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TRIBUNALES| El juez decreta orden de detención de Juana Rivas por no entregar a sus hijos

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El juez del Juzgado de Instrucción Número 2 d Granada ha decretado orden de detención contra Juana Rivas, después de que  no se haya  presentado este martes en el Juzgado de Instrucción Número 2 de Granada, en donde el padre de los menores, Francesco Arcuri, el ex pareja sentimental de la víctima, mantiene un litigio en el que reclama que le sean entregados a sus hijos, cosa que tampoco ha ocurrido en esta ocasión. El padre, de nacionalidad italiana, se ha personado en dicho juzgado granadino para que su ex pareja le entregara a sus hijos, cosa que, como se había anunciado, no ha sucedido, y es ya  la segunda vez, lo que agrava su situación judicial.

Rivas, vecina de la localidad granadina de Maracena, se encuentra en paradero desconocido desde que el pasado 26 de julio no cumpliera con la orden judicial de este mismo juzgado de Granada, que le obligaba a entregar a los hijos a su padre que, como decimos, ya fu condenado en 2009 por un delito de ‘lesiones en el ámbito familiar’ en Italia. Posteriormente y una vez cumplida la pena, la pareja retomó la convivencia, aunque finalmente y, tras nuevas denuncias por episodios de malos tratos, la española abandonó el domicilio en el que residía junto a su pareja sentimental y se trasladó a España, sin contar ni con el consentimiento del padre ni con ninguna orden judicial que protegiera su actuación. Es por ello que, además del incumplimiento de comparecencia, la madre de los menores podría arriesgarse a ser acusada también de secuestro.

Juana Rivas ha recibido grandes muestras de apoyo tanto de sus vecinos de Maracena, que se han concentrado en varias ocasiones pidiendo que no se exija la orden judicial de entrega de los hijos a un maltratador. Pero también ha recibido críticas, ya que se considera que está ‘mal aconsejada’ —como defiende la defensa del padre italiano—  y que la acción judicial no entra a valorar la situación de malos tratos de la pareja, sino el derecho de los niños a ver y estar con su padre. El abogado de Arcuri, ha avanzado también que solicitará al juez que decrete «una orden de detención» para poder resolver lo antes posible la situación y ha reiterado la oferta que ha realizado a la madre para que el caso no llegue a mayores consecuencias, pero siempre pasando por revelar el lugar y el estado de los hijos de su representado.

 

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Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos, 19 para Koldo y 7 para Aldama

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Tribunal Supremo penas que van desde los 7 hasta los 24 años de prisión para los principales investigados del conocido caso Koldo, la presunta trama de corrupción ligada a contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia por el Ministerio de Transportes.

24 años de prisión y multa de casi 4 millones para José Luis Ábalos

El Ministerio Público pide una condena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.
La Fiscalía le atribuye cinco presuntos delitos:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Tráfico de influencias

  • Malversación

  • Uso de información privilegiada

Además, reclama para él una multa de 3,9 millones de euros y responsabilidades económicas conjuntas por los perjuicios ocasionados a dos empresas públicas.

19 años y medio de cárcel para Koldo García

Para Koldo García, exasesor ministerial de Ábalos, Anticorrupción solicita 19 años y medio de prisión, así como una multa también de 3,9 millones de euros, por los mismos delitos atribuidos al exministro.

La Fiscalía pide que tanto Ábalos como Koldo indemnicen de forma conjunta y solidaria a:

  • Ineco: 34.477,86 euros

  • Tragsatec: 9.500,54 euros

Asimismo, reclama el decomiso de al menos 430.298,4 euros, cantidad que correspondería a ganancias obtenidas mediante cohecho.

Atenuante de confesión para Víctor de Aldama

En el caso del empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario de la trama, la Fiscalía aplica la atenuante de confesión y solicita una pena de 7 años de prisión por:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Uso de información privilegiada

También reclama para él una multa de 3,8 millones de euros.

El origen de la causa

El escrito de acusación llega después de que el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, propusiera el pasado 3 de noviembre juzgar a los tres implicados. Según el juez, se habrían concertado poco después de la llegada de Ábalos al Ministerio, buscando obtener beneficios económicos mediante su influencia en contratos públicos.

Puente dividió la causa en dos piezas:

  • La principal, centrada en los contratos de mascarillas.

  • Una pieza separada dedicada a la supuesta trama de cobro de comisiones por obra pública.

 

 

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