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El tuit de Puigdemont sobre el inicio de À Punt

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VALÈNCIA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) –

El ex president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, ha celebrado en Twitter el inicio de las emisiones regulares de la televisión pública valenciana À Punt que se ha producido este domingo, a lo que la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha reclamado hoy al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que «frene en seco las pretensiones, injerencias y provocaciones de independentistas declarados hacia los valencianos».

Puigdemont ha publicado un tuit este domingo en el que ha deseado el «máximo de aciertos como televisión pública» y que «ojalá contribuya a través de la libertad de información y opinión para enriquecer las relaciones entre los territorios de habla catalana, a su fraternidad y democracia».

Para Bonig, este mensaje «aprovecha la apertura de À Punt» para «volver a intentar enfrentar a dos territorios y utilizar la lengua de todos los valencianos como elemento de confrontación», según ha informado el PPCV en un comunicado. Según Bonig, con este tuit, Puigdemont «no respeta la lengua ni el Estatuto de Autonomía» valenciano.

«A los independentistas les ha costado solo unos días dejar claro que quieren estrechar lazos con la Comunitat imponiendo su ideología», ha señalado al tiempo que ha advertido que en menos de una semana «se ha evidenciado que el PP era el muro de contención de las ansias separatistas de los que no creen en la Constitución y de los que rompen las reglas del juego democrático, echan un pulso y dan un golpe de Estado a la democracia, a todos los españoles y a la Constitución».

Por ello, ha pedido al Presidente del Gobierno y a la nueva Ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, que «no entreguen la Comunitat Valenciana a los separatistas» por «un puñado de votos en el Congreso». «No podemos permitir que el modelo independentista se repita en nuestro territorio» porque la defensa de la Constitución y la unidad de España está «por encima de cualquier ideología», ha agregado.

«Se empieza por un mensaje que no respeta nuestro Estatuto y se acaba regalando la Comunitat a los separatistas», ha dicho Bonig, al tiempo que se ha preguntado «si detrás de estos mensajes se esconden pactos en la sombra que persiguen someter a la Comunitat Valenciana a una entelequia que solo existe en la mente de los que integran el Consell y que nada tiene que ver con los valencianos».

En este sentido ha indicado que «llueve sobre mojado» porque, según ha señalado, este sábado «vimos a un alto cargo de Ximo Puig participando en un acto convocado por la ANC en defensa de la libertad de los mal llamados presos políticos», en relación a «la participación del secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu, en un acto convocado para pedir su libertad».

«Si en pocos días miembros del Consell de Puig ya no se esconden en actos pro separatistas, ¿qué nos esperarán en los próximos meses?. Una declaración de intenciones a la que se suma las conocidas propuestas del conseller de Exteriores de Quim Torra ofreciendo nacionalidad catalana a los ciudadanos de Baleares, Aragón y la Comunitat Valenciana. Sánchez no puede mirar hacia otro lado», ha manifestado Bonig.

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Consumo

Comunicado de Airbnb

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Airbnb
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Airbnb rechaza el listado de Consumo y critica el auto del TSJM

Airbnb ha manifestado su «firme oposición» al procedimiento llevado a cabo por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, tras conocerse este lunes un auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que insta a la plataforma a eliminar 5.800 anuncios de pisos turísticos.

La compañía denuncia el uso de una «metodología indiscriminada» en la elaboración del listado de anuncios presuntamente ilegales, que formaría parte de una serie de resoluciones remitidas por Consumo, y ha confirmado que continuará recurriendo las decisiones judiciales por considerar que «están en desacuerdo con las normativas españolas y europeas».


Airbnb defiende la legalidad de su plataforma

Un portavoz de Airbnb ha explicado que el Ministerio de Consumo «no es competente para hacer cumplir regulaciones turísticas» y que ha enviado un listado que incluye anuncios con licencia y otros que, según la plataforma, «podrían no necesitarla, como los arrendamientos de temporada».

Además, ha afirmado que Consumo ha ignorado resoluciones del Tribunal Supremo que aclaran que no todos los anuncios de Airbnb están obligados a mostrar un número de registro. Según la sentencia del Supremo de enero de 2022, la obligación recae sobre el prestador del servicio turístico, no sobre la plataforma de intermediación.


