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Estas son las 9 comunidades autónomas en las que Hacienda subirá el precio del carburante

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Una gran parte del precio de los carburantes en España se trata de impuestos para el Estado. En concreto, el 60% del precio por litro de la gasolina y el gasóleo corresponde a impuestos.
Así, el Ministerio de Hacienda ha recogido en el proyecto de Presupuestos generales del Estado 2018 que pretende elevar el porcentaje de impuestos en hidrocarburos en nueve comunidades autónomas, lo que supondría una subida de precio.

Actualmente, los carburantes están gravados con un tramo general de 43,1 céntimos en la gasolina y 30,7 céntimos en el gasóleo. A lo que se le debe sumar el impuesto especial (2,4 céntimos) y el tramo autonómico que oscila según la comunidad que se trate (de 0 a 4,8 céntimos).

De este modo, con la nueva reforma Hacienda quiere eliminar dicho tramo autonómico, pasando el tipo máximo (4,8 céntimos) al tramo especial, que pasaría ser de 7,2 céntimos para todas las comunidades autónomas.

En concreto, las comunidades afectadas por esta subida de precio serían Castilla y León, País Vasco, Navarra, La Rioja, Cantabria, Asturias, Aragón, Madrid y Extremadura. Mientras que en el caso de Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Baleares, Castilla-La Mancha, Galicia y Asturias no habrá ninguna modificación porque ya aplicaban este tipo de impuestos.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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