València, 31 ene (OFFICIAL PRESS- EFE).- El ex secretario autonómico de Educación y ex consejero delegado de la empresa pública dedicada a la construcción de colegios Ciegsa, Máximo Caturla, ha negado la influencia del entonces presidente de la Diputación, Alfonso Rus, en las contrataciones de la compañía y la existencia de “zombis” en la empresa.
Además, Caturla ha afirmado que entendía que los contratos de alta dirección eran legales porque los diseñó el abogado Manuel Broseta, que fue secretario de Ciegsa.
El exdirigente del PP ha declarado este martes en el juicio de la pieza el caso Imelsa que investiga la contratación irregular de trabajadores en las empresas públicas Imelsa y Ciegsa, en el que el fiscal reclama para él una condena de seis años de prisión, multa de veinticuatro meses con una cuota diaria de 30 euros e inhabilitación especial por seis años.
Caturla ha declarado que la designación de algunos de los puestos directivos en la compañía dependía del entonces conseller de Educación, Esteban González Pons, que fue consejero delegado de la empresa y presidente antes que él, y que la contratación de trabajadores y directivos acusados de ser “zombis” dependía de los responsables de la división económica y de recursos humanos.
En una declaración que se ha retrasado por la no comparecencia a la hora de inicio del juicio del exgerente de Imelsa y autodenominado «yonqui del dinero», Marcos Benavent, que finalmente ha llegado sobre las 11.25 horas, Caturla ha asegurado que su relación con Rus era “cordial, de partido, normal” y ha dicho conocerlo “desde 1995, porque en política conoces a muchísimas personas, alcaldes, a mucha gente”.
A preguntas del letrado del expresidente de la Diputación, ha asegurado que Rus “no tenía absolutamente nada que ver con Ciegsa, ni con la contratación ni con nada” y que tan solo “era alcalde de su pueblo”, en alusión a Xàtiva.
Sobre Marcos Benavent, ha dicho que no lo conoció hasta que lo nombraron secretario autonómico de Educación, alrededor de 2004 o 2005, y ha afirmado haber tenido “una relación normal” con el jefe de gabinete de Rus, Emilio Llopis, hasta su llegada a la Diputación, cuando lo conoció “con más profundidad”.
En cuanto a la posibilidad de que hubiera “zombis”, trabajadores que cobraban de Ciegsa pero trabajaban en el Partido Popular, ha afirmado: “Que yo sepa, no, y no lo habría consentido”.
Caturla, sin embargo, ha dicho entender que algunos de ellos se hayan conformado durante el juicio y reconocido los hechos, porque “estas cosas desgastan mucho y destrozan a muchas familias”.
Sobre las contrataciones, ha afirmado que la de la jefa de relaciones entre la sociedad y la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, Clara Sáez, la hizo Esteban González Pons en julio de 2004, porque en ese momento era consejero delegado y presidente de Ciegsa, y ha dicho que “debe haber algún error” porque es la firma de Caturla la que está en el contrato.
“Es lo que yo veo que no entiendo, ya me gustaría a mí entenderlo”, ha defendido, y ha añadido que le da la “sensación” de que “hasta puede que no sea” su firma, ya que no tenía siquiera poderes en esa época.
Sí ha reconocido haber contratado a Antonio Gil Monteagudo como jefe de planificación, seguimiento y coordinación del nuevo programa de infraestructuras educativas, pero ha afirmado que el puesto de jefe de planificación, seguimiento y coordinación de las infraestructuras y actuaciones excepcionales dependía de otro consejero, Carlos Precioso.
El organigrama de la entidad, ha añadido, lo trabajaron el asesor del presidente y él mismo y lo propusieron en 2004, si bien ha asegurado que el hecho de que los contratos que se investigan fueran de alta dirección “lo diseñó Manuel Broseta”, abogado y secretario de la empresa pública, al que se le dio esta función por su “mayor conocimiento” del ámbito jurídico.
Fue él, ha asegurado, quien tipificó los contratos y quien decidió que, como la ley -hasta 2007- lo permitía, no se iba a dar poderes a los contratados como altos directivos.
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