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El «yonqui del dinero»dice ahora que manipuló las grabaciones que abrieron el caso Imelsa

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El "yonqui del dinero"dice ahora que manipuló las grabaciones que abrieron el caso Imelsa

València, 27 oct (EFE).- El exgerente de la empresa pública Imelsa y autodenominado «yonqui del dinero», Marcos Benavent, ha declarado ante el juez que él y su suegro manipularon y editaron las grabaciones que abrieron la investigación policial y judicial del caso Imelsa sobre supuesta corrupción en varias Administraciones controladas por el PP.

Benavent ha comparecido este miércoles a petición propia junto a su nuevo abogado, Juan Carlos Navarro, ante el titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia y ha respondido únicamente a sus preguntas, rechazando cualquier interpelación del juez o el fiscal.

Según han explicado a EFE fuentes judiciales conocedoras de la declaración, el «yonqui del dinero» ha cambiado su versión sobre las grabaciones que dieron origen a esta macrocausa y ha afirmado que él y su suegro «cortaban y pegaban» esas grabaciones donde se aludía a la manipulación de expedientes o al cobro y reparto de mordidas.

Benavent, que ha declarado durante una media hora, mantiene que fue él quien realizó esas grabaciones, pero dice ahora que las provocó de forma malintencionada, es decir, provocando determinadas expresiones en sus interlocutores.

Otras fuentes, conocedoras igualmente del contenido de la declaración, han matizado que los cortes a los que ha aludido Benavent en su declaración hacen referencia a partes que consideraron, tanto él como su suegro, «intrascendentes».

Estas mismas fuentes han insistido en que, en su declaración, Benavent no ha puesto en duda la veracidad de las conversaciones y su objeto, y han recordado que Benavent ya dijo que consideraba esas grabaciones un «seguro de vida por si le pasaba algo», y que la «mala intención» con la que fueron realizadas ya se conocía.

Insisten además en que las grabaciones, en efecto, son fragmentos, pero que estos extractos no se encuentran editados ni presentan cortes.

En consecuencia, observan poco recorrido judicial a esta declaración e insisten en que no propiciará ninguna instrucción adicional o paralela, sino que la validez de estas pruebas se traducirá en unas cuestiones previas sobre las que se deberá pronunciar un tribunal.

El cambio de estrategia se cimienta, además, en el escrito presentado por su letrado, Juan Carlos Navarro, en el Juzgado de Instrucción número 18, en el que cuestiona toda la prueba documental obtenida a partir de unas grabaciones que califica como «sustraídas», además de «no íntegras, manipuladas y alteradas».

A juicio de este letrado, tras la denuncia presentada ante la Fiscalía Provincial por la entonces diputada de Esquerra Unida -actualmente consellera- Rosa Pérez Garijo «se privó al órgano enjuiciador del control» y se practicaron diligencias que «supusieron una restricción de los derechos fundamentales».

En dicha denuncia, Pérez Garijo aportó un lápiz de memoria que contenía las grabaciones cuya veracidad ahora niega Benavent.

Otro de los aspectos clave de la impugnación formulada por Juan Carlos Navarro es la diligencia de entrada y registro practicada en el despacho del anterior abogado de Marcos Benavent, Ramiro Blasco, por haberse hecho, supuestamente, sin las preceptivas autorizaciones.

En ese registro, efectuado por la UCO de la Guardia Civil, se hallaron los conocidos como «papeles del sirio», que llegaron a manos de Benavent a través de un tercero y que incriminan al exministro y expresident de la Generalitat Eduardo Zaplana en supuestas prácticas corruptas relacionadas con la privatización de las ITV valencianas y del plan eólico, y que han dado pie al conocido como caso Erial.

En referencia a este registro, el exgerente de Imelsa ha explicado este miércoles ante el juez que desconoce qué documentación se llevó la UCO del despacho de su exabogado, porque «tenía mucha».

