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ENCUESTA| ¿Debe Valencia cerrar el ocio nocturno tras los últimos rebrotes?

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Investigan denuncias de sumisión química por pinchazo en la Comunitat

La Comunitat Valenciana ha registrado en las últimas 24 horas 86 nuevos casos por coronavirus, unas cifras que se incluyen en los 971 positivos incluidos a nivel de España en un solo día.

La consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló, ha señalado que «el aumento de casos positivos que estamos viendo en los últimos días es una clara llamada a la prudencia de todos los ciudadanos», por lo que ha insistido en que «no debemos relajar las medidas de higiene y prevención ante el virus». Por provincias, el número de nuevos casos es: 9 en Castellón (1.719 en total); 28 en la provincia de Alicante (4.162 en total); 43 en la provincia de Valencia (6.443 en total) y otros 6 casos sin asignar.

TRas ello, el debate se traslada a la calle. Además de reforzar las medidas de protección como el uso obligatorio de mascarillas, el refuerzo de policia local se une el debate: ¿Se debe cerrar el ocio nocturno?

Aunque por el momento, desde la Generalitat no ha planteado esta medida como se ha llevado en otras zonas de la Comunitat como por ejemplo en Gandía, lo cierto es que en Valencia, pese a que el Consistorio no se opondría a esta medida, es algo que depende de la Conselleria de Sanidad.

POr ello, a través de esta encuesta no vinculante, y dado los últimos datos publicados de rebrotes en Valencia, Official Press quiere conocer el sentir de la ciudadanía a este respecto:

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El BOE publica las normas para acreditar los diplomas de Lengua de Signos Española

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El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes la normativa que regula el primer sistema oficial de acreditación de la Lengua de Signos Española (LSE), una medida clave para avanzar en inclusión y accesibilidad en España.

Entra en vigor el sistema de diplomas de Lengua de Signos Española

El nuevo marco legal, recogido en el Real Decreto 262/2026, establece los Diplomas de Lengua de Signos Española (DLSE), cuyo objetivo principal es mejorar el acceso al empleo público y reconocer oficialmente la competencia en esta lengua.

La normativa entrará en vigor a finales de abril, concretamente veinte días después de su publicación en el BOE.

Un paso clave para la inclusión y la igualdad

Esta iniciativa supone un avance significativo para las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, al facilitar su integración social y laboral.

El decreto se enmarca dentro de la Ley 27/2007, que reconoce las lenguas de signos españolas y establece su marco normativo.

Además, permitirá equiparar estos diplomas a otros sistemas oficiales de certificación lingüística, como los de idiomas extranjeros.

Niveles oficiales de acreditación: de A1 a C2

El sistema contempla seis niveles de competencia lingüística, siguiendo estándares europeos:

  • A1 y A2 (nivel básico)
  • B1 y B2 (nivel intermedio)
  • C1 y C2 (nivel avanzado)

Este modelo permitirá evaluar de forma objetiva el dominio de la Lengua de Signos Española, tanto para fines profesionales como académicos.

Primer sistema nacional con validez en toda España

Hasta ahora, no existía un sistema estatal unificado para acreditar la Lengua de Signos Española. Con esta medida, cualquier persona —sorda, sordociega u oyente— podrá obtener un título oficial válido en todo el territorio nacional.

Los diplomas servirán como mérito en procesos de empleo público, así como en ámbitos educativos y profesionales.

Organismos responsables del sistema

El Real Patronato sobre Discapacidad será el encargado de organizar las pruebas y gestionar los diplomas, bajo la dirección académica del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española.

Estas evaluaciones se diseñarán conforme a criterios europeos, garantizando objetividad, fiabilidad y accesibilidad.

Un impulso a los derechos lingüísticos

Desde el Ministerio de Derechos Sociales, liderado por Pablo Bustinduy, destacan que este decreto refuerza el compromiso del Gobierno con la igualdad de oportunidades, la inclusión social y los derechos lingüísticos de las personas con discapacidad.

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