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La UCO sostiene que las campañas de Alborch y De la Vega (PSOE) se pagaron en B

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La UCO sostiene que las campañas de Alborch y De la Vega (PSOE) se pagaron en B
Imagen de archivo con Carmen Alborch (d) y María Teresa Fernández de la Vega durante un acto del PSPV-PSOE. EFE/ Juan Carlos Cárdenas

València, 20 dic (OFFICIAL PRESS/EFE).- La Guardia Civil cree que buena parte de las iniciativas promocionales que hizo el PSOE en las campañas electorales de 2007 y 2008 en la Comunitat Valenciana, con Carmen Alborch y María Teresa Fernández de la Vega como cabezas de lista, fue abonada con cerca de medio millón de euros en «B» procedentes del empresario de la construcción Jaime María Febrer.

Parte de esos pagos supuestamente ilícitos fue abonada por la constructora manchega Gigante, al parecer con fondos del constructor valenciano Jaime María Febrer, pero también a través del grupo Gimeno -cuyo propietario ya fue condenado en el marco del caso Gürtel por una operativa similar, pero con el PP como beneficiario- y Acciona, supuestamente como consecuencia de la adjudicación de la obra de un tramo del trasvase Júcar-Vinalopó.

En el marco del caso Azud que instruye un juzgado valenciano, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil detalla varios pagos que se canalizaron a través de empresas del Grupo Gimeno, como Sitra o Facsa (cerca de 180.000 euros) y también de Construcciones Luján (120.000 euros) para abonar a diversas firmas de publicidad y comunicación la confección de gorras, camisetas, mochilas o lápices, entre otros objetos.

El sumario de una de las piezas secretas del caso Azud, que permanecía secreta hasta este martes, contiene un informe de la UCO que constata la inyección de fondos opacos a las candidaturas de las exministras a través de firmas relacionadas con Febrer, que se hicieron cargo de los gastos de diversos objetos promocionales.

Según han informado a EFE fuentes del caso, la UCO ha podido realizar estas averiguaciones a partir de los documentos que se incautaron al exresponsable de finanzas del PSPV-PSOE Pepe Cataluña (imputado en esta causa) en su domicilio.

El sumario de este caso señala que las empresas del Grupo Axis, del empresario Jaime María Febrer, abonaron a la constructora manchega Gigante Edificaciones y Obras una importante suma de dinero en concepto de gastos de publicidad con la verdadera intención de sacar esos fondos del circuito legal y destinarlos al pago de sobornos.

Con parte de esos fondos, añade el citado auto, Gigante efectuó pagos a empresas vinculadas a la publicidad, en total 484.480 euros (a Metrofilms, Industrias Gráficas Valencianas, Key, Publiexpress y Cronosport), firmas todas ellas que se dedicaban a la publicidad y que trabajaron para el PSPV.

Según detalló la instructora del caso en un reciente auto, Febrer mantenía numerosas reuniones con Pepe Cataluña en las que supuestamente abordaban cuáles debían ser las funciones que tenía que hacer Gigante para pagar, con fondos del Grupo Axis, gastos de publicidad en las campañas del PSPV.

El PSPV también abonó en 2007 una parte de la campaña electoral de Unió Valenciana, según señaló el representante de Key, acciones para la campaña electoral (buzoneo) por 102.080 euros a través de Gigante por indicación de Paco Martínez, exgerente del PSPV-PSOE.

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El Congreso tumba los dos decretos de vivienda del Gobierno tras el rechazo de PP, Vox y Junts

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ley del alquiler
Vivienda en alquiler ARCHIVO OFFICIAL PRESS

El Congreso de los Diputados ha rechazado los dos reales decretos-ley de vivienda sometidos a convalidación en el pleno extraordinario celebrado este viernes. Al no obtener la mayoría necesaria, las normas no han sido convalidadas por la Cámara.

El efecto jurídico concreto sobre cada medida depende del contenido de los decretos y de su eventual tramitación parlamentaria. En términos generales, cuando un real decreto-ley no es convalidado, deja de producir efectos conforme a lo previsto en la Constitución y en la normativa aplicable, sin perjuicio de las situaciones jurídicas generadas durante el periodo en el que estuvo vigente.

El Congreso no convalida los dos decretos de vivienda

El primer decreto ha sido rechazado por 178 votos frente a 172. En la segunda votación, el resultado ha sido de 184 votos en contra y 166 a favor.

PP, Vox, Junts y UPN han votado en contra de los dos textos. En el segundo decreto también se han opuesto otras formaciones, entre ellas el PNV y Coalición Canaria, según el resultado de la votación comunicado tras el pleno.

La falta de convalidación impide que ambos reales decretos-ley continúen aplicándose como normas de urgencia en los términos en los que fueron aprobados. No obstante, la consecuencia sobre contratos, procedimientos judiciales o situaciones iniciadas durante su vigencia debe determinarse conforme a las disposiciones transitorias, al contenido de cada decreto y a la interpretación de los órganos competentes.

Junts mantiene su rechazo a los decretos

El voto de Junts ha contribuido a que el Gobierno no alcanzara la mayoría necesaria para convalidar los textos. La formación catalana había reclamado la retirada de los decretos y la elaboración de una nueva propuesta que permitiera negociar las medidas de vivienda.

Junts ha cuestionado parte del contenido de las normas y ha defendido la necesidad de introducir modificaciones antes de plantear una nueva votación parlamentaria.

El Gobierno decidió mantener el debate y someter ambos reales decretos-ley a la consideración del pleno para su convalidación.

¿Qué medidas dejan de estar vigentes?

La no convalidación afecta a las medidas incorporadas específicamente en los dos reales decretos-ley, entre ellas las disposiciones sobre protección de determinados hogares vulnerables frente a procedimientos de desahucio y las previsiones relativas a la duración o prórroga extraordinaria de algunos contratos de alquiler.

También quedan afectadas las restantes modificaciones normativas incluidas en esos textos sobre vivienda y arrendamientos. Sin embargo, no desaparece toda la regulación estatal sobre estas materias: continúan vigentes las normas anteriores que no hayan sido modificadas o sustituidas por los decretos rechazados.

La aplicación práctica de la pérdida de vigencia puede variar según la medida concreta, la fecha en la que se inició cada procedimiento y las reglas transitorias previstas. Por ello, el rechazo parlamentario no permite afirmar automáticamente que todos los contratos o procedimientos afectados vuelvan a la situación anterior en idénticos términos.

El Gobierno deberá valorar nuevas iniciativas

El rechazo de los decretos obliga al Ejecutivo a valorar si presenta nuevas iniciativas legislativas y qué cambios introduce para intentar obtener una mayoría suficiente en el Congreso. Cualquier nueva medida deberá seguir el procedimiento parlamentario correspondiente y no tendrá efectos hasta su aprobación y entrada en vigor.

La vivienda continúa en el centro del debate político por la evolución de los precios del alquiler, la disponibilidad de viviendas y las dificultades de acceso para determinados colectivos.

La votación deja pendiente la negociación entre el Gobierno y los grupos parlamentarios sobre la protección de los hogares vulnerables, la regulación de los arrendamientos y el resto de medidas incluidas en los decretos que no han sido convalidados.

El Gobierno abre la puerta a un adelanto electoral si decaen los decretos de vivienda

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