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El PP reclama la salida de prisión de Zaplana tras la liberalización de un «asesino» de ETA por enfermedad

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El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha denunciado este viernes la salida de prisión del «asesino» de ETA Asier Aginako debido a la grave enfermedad que sufre mientras el exministro y expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana sigue en la cárcel cuando padece leucemia. Por todo ello, ha exigido su salida y ha recalcado que «por humanidad» debería ser tratado en su casa.

El preso de ETA Asier Aginako Etxenagusia fue puesto anoche en libertad por su enfermedad. La Audiencia Nacional respondió así a la solicitud de suspensión de condena cursada por los abogados del preso, atendiendo a su estado de salud y a su derecho a recibir el tratamiento médico que requiere en las mejores condiciones y con las garantías necesarias, según informó la asociación de familiares de presos de la banda terrorista, Etxerat.

García Egea ha criticado que un «asesino juzgado y condenado» pueda salir de la cárcel por enfermedad grave y que «una persona como Zaplana, que no ha sido juzgada, todavía» sigue en prisión cuando también padece una grave enfermedad.

«Por humanidad, Zaplana debería poder ser cuidado y tratado en casa», ha manifestado el ‘número dos’ del Partido Popular en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, que ha recogido Europa Press.

En las últimas semanas, el PP que dirige Pablo Casado ha solicitado en reiteradas ocasiones la salida de prisión de Zaplana, enfermo de leucemia desde hace años y que en diciembre tuvo que ser ingresado en el Hospital la Fe al detectar un empeoramiento en su estado.

EN LA CÁRCEL DESDE MAYO
Zaplana se encuentra en la cárcel de Picassent desde finales del mes de mayo, cuando la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia acordó para él prisión provisional, comunicada y sin fianza en el marco de la ‘Operación Erial’, por la que fue detenido por presuntos delitos de blanqueo de capitales, malversación y prevaricación.

La defensa de Eduardo Zaplana ya ha interpuesto varios recursos de reforma contra el auto de prisión de la jueza en el que alegaba que la medida era «innecesaria y desproporcionada», ya que, a su entender, no existía «ningún riesgo objetivo de destrucción de pruebas» ni de fuga, y, además, alegaba la «grave enfermedad» que padece desde hace años el exministro –leucemia– y que requiere cuidados «continuos y periódicos»

Fuente: Europapress

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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