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El Ibuprofeno y el Paracetamol no se podrán comprar sin receta

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flucloxacilina y paracetamol

VALÈNCIA, 31 May.-  La venta de Ibuprofeno de 600 mg y del Paracetamol de un gramo vulnera la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos de 2015. Por ello, que desde el sector facmaceutico se demanda regular esta práctica, prohibiendo la venta de estos medicamentos sin receta médica.

La normativa en vigencia especifica que los profesionales «dispensarán con receta aquellos medicamentos que la requieran». No obstante, era un factor pasado por alto en la venta en farmacia. Pero el Sistema Español de Verificación del Medicamento (SEVEM), que ha entrado en vigor este mes de febrero, se termina esta práctica.

A partir de ahora, los enases de estos medicamentos deberán incluir una pegatina y un código QR que facilitará el seguimiento y control de estos medicamentos. Por lo tanto, será más fácil detectar si una entidad vende algunos de estos productos sin receta médica. El incumplimiento de estas medidas conlleva sanciones considerables.

Estas restricciones afectan tanto al Ibuprofeno de 600 y al Paracetamol de un gramo, como al Omeoprazol y otros jarabes antihistamínicos muy consumidos en España. Por otro lado, el Ibuprofeno de 400 miligramos y el Paracetamol de 650/500 quedan excluidos de esta normativa.

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Condena histórica al fiscal general: dos años de inhabilitación por revelación de secretos contra el novio de Ayuso

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Álvaro García Ortiz

El Tribunal Supremo (TS) ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, a dos años de inhabilitación y a pagar una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos. La sentencia afecta a Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien el Tribunal ordena indemnizar con 10.000 euros por daños morales.

Según la resolución del Supremo, García Ortíz vulneró la confidencialidad de información sensible relacionada con Alberto González Amador, un acto considerado grave por comprometer derechos fundamentales y la confianza en la administración pública.

Esta decisión del Tribunal Supremo marca un precedente significativo sobre la responsabilidad de altos cargos en el manejo de información confidencial, reforzando la protección jurídica frente a filtraciones o revelaciones indebidas.

 


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