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Polémica en el Vaticano: Prohíben selfies con el féretro del papa Francisco tras la difusión de imágenes en redes sociales

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Polémicos selfies con el féretro del Papa Francisco

ROMA, 25 de abril de 2025 – La Basílica de San Pedro, epicentro del luto por el fallecimiento del papa Francisco, se ha visto envuelta en la controversia. El Vaticano ha prohibido tajantemente los selfies y grabaciones frente al féretro del pontífice, tras la difusión de imágenes en redes sociales que muestran a visitantes posando sonrientes junto al cuerpo sin vida del Papa.

Selfies junto al cuerpo del Papa desatan indignación global

El papa Francisco, expuesto con túnica roja, mitra blanca y un rosario entre las manos, recibe el último adiós de miles de fieles. Sin embargo, el momento de recogimiento se ha visto alterado por el comportamiento irrespetuoso de algunos asistentes, quienes aprovecharon la ocasión para realizar videollamadas, grabaciones y selfies junto al ataúd.

El Vaticano reacciona: más seguridad y prohibición expresa

Ante la ola de críticas, el Vaticano ha reforzado los controles de acceso a la Basílica de San Pedro, prohibiendo cualquier fotografía o grabación dentro del templo. Solo se permite tomar imágenes en el exterior. La medida busca preservar el respeto y la solemnidad en uno de los momentos más significativos para la Iglesia Católica.

Ellie Costello, periodista británica de GB News, declaró desde el lugar:

«Es triste y refleja una sociedad dominada por las redes sociales. El Vaticano ha pedido que no se tomen fotos dentro, pero muchos no respetan el duelo.»

El funeral del papa Francisco y el inicio de los «Novendiales»

El funeral oficial del papa Francisco tendrá lugar este sábado 26 de abril a las 10:00 horas en la Plaza de San Pedro, presidido por el decano del Colegio Cardenalicio. Se espera la asistencia de miles de personas, así como representantes de gobiernos y religiones de todo el mundo.

Tras la ceremonia, el papa será enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor, tal como fue su deseo, en un lugar profundamente vinculado a su devoción por la Virgen María. A partir del sábado comenzarán los «Novendiales», una serie de misas durante nueve días en su honor.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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