Airbnb se acoge a la Ley de Servicios Digitales

La compañía ha insistido en que actúa conforme a la Ley de Servicios Digitales europea, y que no tiene obligaciones de supervisión activa sobre el contenido publicado por los usuarios. En esta línea, recuerda que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó en diciembre de 2019 que Airbnb es un servicio de la sociedad de la información, y no un agente inmobiliario, por lo que su función es la de intermediación.

Este argumento es clave en la defensa de la plataforma, que reitera que los anfitriones son responsables de cumplir con las leyes locales y de que los anuncios incluyan la información necesaria cuando así se requiera.


Consumo ya ha notificado más de 65.000 anuncios

En los últimos meses, el Ministerio de Consumo ha remitido a Airbnb tres resoluciones diferentes en las que notificó un total de 65.935 anuncios supuestamente ilegales. El auto conocido este lunes por parte del TSJM corresponde a la primera de esas resoluciones, que obliga a retirar 5.800 anuncios concretos.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha calificado esta decisión como una «gran victoria» en defensa del derecho a la vivienda y ha afirmado que se trata de un «aval claro a la labor del ministerio» en su objetivo de proteger a los consumidores.

Respecto a las otras dos resoluciones, el Ministerio espera que la justicia se pronuncie en la misma línea, aunque reconoce que la plataforma «habrá recurrido» también estos casos.


Airbnb recuerda sus políticas de cumplimiento

En relación con sus procedimientos, Airbnb ha recordado que siempre informa a los anfitriones de la necesidad de cumplir las leyes locales antes de publicar sus anuncios. La plataforma exige a los usuarios que certifiquen que cuentan con los permisos necesarios y les recuerda de forma periódica que revisen la normativa aplicable.

Esto se deja claro en los Términos de Servicio y los usuarios que no cumplan con las políticas pueden ser eliminados de la plataforma”, ha indicado el portavoz.

Además, aclaran que no todos los alojamientos publicados en la web corresponden a viviendas turísticas. También se incluyen apartamentos turísticos, hoteles, hostales o arrendamientos de temporada, modalidades que no están sujetas a las mismas obligaciones que el alquiler vacacional de corta duración.


Colaboraciones recientes con gobiernos regionales

Para demostrar su voluntad de cooperación, Airbnb ha puesto en valor sus recientes acuerdos con gobiernos autonómicos como los de Islas Canarias, Región de Murcia y el Consejo Insular de Ibiza, con el objetivo de fomentar un modelo de turismo sostenible. Según la plataforma, estas iniciativas son ejemplos de que «Airbnb quiere trabajar junto a las autoridades locales para crear un sistema equilibrado y beneficioso para todas las partes implicadas».


¿Por qué considera Consumo que los anuncios son ilegales?

La Dirección General de Consumo ha detallado tres motivos principales por los que considera que los anuncios detectados en Airbnb incumplen la normativa vigente:

1. Falta de número de licencia

Una gran parte de los anuncios analizados no incluyen el número de licencia o registro obligatorio, exigido por varias normativas autonómicas. Esta omisión constituye, según el Ministerio, la infracción más frecuente en la publicidad alojada en la plataforma.

2. Falta de información sobre el arrendador

Otro incumplimiento recurrente es que no se identifica la naturaleza jurídica del arrendador. Es decir, no se especifica si quien alquila es un particular o un profesional, algo fundamental para determinar si el contratante está protegido por la legislación de consumo.

3. Licencias no válidas o falsificadas

Consumo también denuncia la presencia de anuncios con números de licencia falsos o inválidos, es decir, no expedidos por ninguna autoridad oficial. Esta práctica puede ser considerada engañosa o fraudulenta, ya que puede inducir a error a los usuarios que creen estar alquilando alojamientos legales.


Conclusión: choque entre Airbnb y Consumo por el control del alquiler turístico

El conflicto entre Airbnb y el Ministerio de Consumo refleja un choque de competencias y de interpretaciones legales sobre cómo debe regularse el alquiler turístico en España. Mientras Consumo insiste en la necesidad de más transparencia y legalidad en las plataformas, Airbnb reivindica su papel como intermediario tecnológico, sin responsabilidad directa sobre el contenido que publican los anfitriones.

La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid marca un punto de inflexión en la batalla judicial entre la administración y las plataformas digitales, y podría sentar precedente para el control del mercado de alquiler turístico en España.

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