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¿El Partido Popular pone a la venta su sede de Génova?

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Sin duda es una de las sedes políticas ‘más conocidas’ del panorama español. La sede nacional del Partido Popular en Madrid, ubicada en la calle Génova podría tener las horas contadas, y es que los candidatos a presidir el PP, Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado no descartan poner el cartel de ‘Se vende’ después de que la justicia haya determinado que las obras que se realizaron allí fueron sufragadas con dinero negro.

La sede es, desde los años 80, el ‘cuartel general’ de los populares, que cuentan con unos 10.000 metros distribuidos en ocho plantas. Al ser preguntados ambos candidatos, sobre si estarían dispuestos a considerar la opción de la venta, Sáenz de Santamaría ha señalado que es algo que le han comentado muchos compromisarios y afiliados, por lo que considera que «hay que darle una vuelta» porque esa gente «tiene mucha visión de futuro» y hay que construir el partido «de abajo a arriba».

Por su parte, para Pablo Casado el problema del PP es de «fondo» y no es «la sede, ni un logotipo, ni un himno, ni un nombre». Para Casado, es necesario «reconectar» con la sociedad y el electorado y no se trata de cambiar de edificio, sino de «defender una posición firme en Cataluña, bajar impuestos y unos principios de unidad de España y valores como la familia».

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Víctor de Aldama declara en la Audiencia Nacional: “Ángel Víctor Torres debería estar preocupado”

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Víctor de Aldama
Víctor de Aldama-COPE

El comisionista Víctor de Aldama ha comparecido este jueves ante la Audiencia Nacional en el marco del ‘caso Koldo’, y ha lanzado duras advertencias contra el Gobierno. A su salida, Aldama aseguró que el actual ministro Ángel Víctor Torres debería estar preocupado, insistiendo en que se reunió con él en julio de 2020 en relación con los contratos de mascarillas durante la pandemia.

Declaración ante el juez del ‘caso Koldo’

Víctor de Aldama acudió a la Audiencia Nacional alrededor de las 09:50 horas, citado por el magistrado instructor Ismael Moreno, quien continúa la investigación sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos sanitarios durante la crisis del COVID-19.

Durante su declaración, el empresario reafirmó que mantuvo contactos con altos cargos del Gobierno, incluyendo al mencionado Ángel Víctor Torres, poniendo el foco en posibles irregularidades y comisiones asociadas a la compra de material sanitario.

“Hay personas en el Gobierno que deberían estar preocupadas por lo que sabemos y por lo que se ha documentado”, declaró Aldama a su salida, en referencia directa a Torres.

El contexto del ‘caso Koldo’

El ‘caso Koldo’ investiga la presunta trama de adjudicación irregular de contratos de mascarillas y material sanitario durante la pandemia, que habría beneficiado a determinadas empresas vinculadas a intermediarios y comisionistas. Víctor de Aldama es uno de los principales imputados y ha sido citado en varias ocasiones por la Audiencia Nacional para declarar sobre sus reuniones y gestiones con miembros del Ejecutivo.

Las acusaciones incluyen cohecho, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal, y ya se han solicitado medidas cautelares para algunos implicados, mientras el proceso judicial sigue su curso.

Impacto político y mediático

Las declaraciones de Aldama han vuelto a generar tensión política, especialmente por mencionar a Torres, quien actualmente ocupa un cargo ministerial. La advertencia del empresario ha sido interpretada por analistas como un intento de poner presión mediática y política sobre miembros del Gobierno en plena campaña de escrutinio de la gestión sanitaria durante la pandemia.

Próximos pasos judiciales

El magistrado Ismael Moreno continuará con las diligencias del caso, evaluando la información aportada por Aldama y otros testigos y documentaciones presentadas. Se espera que en las próximas semanas se puedan tomar decisiones sobre posibles imputaciones adicionales o medidas cautelares contra los implicados.

A medida que avance la investigación, se prevé que los tribunales examinen con detalle los contratos de mascarillas adjudicados durante 2020, así como las comisiones y reuniones de intermediarios con cargos públicos, incluyendo a Ángel Víctor Torres y otros miembros del Ejecutivo, según las declaraciones de Aldama.

 

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