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España entra en el fin de semana con más de 30 municipios y más de cinco millones de ciudadanos confinados

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Más de treinta municipios confinados, entre ellos cinco capitales de provincia y once ciudades de más de 100.000 habitantes. Esa es la situación en España en plena segunda ola de la pandemia cuando se llega al tercer fin de semana del mes de octubre, sin contar las restricciones parciales que se han adoptado en otros muchos lugares del país.

En todos estos municipios con confinamiento perimetral, sus ciudadanos pueden moverse libremente sin salir de los límites e ir a trabajar, pero se mantienen fuertes limitaciones para la hostelería, tanto en horarios como en aforo.

Madrid es, con sus 3,2 millones de habitantes, la ciudad más grande en confinamiento. Esa comunidad es también la que más municipios tiene con ese cierre perimetral: Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Parla y Torrejón de Ardoz. Además, están confinadas las áreas sanitarias de siete pueblos de menor tamaño: Villa del Prado, Humanes, Reyes Católicos (San Sebastián de los Reyes), Arganda del Rey, Sierra de Guadarrama (Collado Villalba), Colmenar Viejo Norte (Colmenar Viejo) y Valleaguado (Coslada).

La segunda comunidad en número de municipios confinados es Castilla-León, con tres de sus nueve capitales de provincia con estas limitaciones (León Palencia y Salamanca, que se sumará este sábado) y Burgos en una situación «muy complicada», según se admite desde la Junta. Además, hay cierre perimetral en Miranda de Ebro (Burgos), San Andrés del Rabanedo (León) e Íscar, Pedrajas y San Pedro Latarce (Valladolid).

En Galicia, Ourense es la provincia más afectada. Allí se han adoptado las medidas más restrictivas de España respecto al contacto social, ya que no se pueden reunir personas no convivientes ni consumir en el interior de bares y cafeterías. Las ciudades confinadas son la capital, Ourense, Barbadás, O Carballino, O Irixo y Boborás.

Andalucía tiene 3 municipios confinados: Écija y Linares en la provincia de Jaén y Álmodovar del Río en la de Córdoba. Finalmente, en la Comunidad de Murcia hay 5 ciudades con cierre perimetral: Lorca, Totana, Jumilla, Fortuna y Abanilla.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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