Por último, el nuevo abogado de Benavent advierte sobre la «ruptura de la cadena de custodia» de las pruebas obtenidas, y alude expresamente al citado lápiz de memoria con las grabaciones, los documentos obtenidos en el despacho de Ramiro Blasco y la obtenida a partir del volcado de los ordenadores y el material informático analizado por la UCO.

El autodenominado «yonqui del dinero» se ha presentado en el juzgado con la misma estética que en sus últimas comparecencias públicas aunque sin el desparpajo ni la expresividad de otras ocasiones, más bien al contrario: ha desfilado ante la prensa cabizbajo y sin detenerse ni realizar comentario alguno.

Dentro del juzgado, tras declarar, se ha limitado a apuntar a los periodistas que había sido «amable» durante estos últimos cinco años, pero que eso se ha terminado, puesto que «no va a decir nada más».

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Valencia

Esta es la nueva normativa de apartamentos turísticos en Valencia: límites, polémica y claves del cambio

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Viviendas turísticas España
Dos turistas recorren con sus maletas el casco antiguo de la ciudad de València. EFE/Manuel Bruque/Archivo

El Ayuntamiento de València ha aprobado definitivamente la nueva normativa de apartamentos turísticos, una medida impulsada por el gobierno municipal con el apoyo de PP y Vox y el rechazo de Compromís y PSPV-PSOE.

La regulación modifica el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y busca poner límites al crecimiento del alojamiento turístico en la ciudad, en un contexto marcado por el aumento del precio de la vivienda y la presión vecinal.


🏛 Qué cambia con la nueva normativa

El nuevo marco urbanístico introduce restricciones al crecimiento de los apartamentos turísticos, con el objetivo de proteger el uso residencial de la vivienda. Según el equipo de gobierno, se trata de la normativa “más restrictiva de España” en este ámbito.

Entre las principales medidas destacan:

  • Implantación de “candados” urbanísticos que limitan el número de apartamentos por distrito, barrio o manzana.
  • Regulación del total de plazas turísticas, incluyendo apartamentos, hoteles y hostales.
  • Refuerzo de las inspecciones y aumento de las órdenes de cese contra alojamientos ilegales.
  • Coordinación con Policía y Agencia Tributaria para controlar la actividad irregular.

Desde el consistorio aseguran que el 98% de la vivienda queda protegida para uso residencial, dificultando la apertura de nuevos alojamientos turísticos.


Críticas de vecinos y oposición

La nueva normativa ha generado un intenso debate político y social. La Federació d’Associacions Veïnals de València considera que la regulación presenta “vacíos y excepciones” y no resuelve el principal problema: la existencia de miles de apartamentos turísticos ilegales.

Según denuncian, en la ciudad habría más de 9.000 viviendas turísticas fuera de la legalidad, una cifra que, a su juicio, no se aborda con medidas eficaces.

Por su parte, desde la oposición:

  • El PSPV-PSOE advierte que la norma no reducirá los apartamentos en zonas saturadas y permitirá su expansión en otros barrios.
  • Compromís acusa al gobierno local de favorecer la especulación y la subida de precios de la vivienda.

Ambos partidos coinciden en que la ciudad vive una situación de “tensión” en el mercado inmobiliario y reclaman medidas más restrictivas.


Debate sobre vivienda y turismo en València

El crecimiento del turismo en València ha sido uno de los factores clave en el encarecimiento del alquiler y la compra de vivienda en los últimos años.

Mientras el gobierno municipal defiende un modelo de turismo “de calidad” y compatible con la vida vecinal, la oposición insiste en que la nueva normativa puede agravar el problema si no se controla la oferta ilegal.


El Ayuntamiento defiende un “hito” urbanístico

La alcaldesa ha calificado la aprobación como un “hito” y ha asegurado que responde a un cambio de modelo de ciudad:

  • Priorizar el derecho a la vivienda.
  • Limitar el turismo masivo.
  • Garantizar la convivencia entre vecinos y visitantes.

Además, el gobierno local insiste en que la normativa está diseñada para ser sólida jurídicamente y evitar que pueda ser anulada en los tribunales.


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