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Inician en Paterna la exhumación de los restos de 70 fusilados durante la represión franquista
Publicado
hace 7 añosen
VALÈNCIA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) – Los trabajos de apertura de la fosa 94 del cementerio de la localidad valenciana de Paterna han comenzado este lunes donde los expertos de ArqueoAntro estiman que puedan hallarse los restos de entre 60 y 70 personas fusiladas durante la represión franquista.
En concreto, se trataría de personas procedentes de comarcas del interior de la provincia y de otros puntos de la geografía española como Albacete, Barcelona y Madrid que fueron fusiladas los días 6, 8 y 9 de noviembre de 1939.
En esta primera jornada de los trabajos de exhumación, promovidos por la Diputación de Valencia han estado presentes el presidente de la corporación provincial, Jorge Rodríguez, y la diputada de Memoria Histórica, Rosa Pérez Garijo, además de la presidenta de la Asociación de Víctimas de la fosa 94, Carolina Martínez y el director arqueológico de la empresa que va a llevar a cabo el trabajo, Miguel Mezquida.
Rodríguez ha destacado que la Diputación «ha pasado de las palabras a los hechos», recordando que en lo que va de legislatura la corporación ha destinado más de medio millón de euros a este tipo de trabajos de recuperación de la memoria histórica, lo que ha permitido hallar los restos de más de 250 personas fusiladas y entregarlos a sus familias. De esta manera, ha instado al resto de administraciones a unirse en esta tarea de recuperación de la memoria democrática.
VOLUNTAD POLÍTICA
Por su parte, Rosa Pérez Garijo ha señalado que la Diputación es la primera y, de momento, la única administración pública que está financiando la exhumación de fosas ya que se trata de una «prioridad política» del gobierno de la corporación provincial.
Ha explicado que esta es la séptima fosa que se abre en Paterna y la octava en la provincia desde que empezó la legislatura. «Esperamos llegar a exhumar un 20% de las fosas comunes de este cementerio al término de la presente legislatura», ha sentenciado la diputada.
«VOY A TENER A MI PADRE EN LAS MANOS»
En la jornada de este lunes han estado presentes varios familiares de víctimas del franquismo que han destacado la importancia de las exhumaciones y de recuperar los restos de sus seres queridos. Una de ellas es Rosa Jolic, quien, en declaraciones a Europa Press, ha mostrado su «felicidad».
«Voy a tener a mi en padre en las manos», ha agregado para reconocer que también era un día de «pena» por la «traición porque la gente no merece que la maten porque sí».
Asimismo, Carolina Martínez ha admitido que era un día «muy importante» porque iba a poder «sacar» de la fosa a su abuelo después de 79 años. «Es nuestro deber y lo teníamos que hacer», ha dicho para lamentar el «asesinato» de su familiar por no haberse adherido «a la rebelión».
«ASESINATO EN TODA REGLA»
Para Fernando Penadés lo que se hizo durante los años de represión franquista fue «una asesinato en toda regla» y, pese a que ha subrayado que ha sido «difícil» llegar hasta este día, ha destacado que por fin «se hace justicia ante todas las injusticias que se hicieron». «El día de hoy es especial y una salida para saber dónde están enterrados después de la injusticia que se hizo», ha afirmado.
A su juicio, «no hay razón de ser para pegar un tiro a unos señores por motivos políticos o por tener unas ideas que no gustaban al régimen franquista».
TRABAJOS DE EXCAVACIÓN Y EXHUMACIÓN
Los trabajos de excavación y exhumación de la fosa común, a cargo del equipo de ArqueoAntro, se prolongarán durante los próximos meses. Por ahora, han comenzado con la retirada de los memoriales, «un trabajo más arduo y farragoso».
«En dos semanas esperamos llegar a los restos de los represaliados, donde la previsión es encontrar entre 60 y 70 cuerpos procedentes de varias comarcas del interior de la provincia», ha explicado el arqueólogo Miguel Mezquida.
Una vez finalizados los trabajos de campo, se enviarán las muestras a la Escuela de Medicina Legal de la Universidad Complutense de Madrid, donde se estudiarán los restos y signos de violencia. «Tras este proceso, una empresa genética hará los cotejos de las muestras de ADN con las familias involucradas en el proceso que permitirán la individualización e identificación completa de los restos de las víctimas para ser devueltos a sus parientes», ha detallado el arqueólogo.
Hace pocas semanas, el equipo de expertos de ArqueoAntro comenzó la exhumación de la fosa 128 del cementerio de Paterna, donde por el momento han conseguido recuperar 10 cuerpos de los 130 previstos, lo que la convertiría en una de las fosas comunes más grandes del país.
Asimismo, la delegación de Memoria Histórica está elaborando un documental sobre las exhumaciones realizadas en los municipios valencianos, así como una web donde podrán encontrarse bases de datos, numerosas entrevistas y documentos referentes a la etapa de la Guerra Civil y la posterior represión franquista.
