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El juicio por la presunta caja ‘b’ del PP de Camps encara este martes su recta final

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Álvaro Pérez Alonso ‘El Bigotes’, Pablo Crespo y Francisco Correa
POOL – Archivo
MADRID/VALÈNCIA, 6 May. (EUROPA PRESS) –

El juicio por la presunta financiación irregular del PP de la Comunitat Valenciana liderado entonces por Francisco Camps en las campañas de las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y las generales de 2008, cuya organización se contrató a la trama Gürtel, encara su recta final este martes con los informes finales de la Fiscalía, la Abogacía del Estado, las acusaciones y de las defensas de los 19 acusados.

La vista oral que dirige el titular del Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional, José María Vázquez Honrubia, comenzó el pasado 15 de enero y quedará visto para sentencia después de que los acusados que lo consideren oportuno manifiesten su último alegato.

Entre los acusados se encuentran el cabecilla de la ‘Gürtel’, el empresario Francisco Correa; el exsecretario de Organización del PP de Galicia y ‘número dos’ de la trama, Pablo Crespo y el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez ‘El Bigotes’, quienes ya están en prisión cumpliendo condena por amañar los contratos públicos del expositor institucional de la Comunitat Valenciana en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en las ediciones entre 2005 y 2009 y a la espera de conocer la sentencia por la primera época de actividades de la trama.

En el banquillo de los acusados también se han sentado la excúpula de la formación política regional como el exvicepresidente de la Comunitat Valenciana Vicente Rambla; el exsecretario general de los ‘populares’ valencianos Ricardo Costa; y el exdiputado autonómico David Serra.

RECONOCIMIENTOS DE LOS HECHOS DELICTIVOS
Un juicio en el que la mayoría de los acusados han reconocido los hechos de acusación y confesaron que el PP valenciano pagó a Orange Market parte de los eventos y campañas electorales con dinero en negro. Así mismo lo dijeron nueve empresarios que afirmaron que sufragaron las facturas falsas que la empresa de Correa les remitió en relación a estos actos.

El líder de la trama Gürtel, con su intención manifiesta de colaborar con la Justicia en busca de una rebaja de su condena, reveló que la formación política regional, y precisamente Costa, les indicaba a quiénes tenían que facturar los actos que realizaron si «querían cobrar». Más allá fueron Crespo y ‘El Bigotes’ que advirtieron durante sus declaraciones de que el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps era la persona que dio la orden a su mano derecha en el gobierno autonómico para que la trama facturase a terceros.

Una afirmación que fue corroborada después por el propio Ricardo Costa que además apuntó que comunicó de las decisiones de Camps a la dirección nacional del PP y que al reunirse con el extesorero Luis Bárcenas, éste le recordó que estas prácticas están prohibidas en el partido.

Por estas confesiones es previsible que los fiscales Anticorrupción Myriam Segura y Carlos Alba atienda a una rebaja de su petición de pena incial. Algo similar ocurrió en el juicio que celebró la Audiencia Nacional por los primeros años de la trama Gürtel, donde sus compañeras Concepción Sabadell y Concepción Nicolás mantuvieron su solicitud de años de cárcel para Correa pero pidieron al tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal que estudiase la posibilidad de imponer una condena menor por sus «revelaciones».

DESPUÉS DEL JUICIO SE VALORARÁ LA SITUACIÓN DE CAMPS
En cuanto a Camps, la Fiscalía Anticorrupción informó de que espera a que concluya la vista oral para decidir si investiga al expresidente valenciano, una vez que valore la prueba practicada y la trascendencia de las declaraciones vertidas por los acusados. El ex líder de los ‘populares’ valencianos negó todas estas acusaciones cuando compareció como testigo en este juicio.

Mientras tanto, la Fiscalía Anticorrupción solicita para Correa y Crespo 22 años de prisión; y 27 años para ‘El Bigotes’ por delitos electorales, falsificación de documentos mercantiles y delitos fiscales.

Para los exaltos cargos del PP valenciano antes mencionados –menos Vicente Rambla– y para la interesa la exgerente del PP de la Comunitat Valenciana Cristina Ibáñez interesa la pena de siete años y nueve meses de cárcel. En el caso de Rambla, Fiscalía modificó su acusación al inicio del juicio por lo que ya rebajó su petición a seis años y medio de prisión; mientras que la extesorera del PPCV Yolanda García, se enfrenta sólo a seis meses de cárcel.

Por otro lado, Anticorrupción pide 17 años de prisión al consejero delegado y contable de Orange Market, Cándido Herrero; y 15 años de cárcel para el considerado el ‘cerebro’ financiero de la trama ‘Gürtel’, José Ramón Blanco Balín.

