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El «yonqui del dinero»dice ahora que manipuló las grabaciones que abrieron el caso Imelsa

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El "yonqui del dinero"dice ahora que manipuló las grabaciones que abrieron el caso Imelsa

València, 27 oct (EFE).- El exgerente de la empresa pública Imelsa y autodenominado «yonqui del dinero», Marcos Benavent, ha declarado ante el juez que él y su suegro manipularon y editaron las grabaciones que abrieron la investigación policial y judicial del caso Imelsa sobre supuesta corrupción en varias Administraciones controladas por el PP.

Benavent ha comparecido este miércoles a petición propia junto a su nuevo abogado, Juan Carlos Navarro, ante el titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia y ha respondido únicamente a sus preguntas, rechazando cualquier interpelación del juez o el fiscal.

Según han explicado a EFE fuentes judiciales conocedoras de la declaración, el «yonqui del dinero» ha cambiado su versión sobre las grabaciones que dieron origen a esta macrocausa y ha afirmado que él y su suegro «cortaban y pegaban» esas grabaciones donde se aludía a la manipulación de expedientes o al cobro y reparto de mordidas.

Benavent, que ha declarado durante una media hora, mantiene que fue él quien realizó esas grabaciones, pero dice ahora que las provocó de forma malintencionada, es decir, provocando determinadas expresiones en sus interlocutores.

Otras fuentes, conocedoras igualmente del contenido de la declaración, han matizado que los cortes a los que ha aludido Benavent en su declaración hacen referencia a partes que consideraron, tanto él como su suegro, «intrascendentes».

Estas mismas fuentes han insistido en que, en su declaración, Benavent no ha puesto en duda la veracidad de las conversaciones y su objeto, y han recordado que Benavent ya dijo que consideraba esas grabaciones un «seguro de vida por si le pasaba algo», y que la «mala intención» con la que fueron realizadas ya se conocía.

Insisten además en que las grabaciones, en efecto, son fragmentos, pero que estos extractos no se encuentran editados ni presentan cortes.

En consecuencia, observan poco recorrido judicial a esta declaración e insisten en que no propiciará ninguna instrucción adicional o paralela, sino que la validez de estas pruebas se traducirá en unas cuestiones previas sobre las que se deberá pronunciar un tribunal.

El cambio de estrategia se cimienta, además, en el escrito presentado por su letrado, Juan Carlos Navarro, en el Juzgado de Instrucción número 18, en el que cuestiona toda la prueba documental obtenida a partir de unas grabaciones que califica como «sustraídas», además de «no íntegras, manipuladas y alteradas».

A juicio de este letrado, tras la denuncia presentada ante la Fiscalía Provincial por la entonces diputada de Esquerra Unida -actualmente consellera- Rosa Pérez Garijo «se privó al órgano enjuiciador del control» y se practicaron diligencias que «supusieron una restricción de los derechos fundamentales».

En dicha denuncia, Pérez Garijo aportó un lápiz de memoria que contenía las grabaciones cuya veracidad ahora niega Benavent.

Otro de los aspectos clave de la impugnación formulada por Juan Carlos Navarro es la diligencia de entrada y registro practicada en el despacho del anterior abogado de Marcos Benavent, Ramiro Blasco, por haberse hecho, supuestamente, sin las preceptivas autorizaciones.

En ese registro, efectuado por la UCO de la Guardia Civil, se hallaron los conocidos como «papeles del sirio», que llegaron a manos de Benavent a través de un tercero y que incriminan al exministro y expresident de la Generalitat Eduardo Zaplana en supuestas prácticas corruptas relacionadas con la privatización de las ITV valencianas y del plan eólico, y que han dado pie al conocido como caso Erial.

En referencia a este registro, el exgerente de Imelsa ha explicado este miércoles ante el juez que desconoce qué documentación se llevó la UCO del despacho de su exabogado, porque «tenía mucha».

