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Fernando López Miras podría ser reelegido Presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia el próximo 26 de Julio

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Ana Cánovas

Tras haber alcanzado un acuerdo entre VOX, Ciudadanos y PP en la Región de Murcia, el próximo miércoles podría ser la fecha elegida para la celebración del Pleno de Investidura del presidente autonómico, Fernándo López Mirás.

Para ello, mañana el Presidente de la Asamblea Regional de Murcia, Alberto Castillo, iniciará la ronda de consultas, la segunda tras la investidura fallida, para que, después de que lo apruebe la junta de portavoces el lunes, se celebre el segundo debate de investidura de la legislatura el miércoles y viernes próximo.

La ronda de consultas de mañana se inicia a las 9:00 horas con el PSOE; seguido del Grupo Mixto a las 9:30 horas; Vox a las 11:00 horas, Ciudadanos a las 11:30, para acabar con el PP a las 12:00 horas. De esa ronda saldrá oficialmente el candidato a la investidura, que se someterá al debate el miércoles en primera sesión, con el discurso del candidato, y dejará la segunda sesión para el viernes 26, con la intervención de los grupos parlamentarios y la votación.

Se establece este calendario para que no coincida con el debate de investidura de Pedro Sánchez a la presidencia del gobierno de España.

Según ha avanzado el presidente de la Asamblea Alberto Castillo, el viernes 26 al filo del mediodía, la Región de Murcia podría tener ya presidente.

Según Castillo los días propuestos para el debate se deben en parte para no interferir con el debate de investidura del presidente en funciones, Pedro Sánchez, que comenzará el lunes 22 en el Congreso.

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El BOE publica las normas para acreditar los diplomas de Lengua de Signos Española

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El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes la normativa que regula el primer sistema oficial de acreditación de la Lengua de Signos Española (LSE), una medida clave para avanzar en inclusión y accesibilidad en España.

Entra en vigor el sistema de diplomas de Lengua de Signos Española

El nuevo marco legal, recogido en el Real Decreto 262/2026, establece los Diplomas de Lengua de Signos Española (DLSE), cuyo objetivo principal es mejorar el acceso al empleo público y reconocer oficialmente la competencia en esta lengua.

La normativa entrará en vigor a finales de abril, concretamente veinte días después de su publicación en el BOE.

Un paso clave para la inclusión y la igualdad

Esta iniciativa supone un avance significativo para las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, al facilitar su integración social y laboral.

El decreto se enmarca dentro de la Ley 27/2007, que reconoce las lenguas de signos españolas y establece su marco normativo.

Además, permitirá equiparar estos diplomas a otros sistemas oficiales de certificación lingüística, como los de idiomas extranjeros.

Niveles oficiales de acreditación: de A1 a C2

El sistema contempla seis niveles de competencia lingüística, siguiendo estándares europeos:

  • A1 y A2 (nivel básico)
  • B1 y B2 (nivel intermedio)
  • C1 y C2 (nivel avanzado)

Este modelo permitirá evaluar de forma objetiva el dominio de la Lengua de Signos Española, tanto para fines profesionales como académicos.

Primer sistema nacional con validez en toda España

Hasta ahora, no existía un sistema estatal unificado para acreditar la Lengua de Signos Española. Con esta medida, cualquier persona —sorda, sordociega u oyente— podrá obtener un título oficial válido en todo el territorio nacional.

Los diplomas servirán como mérito en procesos de empleo público, así como en ámbitos educativos y profesionales.

Organismos responsables del sistema

El Real Patronato sobre Discapacidad será el encargado de organizar las pruebas y gestionar los diplomas, bajo la dirección académica del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española.

Estas evaluaciones se diseñarán conforme a criterios europeos, garantizando objetividad, fiabilidad y accesibilidad.

Un impulso a los derechos lingüísticos

Desde el Ministerio de Derechos Sociales, liderado por Pablo Bustinduy, destacan que este decreto refuerza el compromiso del Gobierno con la igualdad de oportunidades, la inclusión social y los derechos lingüísticos de las personas con discapacidad.

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