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#GÜRTEL| Correa: «Ricardo Costa fue quien nos dijo que facturáramos a los empresarios «

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(EUROPA PRESS) El líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, ha afirmado este martes durante su declaración en el juicio por la presunta financiación ilegal del PP valenciano que era la formación política, y concretamente el ex secretario general del partido regional, Ricardo Costa, la que indicaba a Orange Market, empresa vinculada a la trama Gürtel, los empresarios a los que debían facturar los actos de las campañas de las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y de las generales de 2008 si «querían cobrar».

«Sabía que para cobrar teníamos que facturar a los empresarios que se han sentado aquí», ha dicho en referencia a los nueve acusados que han confesado que sufragaron de forma irregular parte de los actos electorales de los ‘populares’ valencianos. Ante esto, la fiscal Myriam Segura ha pedido que concrete de quien era esta «iniciativa». «El Partido Popular», ha contestado y relatado que les decían: «¿queréis cobrar? Tenéis que facturar a esas empresas».

«Todas las facturas que nosotros hemos emitido a estos empresarios que han pasado por aquí son trabajos reales para el PP», ha enfatizado. Después, ha precisado al abogado del Estado, Edmundo Bal, que las facturas «tenían que haber sido emitidas al PP pero como ellos no nos podían pagar nos dijeron: ‘facturárselo a estos empresarios'».

Tras la insistencia de Bal, y ya que no ha concretado a la fiscal Myriam Segura, ha dicho que era consciente de esta advertencia porque se lo comunicaba su ‘número dos’, Pablo Crespo, que era el que llevaba «el día a día» de las empresas de la Gürtel y que era el que se reunía con Costa para concretar estos detalles. «No se imagina el enfado con el que vino a Madrid», ha señalado sobre su mano derecha, porque en su «actividad anterior era político» y sabía el «problema» que esto podía conllevar.

Correa ha indicado también que «imagina» que a los industriales también les «obligaron» a pagar a Orange Market si después se querían verse beneficiados. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, el PP pagó a Orange Market un total de 3,4 millones de euros en actos electorales y otros eventos entre 2007 y 2008. Sobre los gastos electorales, se precisa que la formación política abonó 2,03 millones de euros, de los cuáles 1,2 millones fueron sufragados por los empresarios.

BUSCA UNA REBAJA DE SU PETICIÓN DE PENA
Esta confesión por parte de Correa se enmarca en su actitud de colaboración con la Justicia que anunció ya en el anterior juicio de la trama Gürtel, relativo a sus primeros años de actividad (1999-2005). Hace unos días, mandó un escrito al juez de la Audiencia Nacional José María Vázquez Honrubia en el que ya reconoció que el PP liderado entonces por el expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps, pagó a Orange Market en negro y con facturas falsas los servicios prestados para la organización de las campañas electorales de 2007 y 2008.

Correa busca que Anticorrupción rebaje su petición inicial de pena, de 22 años de prisión por tres delitos electorales correspondientes a las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008, un delito de falsedad documental y seis delitos contra la Hacienda Pública. La fiscal Myriam Segura anunció durante la fase de cuestiones previas que si se corrobora que el líder de la Gürtel colabora con la justicia durante el juicio, estaría dispuesta a disminuir su solicitud de condena.

El líder de la Gürtel ha asegurado que no conoce «absolutamente a nadie del PP de Valencia». En este sentido ha contado que a Costa, sólo le ha visto una vez y que en otra ocasión «charló» por teléfono para animarle porque «estaba bajo de moral».

En cuanto a Camps, ha relatado que le conoció en la boda de la hija del expresidente del Gobierno José María Aznar y que el que tenía relación con él era Álvaro Pérez ‘El Bigotes’ porque se lo presentó el yerno de Aznar, Alejandro Agag. «Cuando dejamos de trabajar para Madrid -en alusión al PP nacional– Camps conoció a Álvaro a través de Alejandro Agag y le dijo que le gustaba mucho su trabajo y empezó a hacer cosas allí», ha explicado.

