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Francesc Roig, nuevo secretario general de Joves PV-Compromís

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VALÈNCIA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) –

Los afiliados a Joves PV-Compromís, la organización juvenil del BLOC y de Gent de Compromís, han elegido este sábado con un 78% de los votos la candidatura ‘Impulsa’, encabezada por Francesc Roig, quien será el secretario general de la organización durante los próximos dos años, según ha informado la formación en un comunicado.

La votación se ha celebrado en el marco del II Congreso Nacional de la organización juvenil del Bloc y Gent de Compromís, en el que han participado la coordinadora general del Bloc, Àgueda Micó; el Conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deportes, Vicent Marzà; y la vicepresidenta de la Diputación de València, Maria Josep Amigó, entre otras personalidades.

Roig ha explicado ante los dirigentes y centenares de militantes de la organización, que la voluntad del equipo que lidera es «seguir haciendo de Joves PV y de Compromís la herramienta política al servicio de los valencianos».

Asimismo, el joven ha felicitado a los asistentes por el desarrollo del congreso, en un debate que ha calificado de «ejemplar», y ha destacado la voluntad de «trabajar para parar el radicalismo de la extrema derecha en el Estado Español».

Por su parte, la coordinadora nacional del Bloc, Àgueda Micó, ha manifestado «el orgullo de un equipo preparado para los retos del futuro de la organización, encarando una de las campañas electorales más importantes de la historia del valencianismo político».

Por otro lado, en el congreso también ha designado a los representantes de la formación en el Consell Nacional del Bloc y al Consejo General de Compromís.

FRANCESC ROIG
Francesc Roig (Orba, la Marina Alta, 1992) participa en movimientos sociales desde su juventud y es socio de varias ONG. Graduado en Trabajo Social y Cooperación Internacional, ha trabajado en el ámbito de la igualdad en Bolivia, y es profesor asociado en el Master en Cooperación de la Universidad de Valencia.

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Julio Iglesias demanda a Yolanda Díaz por llamarlo “abusador sexual”

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julio iglesias estado salud
Julio Iglesias-ARCHIVO

Julio Iglesias pasa al contraataque judicial contra Yolanda Díaz

El cantante Julio Iglesias ha presentado una demanda de conciliación contra la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, por las declaraciones en las que lo calificó de “abusador sexual” y habló de supuestas situaciones de “esclavitud” y “estructura de poder basada en la agresión permanente”.

La acción judicial, paso previo a una posible querella por calumnias o injurias, solicita que la ministra de Trabajo se retracte públicamente, reconozca el daño causado y abone una indemnización en función de la difusión de sus manifestaciones.


La demanda se produce tras el archivo de la denuncia en la Audiencia Nacional

El movimiento del artista llega después de que la denuncia presentada por dos extrabajadoras ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional fuera archivada en enero por falta de competencia.

Según el escrito de la defensa, Iglesias nunca ha tenido la condición de investigado ni de sospechoso en el procedimiento.


Las declaraciones de Yolanda Díaz en redes y televisión

Los abogados del cantante señalan especialmente un mensaje publicado por Díaz en redes sociales el 13 de enero, en el que aludía a testimonios de extrabajadoras y agradecía a periodistas por difundir el caso.

Además, citan una entrevista en televisión en la que la vicepresidenta se refirió al artista como “presunto agresor” y habló de vulneraciones graves de derechos en el entorno laboral.

Tras conocerse la demanda, Díaz reafirmó su postura señalando que seguirá defendiendo a las mujeres trabajadoras “con denuncias o sin denuncias”.


La defensa invoca la presunción de inocencia

El equipo jurídico del cantante, encabezado por el penalista José Antonio Choclán, sostiene que las declaraciones de la vicepresidenta vulneran el derecho a la presunción de inocencia y afectan al honor y la reputación del artista.

El escrito argumenta que atribuir la condición de víctimas a las denunciantes sin hechos acreditados supone emitir prejuicios de culpabilidad desde una posición institucional.


Posibles nuevas acciones legales

La demanda de conciliación es el primer paso dentro de una estrategia legal más amplia. La defensa también ha solicitado acceder al contenido íntegro de las actuaciones de la Fiscalía para valorar si procede emprender otras acciones, incluido el análisis de un posible delito de denuncia falsa.


Un conflicto con dimensión política y mediática

El caso añade tensión al debate público sobre las acusaciones, el papel de las instituciones y la protección de la reputación, situando el foco tanto en el ámbito judicial como en el político.

La evolución del procedimiento dependerá ahora de si se produce un acto de conciliación o si finalmente se formaliza una querella.


 

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