València, 16 de septiembre de 2025 – La defensa de Sergio Blasco, exgerente del Hospital General de València, ha solicitado la nulidad del procedimiento judicial del llamado «caso Osvaldos», en el que se le acusa, junto a otras diez personas, de delitos relacionados con corrupción, malversación de fondos públicos y fraude en la adjudicación de contratos.

Durante la primera sesión del juicio, celebrada en la Audiencia de Valencia, el abogado defensor alegó falta de indicios claros, vulneración de derechos fundamentales y una investigación de carácter prospectivo, en la que «no hay hechos concretos, sino sospechas basadas en relaciones personales y apellidos».

Qué es el caso Osvaldos

Este caso judicial investiga un supuesto entramado de corrupción relacionado con contratos públicos adjudicados por el Hospital General de València entre los años 2005 y 2014. Según la acusación, se habrían beneficiado empresas cercanas al entorno de Blasco a través de subcontrataciones ficticias y cobros de comisiones, sin que se justificara una actividad real.

Las claves de la defensa de Sergio Blasco

El letrado de Blasco ha presentado varias cuestiones previas que apuntan a la nulidad del procedimiento:

• Falta de indicios delictivos: Según su defensa, la querella inicial fue admitida sin una base sólida, sin pruebas claras ni relato de hechos punibles.

• Investigación sin delimitación: Acusa al juzgado de haber iniciado una causa generalizada, “a ver qué encontraba”, sin dirección clara ni hechos concretos.

• Uso del apellido como indicio: Se considera inaceptable que la imputación se fundamente, entre otros motivos, en la relación familiar de Blasco con el exconseller Rafael Blasco.

• Vulneración de derechos fundamentales: La defensa denuncia la incorporación de información sobre viajes personales, así como documentación incautada sin autorización judicial.

• Petición de exención de asistencia: El abogado ha solicitado que Sergio Blasco no tenga que asistir a todas las sesiones, ya que actualmente dirige un hospital en República Dominicana y su presencia continuada podría interferir en sus responsabilidades laborales.

Otros acusados y postura de la Fiscalía

Además de Sergio Blasco, están acusados su hermano, Francisco José Blasco, empresario vinculado al sector sanitario, y otras nueve personas. Se enfrentan a delitos de prevaricación, malversación, fraude, cohecho y tráfico de influencias.

Varios abogados de otros implicados se han sumado a la petición de nulidad, coincidiendo en que la causa carece de una estructura jurídica sólida y que responde a una “persecución sin base legal”.

La Fiscalía se ha opuesto firmemente a todas las solicitudes de nulidad, defendiendo la legalidad del procedimiento y la existencia de indicios suficientes para sostener la acusación. También ha aceptado que una de las acusadas, que ha llegado a un acuerdo con el Ministerio Público, declare en primer lugar.

Qué podría pasar ahora

El tribunal deberá decidir en las próximas sesiones si admite alguna de las peticiones de nulidad. De ser así, el juicio podría retrasarse, reestructurarse o incluso archivarse parcialmente. Sin embargo, si se desestiman las cuestiones previas, continuará con las declaraciones y testificales previstas, en un proceso que podría alargarse hasta diciembre.

Contexto del caso

El procedimiento se originó a raíz de una querella presentada por Esquerra Unida ante la Fiscalía Anticorrupción. En ella, se denunciaba que Sergio Blasco habría montado una red de empresas que, mediante licitaciones públicas amañadas, se beneficiaban de fondos públicos para luego derivarlos a personas de su entorno.

Aunque Rafael Blasco fue inicialmente incluido en la investigación, el juzgado decidió excluirlo del proceso al no encontrar pruebas de su participación directa en las contrataciones cuestionadas.

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