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La UCO sostiene que las campañas de Alborch y De la Vega (PSOE) se pagaron en B

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La UCO sostiene que las campañas de Alborch y De la Vega (PSOE) se pagaron en B
Imagen de archivo con Carmen Alborch (d) y María Teresa Fernández de la Vega durante un acto del PSPV-PSOE. EFE/ Juan Carlos Cárdenas

València, 20 dic (OFFICIAL PRESS/EFE).- La Guardia Civil cree que buena parte de las iniciativas promocionales que hizo el PSOE en las campañas electorales de 2007 y 2008 en la Comunitat Valenciana, con Carmen Alborch y María Teresa Fernández de la Vega como cabezas de lista, fue abonada con cerca de medio millón de euros en «B» procedentes del empresario de la construcción Jaime María Febrer.

Parte de esos pagos supuestamente ilícitos fue abonada por la constructora manchega Gigante, al parecer con fondos del constructor valenciano Jaime María Febrer, pero también a través del grupo Gimeno -cuyo propietario ya fue condenado en el marco del caso Gürtel por una operativa similar, pero con el PP como beneficiario- y Acciona, supuestamente como consecuencia de la adjudicación de la obra de un tramo del trasvase Júcar-Vinalopó.

En el marco del caso Azud que instruye un juzgado valenciano, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil detalla varios pagos que se canalizaron a través de empresas del Grupo Gimeno, como Sitra o Facsa (cerca de 180.000 euros) y también de Construcciones Luján (120.000 euros) para abonar a diversas firmas de publicidad y comunicación la confección de gorras, camisetas, mochilas o lápices, entre otros objetos.

El sumario de una de las piezas secretas del caso Azud, que permanecía secreta hasta este martes, contiene un informe de la UCO que constata la inyección de fondos opacos a las candidaturas de las exministras a través de firmas relacionadas con Febrer, que se hicieron cargo de los gastos de diversos objetos promocionales.

Según han informado a EFE fuentes del caso, la UCO ha podido realizar estas averiguaciones a partir de los documentos que se incautaron al exresponsable de finanzas del PSPV-PSOE Pepe Cataluña (imputado en esta causa) en su domicilio.

El sumario de este caso señala que las empresas del Grupo Axis, del empresario Jaime María Febrer, abonaron a la constructora manchega Gigante Edificaciones y Obras una importante suma de dinero en concepto de gastos de publicidad con la verdadera intención de sacar esos fondos del circuito legal y destinarlos al pago de sobornos.

Con parte de esos fondos, añade el citado auto, Gigante efectuó pagos a empresas vinculadas a la publicidad, en total 484.480 euros (a Metrofilms, Industrias Gráficas Valencianas, Key, Publiexpress y Cronosport), firmas todas ellas que se dedicaban a la publicidad y que trabajaron para el PSPV.

Según detalló la instructora del caso en un reciente auto, Febrer mantenía numerosas reuniones con Pepe Cataluña en las que supuestamente abordaban cuáles debían ser las funciones que tenía que hacer Gigante para pagar, con fondos del Grupo Axis, gastos de publicidad en las campañas del PSPV.

El PSPV también abonó en 2007 una parte de la campaña electoral de Unió Valenciana, según señaló el representante de Key, acciones para la campaña electoral (buzoneo) por 102.080 euros a través de Gigante por indicación de Paco Martínez, exgerente del PSPV-PSOE.

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Surgen más víctimas en el caso del ex DAO y denuncias contra la cúpula policial

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El abogado de la víctima del DAO habla de nuevas acusaciones contra el exdirector y la cúpula policial

SEO Title: Surgen nuevas acusaciones contra el ex DAO de la Policía Nacional, según el abogado de la denunciante
Meta descripción: El abogado Jorge Piedrafita asegura que han aparecido nuevas posibles víctimas que señalan al exdirector adjunto operativo y a altos mandos policiales por acoso y agresiones.
Palabras clave: caso DAO Policía Nacional, José Ángel González acusaciones, Jorge Piedrafita, denuncias acoso Policía, investigación DAO


El abogado de la denunciante revela nuevas posibles víctimas en el caso del ex DAO

El abogado Jorge Piedrafita, representante de la agente de la Policía Nacional que denunció por agresión sexual al exdirector adjunto operativo, ha asegurado que han surgido nuevas comunicaciones que apuntan a más posibles víctimas dentro del cuerpo.

Según ha explicado en distintas entrevistas, al menos tres mujeres se han puesto en contacto con la defensa para relatar situaciones que describen como “terribles”, relacionadas con presunto acoso laboral e incluso agresiones sexuales atribuidas a altos mandos policiales.


Una nueva acusación apunta de nuevo al exdirector adjunto operativo

Piedrafita ha señalado que una de las comunicaciones recibidas vuelve a dirigir el foco hacia José Ángel González, lo que, a su juicio, refuerza la idea de que podría no tratarse de un caso aislado sino de un posible patrón de conducta.

El letrado ha explicado que muchos de los hechos denunciados se habrían comunicado previamente a través de los protocolos internos, aunque —según sostiene— “eso no ha funcionado”.


La investigación judicial continúa en Madrid

La causa se instruye en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid, que ha solicitado a la defensa la entrega de audios y otras pruebas aportadas en la querella.

Entre el material presentado figuran:

  • Listados de llamadas presuntamente realizadas por el exdirigente policial

  • Capturas de mensajes de WhatsApp

  • Grabaciones de audio realizadas por la denunciante

La defensa ha solicitado que todo el material permanezca bajo custodia judicial y solo pueda consultarse en sede judicial para evitar filtraciones.


Petición de reserva y posible pericial informática

La denunciante ha pedido la “plena reserva” de las pruebas para proteger su intimidad. Además, la querella contempla la realización de una pericial informática en caso de que se cuestione la autenticidad de los mensajes o audios, con el fin de garantizar su verificación forense.

Piedrafita sostiene que el caso ha generado un clima “agobiante” para su representada, que incluso ha tenido que solicitar escolta tras la presentación de la denuncia.


Contexto político y reacción institucional

En paralelo, el debate político continúa tras el anuncio del Partido Popular de impulsar una auditoría sobre la gestión del Ministerio del Interior dirigido por Fernando Grande-Marlaska, en relación con la situación generada por el caso.


Un caso que podría ampliarse

Las nuevas comunicaciones recibidas por la defensa abren la puerta a que la investigación se amplíe si se formalizan nuevas denuncias, en un procedimiento que sigue bajo instrucción judicial y que mantiene el foco en posibles responsabilidades dentro de la cúpula policial.

 

Consecuencias y repercusión en la Policía

La denuncia afecta no solo a González Jiménez, sino también a su estrecho colaborador Óscar San Juan, conocido como el ‘mini DAO’, y ha impactado gravemente en la imagen pública de la Policía Nacional. La investigación judicial determinará la veracidad de los hechos y la responsabilidad penal del ex DAO.

El caso genera un debate sobre la idoneidad de mantener en puestos clave a mandos más allá de la edad de jubilación, así como sobre la elección de personal de confianza para altos cargos. La institución se enfrenta ahora a un desafío para recuperar la credibilidad tras este episodio de alto impacto mediático y social.

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