Por último, el nuevo abogado de Benavent advierte sobre la «ruptura de la cadena de custodia» de las pruebas obtenidas, y alude expresamente al citado lápiz de memoria con las grabaciones, los documentos obtenidos en el despacho de Ramiro Blasco y la obtenida a partir del volcado de los ordenadores y el material informático analizado por la UCO.

El autodenominado «yonqui del dinero» se ha presentado en el juzgado con la misma estética que en sus últimas comparecencias públicas aunque sin el desparpajo ni la expresividad de otras ocasiones, más bien al contrario: ha desfilado ante la prensa cabizbajo y sin detenerse ni realizar comentario alguno.

Dentro del juzgado, tras declarar, se ha limitado a apuntar a los periodistas que había sido «amable» durante estos últimos cinco años, pero que eso se ha terminado, puesto que «no va a decir nada más».

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Valencia

La jueza vuelve a citar al alto cargo de confianza de Mazón tras los WhatsApp de la consellera Pradas

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La exconsellera de Justicia y Emergencias de la Generalitat valenciana Salomé Pradas ofrece declaraciones a los medios a su llegada a declarar, en calidad de investigada ante la Ciudad de la Justicia de Valencia, a 11 de abril de 2025 - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

Sigue la última hora de la investigación de la justicia en la gestión de la DANA:

La investigación judicial sobre la gestión de la reciente emergencia en la Comunitat Valenciana vuelve a intensificarse. La magistrada instructora ha decidido citar por segunda vez a la mano derecha del president Carlos Mazón, después de que la consellera de Medio Ambiente, Salomé Pradas, entregara al juzgado una serie de mensajes de WhatsApp que abren nuevas incógnitas sobre la toma de decisiones durante el episodio crítico.

Los WhatsApp de Pradas reactivan la investigación

La documentación aportada por Pradas la semana pasada ha tenido un efecto inmediato en el proceso judicial. Según fuentes del caso, los mensajes revelan intercambios directos con el alto cargo de Presidencia, en los que se habría tratado información relevante sobre la evolución de la emergencia y la valoración de un posible confinamiento preventivo, finalmente descartado.

Estos mensajes han llevado a la instructora a convocar un nuevo interrogatorio para esclarecer qué datos recibió el asesor de Mazón, cómo los interpretó y qué argumentos dio a la consellera para no activar medidas más restrictivas.

Qué pretende aclarar la jueza

La magistrada busca concretar cuatro puntos:

  1. El tipo de avisos o informes que manejaba el asesor.

  2. Si existía riesgo real que justificara el confinamiento en algún municipio afectado.

  3. El criterio técnico o político utilizado para desaconsejar esa medida.

  4. La coordinación entre Consellerias y Presidencia durante las primeras horas de la emergencia.

Fuentes jurídicas señalan que la intención es determinar si hubo alguna omisión de información, valoración errónea o interferencia política en decisiones que pudieran haber afectado a la seguridad de la población.

Crece la presión sobre el Consell

La nueva citación supone un revés para el equipo de Mazón, que insiste en que la gestión se realizó siguiendo criterios técnicos y con absoluta transparencia. Sin embargo, la aparición de los WhatsApp ha generado inquietud en el seno del Consell, que teme que la causa derive en nuevas declaraciones o peticiones de documentación.

La oposición, por su parte, reclama al president que dé explicaciones públicas y remarca que los mensajes “muestran contradicciones” entre las versiones ofrecidas hasta ahora por distintos cargos del Gobierno valenciano.

El proceso judicial continúa abierto

La jueza mantiene activas las diligencias y no se descartan nuevas comparecencias a medida que se analice el contenido completo de las conversaciones aportadas por Pradas. El juzgado está también a la espera de recibir informes técnicos de distintos departamentos del Consell, así como las comunicaciones oficiales emitidas durante la emergencia.

Mientras tanto, el Consell considera que la investigación sigue su curso normal y pide “prudencia” para no interferir en el procedimiento.

 

 

 

Carta abierta de Maribel Vilaplana sobre su comida con Mazón

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