Correa ha reiterado que ‘El Bigotes’ es «muy buen creativo» y que fue quien dirigió Orange Market. «Tuvimos muy poquito trabajo para la Generalitat, cuando otros tuvieron mucho más», ha dicho para continuar lamentado que tienen que «oír» que montaron esta empresa «para delinquir en Valencia» y que casi tienen que dejar de trabajar con Pérez porque casi no tenían adjudicaciones en esa comunidad autónoma.

NO LE CONOCÍAN EN VALÈNCIA

En este sentido, ha asegurado que «nadie le ha pagado nada» y que no sabía quién hacía las facturas en Orange Market. «Ninguno de los empleados de Orange Market me conocía, no iba yo por València, en contra de lo que mucha gente cree», ha agregado.

En otra parte de la declaración, Correa ha insistido, con un tono un poco elevado, que ha llevado al juez José María Vázquez Honrubia a instarle a que diese un trago a la coca-cola que ha tomado durante la declaración, que todos sus trabajadores y sus empresas «han hecho un trabajo honrado» y que si emitieron facturas falsas «para poder cobrar por trabajos realizados» era por que el PP «no les pagaban». «No hay ni una sola factura por un trabajo no realizado», ha concluido.

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Sancionan a un guardia civil por emborracharse en Moncloa y hacerle ‘un calvo’ al escolta de Pedro Sánchez

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guardia civil Moncloa calvo escolta Sánchez
Fachada del Edificio del Consejo en el Complejo de La Moncloa | Foto: Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa. La Moncloa, Madrid -

El Tribunal Supremo ha ratificado la sanción disciplinaria impuesta a un agente de la Guardia Civil que consumió alcohol durante su turno de trabajo en el complejo de la Moncloa y realizó un gesto obsceno al jefe de escoltas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La Sala de lo Militar ha confirmado la pérdida de veinte días de haberes con suspensión de funciones, al considerar acreditados los hechos y proporcional la sanción por una falta grave cometida en el ejercicio de sus funciones.

Los hechos ocurrieron durante un turno de trabajo en Presidencia del Gobierno

Según recoge la sentencia, los hechos se produjeron el 1 de abril de 2022, cuando el guardia civil acudió a su turno de tarde tras haber consumido dos cervezas y varios pinchos en una cafetería. El agente tenía asignada la vigilancia del gimnasio del personal de seguridad de Presidencia del Gobierno, una instalación situada en el complejo de la Moncloa.

Durante su servicio, un brigada y un cabo accedieron a la sala de cardio con una botella de ginebra, algo que el agente permitió pese a estar expresamente prohibido. Además, el propio guardia civil consumió alcohol, bebiendo combinados de ginebra con refresco.

El gesto al jefe de escoltas de Pedro Sánchez

Horas después, alrededor de las 19:00 horas, un subinspector de Policía y el jefe de escoltas del presidente del Gobierno accedieron al gimnasio. Según los testimonios recogidos en la causa, encontraron al guardia civil con síntomas evidentes de embriaguez.

En ese momento, el agente sancionado se bajó los pantalones y mostró el trasero, mientras bailaba y se colocaba en cuclillas, una conducta que quedó reflejada en los hechos probados de la sentencia del Tribunal Militar Central, ahora confirmada por el Supremo.

El Supremo rechaza el recurso del agente sancionado

El Tribunal Supremo ha desestimado todos los argumentos presentados por el guardia civil en su recurso, rechazando que se haya vulnerado su presunción de inocencia, el derecho de defensa, el principio de legalidad o la proporcionalidad de la sanción.

La Sala subraya que existen numerosas declaraciones testificales coincidentes que acreditan que el agente presentaba fuerte olor a alcohol, voz pastosa, frases incoherentes y un comportamiento inadecuado para alguien que se encontraba de servicio. Incluso uno de los testigos reconoció haber consumido bebidas alcohólicas junto al sancionado.

Conducta “indigna” de un guardia civil

En su resolución, el alto tribunal considera especialmente grave que el agente estuviera de servicio bajo los efectos del alcohol, incumpliendo las normas del recinto que debía vigilar, y califica su comportamiento como “incorrecto, irrespetuoso e indigno de un guardia civil”.

El Supremo concluye que la sanción impuesta es adecuada a la gravedad de los hechos, teniendo en cuenta que ocurrieron en el lugar de trabajo, dentro de un espacio vinculado directamente a la seguridad de la Presidencia del Gobierno.

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