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GÜRTEL| La Audiencia Nacional confirma la existe de indicios para juzgar a Camps por irregularidades en Fitur

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Madrid, 17 sept. – La Sala de lo Penal de la Audiencia ha confirmado el auto de pase a procedimiento abreviado dictado por el instructor del caso Gürtel en el que proponía juzgar al expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps por un delito de prevaricación administrativa en la pieza 5 de este procedimiento que investiga las irregularidades producidas en la adjudicación de los contratos a las entidades expositoras en el stand de grandes eventos de Fitur 2009.

En un auto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal desestima el recurso presentado por Camps y señala que han quedado acreditados los indicios de criminalidad que exige la ley para continuar las actuaciones por los trámites del procedimiento abreviado y ello con independencia de que puedan o no ser suficientes en su caso para fundar una condena de los investigados por el delito imputado.

La resolución relata que los expositores que participaron en las reuniones anteriores a la ejecución de los contratos afirmaron que se les informó de que serían autorizados por Presidencia y que los llevaría a cabo Orange Market.

Los jueces detallan todos los indicios que incluye el auto recurrido, como por ejemplo el conocimiento de Camps Ortiz de la existencia de deudas del PP de Valencia con la mercantil Orange Market. También, señala la Sala, “ha quedado acreditado indiciariamente la participación directa y personal de Camps Ortiz en la adjudicación irregular del stand de grandes eventos Fitur 2009”.

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Revilla no alcanza un acuerdo con el rey Juan Carlos en el acto de conciliación en Santander

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Juan Carlos I y Miguel Ángel Revilla

El expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, no ha llegado a un acuerdo con los abogados del rey emérito Juan Carlos I durante el acto de conciliación celebrado este viernes 16 de mayo en el complejo judicial de Las Salesas (Santander). La cita judicial, previa a un posible juicio, forma parte de la demanda interpuesta por el exmonarca por unas declaraciones que considera «injuriosas».

Revilla: «No me voy a retractar, lo que dije es lo que piensa la mayoría de españoles»

A su llegada al juzgado, Revilla dejó claro que no pensaba retractarse de sus afirmaciones y que lo más probable es que el caso acabe en juicio. “Yo no me callo ante las injusticias. He dicho lo que pienso y lo que muchos españoles también opinan”, declaró ante los medios.

Tras el acto, el expresidente cántabro aseguró sentirse tranquilo y confió en la justicia. “No he mentido, solo me he hecho eco de información ya publicada en medios de comunicación”, explicó, subrayando que “muchos periodistas también podrían haber sido demandados” por difundir los mismos datos.

«Le diría al rey emérito que pida perdón y devuelva el dinero»

Revilla también lamentó que el rey Juan Carlos no se presentara al acto de conciliación, a pesar de estar en España. “Está en Sanxenxo, tiene un avión y escoltas que pagamos entre todos. Me hubiera gustado un careo con él”, afirmó.

Cuando se le preguntó qué le diría al monarca si lo tuviera enfrente, Revilla fue contundente:

“Le pediría que pidiera perdón sinceramente y que repatriara todo el dinero que tiene fuera”.

A pesar de haber defendido en su momento la figura del rey durante el 23-F, Revilla no ocultó su decepción: “Su última etapa ha sido lamentable. Me ha defraudado”.

El rey emérito exige una rectificación y 50.000 euros

La defensa legal del rey Juan Carlos I, liderada por la abogada Guadalupe Sánchez, reclama a Revilla una rectificación pública de sus declaraciones y una indemnización de 50.000 euros por daño moral, que en caso de cobrarse serían donados a Cáritas. La demanda, presentada el pasado 1 de abril, alega que Revilla profirió expresiones “calumniosas e injuriosas” en diversos medios entre mayo de 2022 y enero de 2025.

Un caso mediático que podría terminar en los tribunales

Este enfrentamiento legal entre Juan Carlos I y Miguel Ángel Revilla ha generado una gran expectación mediática. Todo apunta a que, ante la falta de acuerdo, el conflicto se resolverá finalmente en los tribunales.


 

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