En la fosa 94, según los estudios realizados, habría enterrados represaliados de Ayora, La Font de la Figuera, Bocairent, Ontinyent, Sagunt, Camporrobles, Cheste, Xàtiva, Sollana, L’Alcúdia, Alginet, La Pobla Llarga, Rafelguaraf, Bugarra, Villar del Arzobispo, Chera, Ademuz, Puebla de San Miguel, Almussafes, Cullera, Massamagrell, Alaquàs, Albal, Alcàsser, Aldaia, Catarroja, Manises, Albacete, Barcelona y Madrid. Se trataría de víctimas fusiladas los días 6, 8 y 9 de noviembre de 1939.
Las obras, financiadas por la Diputación de València, son una más de las numerosas actuaciones en materia de memoria histórica que se están llevando a cabo durante 2018 por parte de la corporación provincial, con un presupuesto de 626.000 euros.
Publicado
hace 14 horasen
4 noviembre, 2025
El empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ha declarado este martes ante el Tribunal Supremo en el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de revelación de secretos por la filtración del correo electrónico en el que su defensa admitía “dos delitos fiscales”.
Visiblemente afectado, González Amador relató ante el tribunal el impacto que tuvo aquella publicación.
“Pasé a ser el delincuente confeso del Reino de España. Estaba muerto. El señor García Ortiz me había matado públicamente”,
declaró, girándose hacia el fiscal general durante su testimonio.
El empresario aseguró que, hasta la filtración, confiaba en resolver el caso “de forma discreta y con una pena asumible”, pero todo cambió “cuando el asunto saltó a la luz pública”.
Según explicó ante el Supremo, su intención inicial era alcanzar un acuerdo con la Fiscalía para cerrar el procedimiento por fraude fiscal. Sin embargo, el correo filtrado —en el que su abogado fiscalista, Carlos Neira, reconocía la existencia de “dos delitos contra la Hacienda Pública”— acabó difundido en medios de comunicación en marzo de 2024.
“Cuando vi mi expediente tributario y el correo en la prensa, llamé a mi abogado. Me dijo: ‘La presunción de inocencia se ha roto. Estamos en otra dimensión’”, ha recordado González Amador.
A partir de ese momento, según su testimonio, “todo el Gobierno comenzó a llamarle delincuente confeso”, lo que le causó “un daño irreparable” a nivel personal y profesional.
El juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se sigue en el Supremo tras la querella presentada por González Amador por revelación de secretos. El proceso ha vuelto a poner el foco en las tensiones entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid, así como en el papel de la Fiscalía General en casos con implicaciones políticas.
Durante la sesión, se recordaron también las declaraciones previas de altos cargos de la Comunidad de Madrid, como el jefe de Gabinete de Ayuso, que reconoció haber advertido de que “el fiscal general iría p’alante”.
El juicio a Álvaro García Ortiz, actual fiscal general del Estado, marca un hecho sin precedentes en la historia democrática española.
El proceso, que se celebra en el Tribunal Supremo, estará presidido por siete magistrados de la Sala de lo Penal, encargados de determinar si García Ortiz filtró un correo electrónico del abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, en el que se reconocía una supuesta defraudación a Hacienda.
Pese a la gravedad de la acusación, el juez Ángel Hurtado ha decidido que el fiscal general mantenga su cargo mientras dure el proceso judicial, que se prevé se alargue durante dos semanas.
Todo comenzó el 2 de febrero de 2024, cuando Carlos Neira, abogado del empresario Alberto González Amador, remitió a la Fiscalía un correo electrónico con una propuesta de pacto.
En él se reconocía la posibilidad de que su cliente hubiera cometido un delito contra la Hacienda Pública.
Durante más de un mes, el contenido de ese correo permaneció reservado. Sin embargo, el 12 de marzo de 2024, varios medios de comunicación publicaron que la pareja de Ayuso podría haber defraudado dinero al fisco.
Al día siguiente, desde la Comunidad de Madrid, el portavoz Miguel Ángel Rodríguez negó esa versión y aseguró que fue la Fiscalía la que había propuesto el pacto.
Esa misma noche, según la investigación, se habría producido la presunta filtración del correo.
Durante su declaración ante el Tribunal Supremo, García Ortiz negó “rotundamente” haber filtrado información confidencial.
El magistrado instructor, no obstante, considera que existen “indicios razonables” de que la filtración pudo salir de la Fiscalía.
El propio Alberto González Amador ha asegurado que la publicación del correo electrónico vulneró su derecho a la intimidad y afectó a su reputación:
“Todo eso me ha ido lastrando”, declaró ante el tribunal.
Aunque se trata de un juicio inédito en España, el Tribunal Supremo ha decidido no retransmitir las sesiones en directo.
A lo largo del proceso declararán unos cuarenta testigos, entre ellos políticos, periodistas y miembros de la Guardia Civil.
El último en declarar será el propio Álvaro García Ortiz, quien sigue al frente de la Fiscalía General del Estado durante la vista.
Si el Tribunal Supremo declarara culpable al fiscal general, la sentencia podría implicar:
Entre 4 y 6 años de cárcel,
12 años de inhabilitación para ejercer un cargo público,
y una multa superior a los 400.000 euros.
Por el momento, el proceso continúa abierto, y se espera que el fallo se conozca antes de final de mes.
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