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El INE rastrea desde este lunes los móviles de todos los españoles

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Valencia, 18 nov. – El Instituto Nacional de Estadística (INE) sigue la pista de los teléfonos móviles de los españoles desde este lunes hasta el próximo jueves, 21 de noviembre, gracias al acuerdo que alcanzó con Vodafone, Movistar y Orange con el objetivo de obtener información sobre la movilidad de los ciudadanos.

Los datos telefónicos que facilitarán las operadoras al INE serán completamente anónimos y el seguimiento se realizará en total ocho días: los cuatro que van desde este lunes 18 hasta el jueves (todos ellos días laborables); el 24 de noviembre (domingo); 25 de diciembre (festivo); 20 de julio, y 15 de agosto.

De esta forma, se podrá obtener información sobre la movilidad de los españoles en días de trabajo, en domingo, en algunos momentos del verano y en un festivo tan destacado como el Día de Navidad, cuando muchas familias se reúnen para celebrar esta fiesta.

Los datos que proporcionarán las operadoras no son de ubicación, es decir, no consistirán en dar la posición de los telefónos móviles, sino en el recuento de terminales que haya en un lugar a una hora determinada. De este modo, no se entra en colisión con la Ley de Protección de Datos.

Con la información obtenida se podrá, por ejemplo, saber dónde se desplaza la población para trabajar o a qué partes de España viaja cuando se coge vacaciones, lo que a su vez proporciona información sobre los transportes y servicios públicos que podrían mejorarse.

INFORMACIÓN ANÓNIMA
Por ello, Estadística dejó claro en su momento que «los operadores no facilitarán datos individuales sobre números de teléfono, ni sobre los titulares de las líneas, por lo que en ningún caso el INE podrá rastrear la posición de ningún terminal».

El INE ha recalcado que se trata de una estadística sometida, como todas las que elabora, a la Ley de la Función Estadística Pública, que garantiza el secreto estadístico y que cumple con todos los requerimientos de la Ley de Protección de Datos.

Movistar, Orange y Vodafone aseguraron a finales de octubre que los datos que transmitirán al INE para su proyecto sobre la movilidad de los españoles respetan toda la normativa en materia de privacidad de datos y se envían tras un proceso de anonimización y agregación que hacen imposible la identificación de los usuarios y la transmisión de datos personales.

La anonimización de los datos con fines estadísticos o de investigación es un tratamiento lícito amparado por el marco jurídico vigente, tanto en materia de protección de datos como de servicios de telecomunicaciones.

Fuente: Europapress

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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