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España sobre el plan para la CV-500: «No se hará nada sin el acuerdo con vecinos y alcaldes»

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VALÈNCIA, 15 Nov. – El conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España, ha asegurado este viernes que en la carretera CV-500 «no se hará nada sin el acuerdo de los vecinos y vecinas y de los alcaldes» de las poblaciones del entorno de esta vía.

España se ha pronunciado de este modo en la rueda de prensa posterior al pleno del Gobierno valenciano, en la que ha actuado como portavoz del Ejecutivo autonómico en sustitución de la vicepresidenta y portavoz, Mónica Oltra.

El conseller ha realizado estas declaraciones preguntado por las palabras del alcalde de València, Joan Ribó, que señaló este jueves que las actuaciones que se lleven a cabo en la CV-500 se deben «consensuar con los vecinos y con el Ayuntamiento».

«Comparto plenamente y me alegro de las declaraciones del alcalde de València, entre otras cosas, porque se suma a lo que la conselleria lleva diciendo desde hace días», ha respondido Arcadi España, que ha aseverado a continuación que «no se hará nada que no esté consensuado con los alcaldes y con los vecinos y vecinas que viven alrededor de la carretera CV-500 y en el parque natural de la Albufera».

Así, el conseller ha subrayado que coincide «plenamente con el alcalde» y ha valorado que «se sume a la voluntad que hemos mostrado desde el primer momento cuando han salido esas voces disconformes con el proyecto».

«Ya se ha reunido la conselleria varias veces con los alcaldes. Continuaremos esa tarea. Y repito que no se hará nada en la CV-500 sin el acuerdo de los vecinos y las vecinas y, por supuesto, de sus representantes, que son los alcaldes», ha indicado España.

Igualmente, el titular de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad ha afirmado que se actuará «en coordinación absoluta siempre con el Ayuntamiento de València».

Fuente: (EUROPA PRESS)

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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