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Francesco Arcuri recoge a sus hijos que Juana Rivas había entregado antes a la Guardia Civil

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Franceso Arcuri ya tiene junto a sí a los hijos, de 3 y 11 años, que tuvo con Juana Rivas, la madre granadina que en 2016 abandonó el domicilio que ambos tenían en Italia junto a los pequeños, después de acusar al padre por violencia machista en dos ocasiones. Arcuri había solicitado a la justicia española que Rivas le permitiera ver a sus hijos, a lo que Rivas se había negado. Finalmente y tras semanas de incertidumbre, los niños están con el padre pero el caso, en lo que hacer referencia a Juana Rivas no parece cerrarse.

Y es que este lunes se ha conocido también que la Fiscalía de Granada, que había solicitado prisión provisional comunicada y sin fianza cuando fue detenida y puesta a disposición judicial después de que el pasado martes acudiera al Juzgado de Guardia a entregarse tras tres semanas escondida junto a sus hijos. El juez de guardia decretó su puesta en libertad y la no obligación de hacer entrega de los niños, sin entrar en el fondo de la cuestión familiar. Y esa decisión la que, ahora, la fiscalía quiere apelar, porque entiende que concurren las mismas circunstancias que derivaron en su detención, aunque la madre ya haya entregado a los dos niños al padre.

Un mes después
Juana Rivas había entregado en la mañana de este lunes a sus hijos a la Guardia Civil, anticipándose así la petición del Juzgado de Instrucción Número 2 de Granada que había solicitado a la madre de Maracena, investigada por ‘desobediencia judicial y sustracción de menores, la entrega de sus hijos al padre —a quien las distintas instancias judiciales le habían ido dando la razón para poder ver a sus hijos y llevarlos a Italia en donde tienen fijada su residencia antes de que Juana Rivas decidiera regresar a España, tras acusar al padre de violencia machista—, para lo cual se había fijado como plazo máximo  de entrega las 17 horas de hoy en un centro de encuentro granadino.

Aunque Juana eludió la detención y logró de un Juzgado de Guardia su libertad y la no exigencia de devolver a sus hijos al padre, tras mantener a sus hijos escondidos durante tres semanas haciendo caso omiso a las distintas sentencias judiciales que la apremiaban a entregar a los niños al progenitor, el pasado viernes, el juzgado de Instrucción Número 2 de Granada instó a Juana a hacer la entrega a las 17 horas de este lunes.

Cabe recordar que Juana Rivas lucha por evitar que sus hijos tengan que volver a Italia con su padre, a quien denunció por malos tratos y quien cumplió condena de tres meses en su país en 2009. Posteriormente, la pareja retomó la relación y, en ese proceso, nació su segundo hijo. Juana Rivas ha presentado denuncia en España por malos tratos de su marido, en un giro de la estrategia judicial de su equipo que espera que ahora el caso ya pueda ser tratado en España. Los tribunales españoles se habían declarado inhábiles en este caso dado que los hechos juzgados se habían producido en Italia.

Foto: Twitter

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Le cobran 12 euros por un colgador de bolso en un restaurante de Ibiza 

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colgador bolso restaurante Ibiza 
Restaurante japonés Wakame

La polémica se ha desatado en Ibiza tras conocerse el caso de una clienta que recibió en su cuenta un cargo de 12 euros por un simple gancho para colgar el bolso en la mesa. La asociación FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado al restaurante japonés Wakame, ubicado en la isla, por considerar que se trata de una práctica abusiva contraria a la legislación de consumo.

El caso: de una oferta amable a un cobro inesperado

Según relató la afectada en la red social X (antes Twitter), la camarera del establecimiento le ofreció “amablemente” colocar su bolso en un gancho instalado en la mesa. En un primer momento, la clienta rechazó la propuesta, pero la insistencia del personal la llevó a aceptar. La sorpresa llegó al recibir la cuenta, donde figuraba un cargo adicional bajo el concepto «gancho bolsa».

El restaurante ha intentado justificar el cobro alegando que en ocasiones anteriores algunos clientes se llevaban el accesorio pensando que era gratuito. Por ello, aseguran que aplican el importe como “depósito” para evitar olvidos a la hora de retirarlo, afirmando que se descuenta al pagar salvo que el cliente quiera quedárselo.

Sin embargo, FACUA señala que en ningún momento se informó a la consumidora del coste antes de ofrecerle el servicio, algo que la ley obliga a hacer de forma clara y previa. Además, recuerdan que este tipo de colgadores se pueden adquirir en el mercado por poco más de un euro, lo que hace que el cobro resulte “desproporcionado y abusivo”.

Qué dice la ley sobre este tipo de cobros

FACUA fundamenta su denuncia en el Real Decreto Legislativo 1/2007, que aprueba la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Esta norma prohíbe prácticas comerciales desleales, cobros por servicios no solicitados expresamente y cláusulas abusivas que generen un desequilibrio entre las partes.

Asimismo, el artículo 20 establece que cualquier servicio debe mostrar su precio final completo, incluyendo impuestos y gastos adicionales, antes de que el consumidor lo acepte.

La Ley 7/2014 de las Islas Baleares también sanciona la utilización de métodos de venta que induzcan a pagar servicios accesorios no solicitados o que confundan al consumidor sobre su coste real.

FACUA pide sanciones

Ante estos hechos, FACUA ha solicitado a la Dirección General de Prestaciones, Farmacia y Consumo del Gobierno balear que abra una investigación y, en caso de confirmarse la irregularidad, imponga un expediente sancionador al restaurante.

La asociación recuerda que cualquier establecimiento que quiera cobrar por un servicio opcional debe informar de forma previa y clara al cliente y permitirle decidir libremente si lo adquiere o no. De lo contrario, la ley considera que se trata de un obsequio o atención comercial y no puede cobrarse después.

Un debate que incendia las redes

El caso ha provocado un intenso debate en redes sociales, donde muchos usuarios han criticado el cobro y lo consideran un ejemplo de cómo algunos negocios aplican tarifas abusivas en zonas turísticas como Ibiza. Otros apuntan que, aunque el restaurante intente justificarlo como un “depósito”, el hecho de no informar previamente vulnera los derechos básicos de los consumidores.

FACUA concluye que este tipo de prácticas dañan la imagen del sector hostelero y suponen un riesgo para el turismo de calidad en las Islas Baleares.

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