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La UCO sostiene que las campañas de Alborch y De la Vega (PSOE) se pagaron en B

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La UCO sostiene que las campañas de Alborch y De la Vega (PSOE) se pagaron en B
Imagen de archivo con Carmen Alborch (d) y María Teresa Fernández de la Vega durante un acto del PSPV-PSOE. EFE/ Juan Carlos Cárdenas

València, 20 dic (OFFICIAL PRESS/EFE).- La Guardia Civil cree que buena parte de las iniciativas promocionales que hizo el PSOE en las campañas electorales de 2007 y 2008 en la Comunitat Valenciana, con Carmen Alborch y María Teresa Fernández de la Vega como cabezas de lista, fue abonada con cerca de medio millón de euros en «B» procedentes del empresario de la construcción Jaime María Febrer.

Parte de esos pagos supuestamente ilícitos fue abonada por la constructora manchega Gigante, al parecer con fondos del constructor valenciano Jaime María Febrer, pero también a través del grupo Gimeno -cuyo propietario ya fue condenado en el marco del caso Gürtel por una operativa similar, pero con el PP como beneficiario- y Acciona, supuestamente como consecuencia de la adjudicación de la obra de un tramo del trasvase Júcar-Vinalopó.

En el marco del caso Azud que instruye un juzgado valenciano, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil detalla varios pagos que se canalizaron a través de empresas del Grupo Gimeno, como Sitra o Facsa (cerca de 180.000 euros) y también de Construcciones Luján (120.000 euros) para abonar a diversas firmas de publicidad y comunicación la confección de gorras, camisetas, mochilas o lápices, entre otros objetos.

El sumario de una de las piezas secretas del caso Azud, que permanecía secreta hasta este martes, contiene un informe de la UCO que constata la inyección de fondos opacos a las candidaturas de las exministras a través de firmas relacionadas con Febrer, que se hicieron cargo de los gastos de diversos objetos promocionales.

Según han informado a EFE fuentes del caso, la UCO ha podido realizar estas averiguaciones a partir de los documentos que se incautaron al exresponsable de finanzas del PSPV-PSOE Pepe Cataluña (imputado en esta causa) en su domicilio.

El sumario de este caso señala que las empresas del Grupo Axis, del empresario Jaime María Febrer, abonaron a la constructora manchega Gigante Edificaciones y Obras una importante suma de dinero en concepto de gastos de publicidad con la verdadera intención de sacar esos fondos del circuito legal y destinarlos al pago de sobornos.

Con parte de esos fondos, añade el citado auto, Gigante efectuó pagos a empresas vinculadas a la publicidad, en total 484.480 euros (a Metrofilms, Industrias Gráficas Valencianas, Key, Publiexpress y Cronosport), firmas todas ellas que se dedicaban a la publicidad y que trabajaron para el PSPV.

Según detalló la instructora del caso en un reciente auto, Febrer mantenía numerosas reuniones con Pepe Cataluña en las que supuestamente abordaban cuáles debían ser las funciones que tenía que hacer Gigante para pagar, con fondos del Grupo Axis, gastos de publicidad en las campañas del PSPV.

El PSPV también abonó en 2007 una parte de la campaña electoral de Unió Valenciana, según señaló el representante de Key, acciones para la campaña electoral (buzoneo) por 102.080 euros a través de Gigante por indicación de Paco Martínez, exgerente del PSPV-PSOE.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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