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GÜRTEL| La Audiencia Nacional confirma la existe de indicios para juzgar a Camps por irregularidades en Fitur

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Madrid, 17 sept. – La Sala de lo Penal de la Audiencia ha confirmado el auto de pase a procedimiento abreviado dictado por el instructor del caso Gürtel en el que proponía juzgar al expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps por un delito de prevaricación administrativa en la pieza 5 de este procedimiento que investiga las irregularidades producidas en la adjudicación de los contratos a las entidades expositoras en el stand de grandes eventos de Fitur 2009.

En un auto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal desestima el recurso presentado por Camps y señala que han quedado acreditados los indicios de criminalidad que exige la ley para continuar las actuaciones por los trámites del procedimiento abreviado y ello con independencia de que puedan o no ser suficientes en su caso para fundar una condena de los investigados por el delito imputado.

La resolución relata que los expositores que participaron en las reuniones anteriores a la ejecución de los contratos afirmaron que se les informó de que serían autorizados por Presidencia y que los llevaría a cabo Orange Market.

Los jueces detallan todos los indicios que incluye el auto recurrido, como por ejemplo el conocimiento de Camps Ortiz de la existencia de deudas del PP de Valencia con la mercantil Orange Market. También, señala la Sala, “ha quedado acreditado indiciariamente la participación directa y personal de Camps Ortiz en la adjudicación irregular del stand de grandes eventos Fitur 2009”.

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El BOE publica las normas para acreditar los diplomas de Lengua de Signos Española

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El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes la normativa que regula el primer sistema oficial de acreditación de la Lengua de Signos Española (LSE), una medida clave para avanzar en inclusión y accesibilidad en España.

Entra en vigor el sistema de diplomas de Lengua de Signos Española

El nuevo marco legal, recogido en el Real Decreto 262/2026, establece los Diplomas de Lengua de Signos Española (DLSE), cuyo objetivo principal es mejorar el acceso al empleo público y reconocer oficialmente la competencia en esta lengua.

La normativa entrará en vigor a finales de abril, concretamente veinte días después de su publicación en el BOE.

Un paso clave para la inclusión y la igualdad

Esta iniciativa supone un avance significativo para las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, al facilitar su integración social y laboral.

El decreto se enmarca dentro de la Ley 27/2007, que reconoce las lenguas de signos españolas y establece su marco normativo.

Además, permitirá equiparar estos diplomas a otros sistemas oficiales de certificación lingüística, como los de idiomas extranjeros.

Niveles oficiales de acreditación: de A1 a C2

El sistema contempla seis niveles de competencia lingüística, siguiendo estándares europeos:

  • A1 y A2 (nivel básico)
  • B1 y B2 (nivel intermedio)
  • C1 y C2 (nivel avanzado)

Este modelo permitirá evaluar de forma objetiva el dominio de la Lengua de Signos Española, tanto para fines profesionales como académicos.

Primer sistema nacional con validez en toda España

Hasta ahora, no existía un sistema estatal unificado para acreditar la Lengua de Signos Española. Con esta medida, cualquier persona —sorda, sordociega u oyente— podrá obtener un título oficial válido en todo el territorio nacional.

Los diplomas servirán como mérito en procesos de empleo público, así como en ámbitos educativos y profesionales.

Organismos responsables del sistema

El Real Patronato sobre Discapacidad será el encargado de organizar las pruebas y gestionar los diplomas, bajo la dirección académica del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española.

Estas evaluaciones se diseñarán conforme a criterios europeos, garantizando objetividad, fiabilidad y accesibilidad.

Un impulso a los derechos lingüísticos

Desde el Ministerio de Derechos Sociales, liderado por Pablo Bustinduy, destacan que este decreto refuerza el compromiso del Gobierno con la igualdad de oportunidades, la inclusión social y los derechos lingüísticos de las personas con discapacidad.

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