Síguenos

PORTADA OFFICIAL PRESS

Fraude masivo en la comercialización de luz y gas ‘a puerta fría’

Publicado

en

apagón eléctrico europa

La organización de consumidores FACUA denuncia un fraude masivo en la comercialización de luz y gas ‘a puerta fría’. FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido a los ministros de Energía, Álvaro Nadal, y Sanidad, Dolors Montserrat -competente en materia de consumo- para solicitarles la prohibición de la comercialización puerta a puerta desarrollada por muchas compañías de luz y gas para ofrecer supuestos descuentos que acaban inflando las facturas de los usuarios. En su escrito, Paco Sánchez Legrán, presidente de la asociación, les pide que pongan en marcha las iniciativas legislativas necesarias para impedir estas prácticas.

FACUA advierte de que tras estas prácticas hay un fraude masivo por el que los comerciales acuden a los domicilios de los usuarios para cambiarles sus contratos mediante todo tipo de engaños, ante la pasividad del Gobierno y las comunidades autónomas. La asociación denuncia que se están repitiendo las irregularidades que se produjeron en el sector de las telecomunicaciones a comienzos de la década pasada, cuando varias compañías se dedicaron a secuestrar las líneas de cientos de miles de usuarios mediante engaños e incluso la falsificación de contratos. Y una vez más, las administraciones no están tomando las medidas necesarias para acabar con este tipo de irregularidades.

A comienzos de año, el 59% de los contratos de electricidad (17,1 millones) estaban realizados con un comercializador de mercado libre, pese a que recientes estudios tanto de la CNMC como de FACUA ponen de manifiesto que generalmente las ofertas en estas tarifas resultan más caras que las del mercado semirregulado (PVPC). Si un consumidor cambia de compañía para acabar pagando más que antes, es obvio que se ha producido un fraude en la contratación, denuncia FACUA.

El año pasado, la asociacíon trasladó a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) denuncias de 270 usuarios de toda España que habían sido víctimas de engaños por parte de comerciales de las compañías energéticas. La CNMC ha sancionado a varias compañías por este tipo de fraudes y en la actualidad analiza los casos denunciados por FACUA.

Una larga lista de mentiras

FACUA reclama al Gobierno que actúe para eliminar una práctica agresiva que deja desprotegidos a los consumidores ante los numerosos abusos y ofertas engañosas que reciben con estas visitas. La asociación viene recibiendo numerosas denuncias de afectados, por las que ha contabilizado hasta 17 tipos de engaños para realizar las modificaciones contractuales.

En muchos casos, los comerciales ni siquiera aclaran a los usuarios que les están ofertando otras tarifas, sino que les hacen creer que tienen que firmar un documento para autorizar a su compañía al cambio o reparación del contador, a la aplicación de un descuento o a actualizar su contrato porque el vigente ya no se ajusta a la ley.

En las visitas a puerta fría, los comerciales también confunden a los consumidores ofertándoles descuentos en el término de potencia, el de energía o en la totalidad de la factura que o no existen o no se aplican en el PVPC, sino sobre tarifas mucho más caras o incluso que están condicionadas a la contratación de otros productos. Además, con el cambio al mercado libre los usuarios con bono social pierden el derecho a este descuento, lo que agrava aún más la situación económica de los consumidores vulnerables.

En las cartas dirigidas a los Ministerios de Energía y el de Sanidad, FACUA advierte de que resultan especialmente gravoso para los usuarios los cambios fraudulentos del mercado semirregulado -PVPC en electricidad y TUR en gas- al mercado libre. Los comerciales prometen supuestos descuentos en la factura si se cambian a tarifas del mercado liberado pero en la gran mayoría de casos lo que hacen en realidad es hinchar aún más los recibos.
Fuente: Facua

Advertisement
Click para comentar

Tienes que estar registrado para comentar Acceder

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

PORTADA OFFICIAL PRESS

Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

Publicado

en

precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

Puedes seguir toda la actualidad visitando Official Press o en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter o Instagram y también puedes suscribirte a nuestro canal de WhatsApp.

Continuar leyendo