MÁS DE 3 MILLONES DE EUROS PARA ACTOS ELECTORALES
El escrito de acusación de la Fiscalía afirma que el PP pagó a Orange Market un total de 3,4 millones de euros en actos electorales y otros eventos entre 2007 y 2008. En relación con las campañas, precisa que la formación política abonó 2,03 millones de euros, de los cuáles 1,2 millones fueron sufragados por los empresarios.

Asimismo recuerda que Correa controló un grupo de empresas que «aprovechó» el acceso a «determinadas personas» que desarrollaban su actividad política en la Comunitat Valenciana para resultar beneficiario en la adjudicación de contratos.

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Escándalo en España: seis padres detenidos por abandonar a sus hijos cerca de comisarías para que el Estado los mantuviera

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La Policía Nacional ha arrestado a seis personas en Valencia, Málaga, Melilla y Tarifa por presuntamente dejar a sus hijos adolescentes en España tras entrar con visados de turista y regresar después a sus países de origen.

Una investigación de la Policía Nacional ha destapado un presunto fraude al sistema de protección de menores en España. Seis progenitores han sido detenidos por, supuestamente, abandonar a sus hijos de entre 16 y 17 años cerca de comisarías y cuarteles de la Guardia Civil para que fueran considerados menores extranjeros no acompañados y quedaran bajo la tutela de las instituciones públicas.

Los arrestos se han producido en Valencia, Málaga, Melilla y Tarifa (Cádiz). Los detenidos, dos mujeres y cuatro hombres de entre 39 y 56 años, están acusados de presuntos delitos de abandono de menores y favorecimiento de la inmigración ilegal.

Según la investigación, los familiares entraban en España con visados de turista, en ocasiones acompañados de sus hijos y en otras junto al resto de la familia. Después de pasar unos días en el país, los adolescentes acudían a dependencias policiales para manifestar que se encontraban en situación de desamparo, mientras sus progenitores regresaban a sus lugares de origen.

Dejaban a sus hijos cerca de comisarías para que fueran tutelados

La investigación comenzó a principios de año, cuando agentes de la Unidad contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de Valencia, en colaboración con la unidad de Alicante, detectaron un patrón similar en varios casos.

Los jóvenes, procedentes de países del Magreb y con edades comprendidas entre los 16 y los 17 años, se presentaban en comisarías de la Policía Nacional o puestos de la Guardia Civil asegurando que estaban desamparados y necesitaban protección.

La Policía sostiene que sus familiares habrían utilizado de forma fraudulenta los recursos destinados a los menores extranjeros no acompañados (MENA), con el objetivo de que las administraciones españolas asumieran su tutela, manutención, educación y desarrollo personal con cargo a fondos públicos.

Los investigadores comprobaron que los adolescentes habían entrado en España por distintos aeropuertos, entre ellos Madrid-Barajas, Valencia-Manises, Málaga, Murcia y Barcelona-El Prat.

Unas 20 órdenes de búsqueda para localizar a los progenitores

La investigación ha permitido identificar alrededor de una veintena de casos en los que se habrían producido abandonos de menores siguiendo este mismo procedimiento. En estos asuntos se han dictado órdenes de búsqueda y detención dirigidas a los países de procedencia de los progenitores.

Sin embargo, los agentes han conseguido detener a seis de ellos antes de que abandonaran España.

La Policía también constató que, según sus investigaciones, los menores procedían de familias con recursos económicos suficientes para obtener visados turísticos, que exigen acreditar medios para permanecer en el país durante la estancia prevista.

Además, en la mayoría de los casos los adolescentes contaban con familiares adultos de segundo o tercer grado que residían legalmente en España, por lo que disponían de una posible red de apoyo en territorio nacional.

Seis detenidos en Valencia, Málaga, Melilla y Tarifa

La operación se ha saldado con seis arrestos: dos mujeres y cuatro hombres de entre 39 y 56 años.

Tres de las detenciones se han practicado en Málaga, Melilla y el puesto fronterizo de Tarifa, mientras que las otras tres han tenido lugar en Valencia.

Todos los arrestados han sido puestos a disposición judicial. La investigación continúa en relación con los demás casos detectados y las órdenes de búsqueda dictadas para localizar a los progenitores que habrían regresado a sus países de origen.

La Policía considera que el objetivo de este presunto procedimiento era conseguir que los adolescentes accedieran al sistema público de protección como menores no acompañados, pese a que sus familiares habrían organizado previamente su entrada en España.

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