento de una infraestructura sometida a «condiciones excepcionales».

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El fiscal general Álvaro García Ortiz presenta su renuncia tras ser condenado: “Es el momento de abandonar”

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Álvaro García Ortiz

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado su renuncia al Gobierno después de que el Tribunal Supremo lo condenara el pasado 20 de noviembre a dos años de inhabilitación, por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

En su comunicación de renuncia, García Ortiz ha afirmado que “es el momento de abandonar”, asumiendo las consecuencias de la sentencia y tratando de poner punto final a la crisis institucional generada por el caso.

La condena del Supremo ha sacudido el panorama político, con duras reacciones de Ayuso, que calificó la sentencia como “hechos propios de una dictadura”. También ha reabierto el debate sobre la independencia del Ministerio Público y la relación entre cargos institucionales y el poder ejecutivo.

Con su marcha, se abre una nueva etapa en el Ministerio Público y se intensifica la presión para reformar mecanismos de control y garantizar una fiscalía verdaderamente independiente.


Condena histórica al fiscal general: dos años de inhabilitación por revelación de secretos contra el novio de Ayuso

El Tribunal Supremo (TS) ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, a dos años de inhabilitación y a pagar una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos. La sentencia afecta a Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien el Tribunal ordena indemnizar con 10.000 euros por daños morales.

Según la resolución del Supremo, García Ortíz vulneró la confidencialidad de información sensible relacionada con Alberto González Amador, un acto considerado grave por comprometer derechos fundamentales y la confianza en la administración pública.

Esta decisión del Tribunal Supremo marca un precedente significativo sobre la responsabilidad de altos cargos en el manejo de información confidencial, reforzando la protección jurídica frente a filtraciones o revelaciones indebidas.

 


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