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Estas son las 9 comunidades autónomas en las que Hacienda subirá el precio del carburante

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Una gran parte del precio de los carburantes en España se trata de impuestos para el Estado. En concreto, el 60% del precio por litro de la gasolina y el gasóleo corresponde a impuestos.
Así, el Ministerio de Hacienda ha recogido en el proyecto de Presupuestos generales del Estado 2018 que pretende elevar el porcentaje de impuestos en hidrocarburos en nueve comunidades autónomas, lo que supondría una subida de precio.

Actualmente, los carburantes están gravados con un tramo general de 43,1 céntimos en la gasolina y 30,7 céntimos en el gasóleo. A lo que se le debe sumar el impuesto especial (2,4 céntimos) y el tramo autonómico que oscila según la comunidad que se trate (de 0 a 4,8 céntimos).

De este modo, con la nueva reforma Hacienda quiere eliminar dicho tramo autonómico, pasando el tipo máximo (4,8 céntimos) al tramo especial, que pasaría ser de 7,2 céntimos para todas las comunidades autónomas.

En concreto, las comunidades afectadas por esta subida de precio serían Castilla y León, País Vasco, Navarra, La Rioja, Cantabria, Asturias, Aragón, Madrid y Extremadura. Mientras que en el caso de Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Baleares, Castilla-La Mancha, Galicia y Asturias no habrá ninguna modificación porque ya aplicaban este tipo de impuestos.

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Condena histórica al fiscal general: dos años de inhabilitación por revelación de secretos contra el novio de Ayuso

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Álvaro García Ortiz

El Tribunal Supremo (TS) ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, a dos años de inhabilitación y a pagar una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos. La sentencia afecta a Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien el Tribunal ordena indemnizar con 10.000 euros por daños morales.

Según la resolución del Supremo, García Ortíz vulneró la confidencialidad de información sensible relacionada con Alberto González Amador, un acto considerado grave por comprometer derechos fundamentales y la confianza en la administración pública.

Esta decisión del Tribunal Supremo marca un precedente significativo sobre la responsabilidad de altos cargos en el manejo de información confidencial, reforzando la protección jurídica frente a filtraciones o revelaciones indebidas.

 


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