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El Gobierno se prepara para declarar el estado de alarma

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El Gobierno ya está trabajando en el decreto que permitiría declarar el estado de alarma en los próximos días y no descarta que el Consejo de Ministros pueda reunirse y aprobarlo este mismo fin de semana. Así lo han confirmado fuentes de Moncloa a RTVE, después de que varias comunidades autónomas hayan solicitado al Ejecutivo que opte por ese instrumento jurídico para frenar la segunda ola de COVID-19 en todo el país.

Los presidentes de País Vasco, Melilla, Extremadura, La Rioja, Asturias, Cataluña, Navarra ya han solicitado al Gobierno central decretar el estado de alarma para poder adoptar en sus territorios nuevas medidas que restrinjan la movilidad de los ciudadanos, como la del toque de queda nocturno, mientras que Castilla-La Mancha y Cantabria lo harán formalmente este sábado. Además, algunos Gobiernos regionales han extendido su petición, instando al presidente Pedro Sánchez a declarar el estado de alarma en el resto de España.

Es el Consejo de Ministros el que, según la Constitución, debe aprobarlo y no necesita el visto bueno del Congreso, salvo que tenga que pedir una prórroga para aplicarlo más allá de los 15 días iniciales.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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