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Ford recortará 7.000 empleos para finales de agosto

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La firma automovilística estadounidense Ford eliminará alrededor del 10% de su fuerza laboral en todo el mundo, unos 7.000 empleos, para finales de agosto, como parte de su plan de reestructuración.

El presidente de la compañía, Jim Hackett, ha asegurado en un correo electrónico enviado a los trabajadores que el recorte de empleo incluye tanto bajas voluntarias como despidos. Cerca de 2.300 personas estarían afectadas en Estados Unidos (EEUU), según un portavoz de la empresa. Hackett ha detallado que Ford prescindirá de cerca del 20% de los altos directivos, en un movimiento que también pretende reducir la burocracia de la empresa y acelerar la toma de decisiones.

«Para tener éxito en nuestra industria competitiva, y posicionar a Ford para ganar en un futuro que cambia rápidamente, debemos reducir la burocracia, capacitar a los gerentes, acelerar la toma de decisiones, concentrarnos en el trabajo más valioso y reducir los costes», ha apuntado Hackett en el correo electrónico.

La notificación a los empleados afectados por esta medida de la firma del óvalo en Norteamérica comenzará este martes. Después, Ford continuará con su plan de reestructuración en Europa (donde aspira a obtener en el largo plazo un margen operativo del 6%), China, Sudamérica y otros mercados internacionales.

 

ESPAÑA

En España, Ford cuenta con una factoría ubicada en Almussafes (Valencia) en la que emplea a 8.000 personas. Ford ya avanzó en octubre del año pasado «decisiones duras» en Europa para buscar la rentabilidad, que implicarían la reducción de costes en todos los ámbitos y el recorte de plantilla.

El director de Fabricación de Ford España, Dionisio Campos, concretó en diciembre que los reajustes en Almussafes todavía no habían sido definidos. Fuentes de Ford España consultadas por Europa Press explicaron que la compañía está estudiando el posible impacto que podría tener esta medida sobre su plantilla en España.

Dichas fuentes destacaron que la reciente comunicación de Ford en Estados Unidos recoge su intención de recortar en un 10% su plantilla en oficinas y que, por el momento, no se está hablando de puestos de trabajo vinculados con la producción.

Así, señalaron que las acciones orientadas a reducir costes en el continente europeo concentrarán los reajustes de plantilla en Reino Unido y Alemania, que es donde la firma tiene sus sedes regionales, más que en España.

Fuente: Europa Press

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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