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Inician en Paterna la exhumación de los restos de 70 fusilados durante la represión franquista

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VALÈNCIA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) – Los trabajos de apertura de la fosa 94 del cementerio de la localidad valenciana de Paterna han comenzado este lunes donde los expertos de ArqueoAntro estiman que puedan hallarse los restos de entre 60 y 70 personas fusiladas durante la represión franquista.

En concreto, se trataría de personas procedentes de comarcas del interior de la provincia y de otros puntos de la geografía española como Albacete, Barcelona y Madrid que fueron fusiladas los días 6, 8 y 9 de noviembre de 1939.

En esta primera jornada de los trabajos de exhumación, promovidos por la Diputación de Valencia han estado presentes el presidente de la corporación provincial, Jorge Rodríguez, y la diputada de Memoria Histórica, Rosa Pérez Garijo, además de la presidenta de la Asociación de Víctimas de la fosa 94, Carolina Martínez y el director arqueológico de la empresa que va a llevar a cabo el trabajo, Miguel Mezquida.

Rodríguez ha destacado que la Diputación «ha pasado de las palabras a los hechos», recordando que en lo que va de legislatura la corporación ha destinado más de medio millón de euros a este tipo de trabajos de recuperación de la memoria histórica, lo que ha permitido hallar los restos de más de 250 personas fusiladas y entregarlos a sus familias. De esta manera, ha instado al resto de administraciones a unirse en esta tarea de recuperación de la memoria democrática.

VOLUNTAD POLÍTICA
Por su parte, Rosa Pérez Garijo ha señalado que la Diputación es la primera y, de momento, la única administración pública que está financiando la exhumación de fosas ya que se trata de una «prioridad política» del gobierno de la corporación provincial.

Ha explicado que esta es la séptima fosa que se abre en Paterna y la octava en la provincia desde que empezó la legislatura. «Esperamos llegar a exhumar un 20% de las fosas comunes de este cementerio al término de la presente legislatura», ha sentenciado la diputada.

«VOY A TENER A MI PADRE EN LAS MANOS»
En la jornada de este lunes han estado presentes varios familiares de víctimas del franquismo que han destacado la importancia de las exhumaciones y de recuperar los restos de sus seres queridos. Una de ellas es Rosa Jolic, quien, en declaraciones a Europa Press, ha mostrado su «felicidad».

«Voy a tener a mi en padre en las manos», ha agregado para reconocer que también era un día de «pena» por la «traición porque la gente no merece que la maten porque sí».

Asimismo, Carolina Martínez ha admitido que era un día «muy importante» porque iba a poder «sacar» de la fosa a su abuelo después de 79 años. «Es nuestro deber y lo teníamos que hacer», ha dicho para lamentar el «asesinato» de su familiar por no haberse adherido «a la rebelión».

«ASESINATO EN TODA REGLA»
Para Fernando Penadés lo que se hizo durante los años de represión franquista fue «una asesinato en toda regla» y, pese a que ha subrayado que ha sido «difícil» llegar hasta este día, ha destacado que por fin «se hace justicia ante todas las injusticias que se hicieron». «El día de hoy es especial y una salida para saber dónde están enterrados después de la injusticia que se hizo», ha afirmado.

A su juicio, «no hay razón de ser para pegar un tiro a unos señores por motivos políticos o por tener unas ideas que no gustaban al régimen franquista».

TRABAJOS DE EXCAVACIÓN Y EXHUMACIÓN
Los trabajos de excavación y exhumación de la fosa común, a cargo del equipo de ArqueoAntro, se prolongarán durante los próximos meses. Por ahora, han comenzado con la retirada de los memoriales, «un trabajo más arduo y farragoso».

«En dos semanas esperamos llegar a los restos de los represaliados, donde la previsión es encontrar entre 60 y 70 cuerpos procedentes de varias comarcas del interior de la provincia», ha explicado el arqueólogo Miguel Mezquida.

Una vez finalizados los trabajos de campo, se enviarán las muestras a la Escuela de Medicina Legal de la Universidad Complutense de Madrid, donde se estudiarán los restos y signos de violencia. «Tras este proceso, una empresa genética hará los cotejos de las muestras de ADN con las familias involucradas en el proceso que permitirán la individualización e identificación completa de los restos de las víctimas para ser devueltos a sus parientes», ha detallado el arqueólogo.

Hace pocas semanas, el equipo de expertos de ArqueoAntro comenzó la exhumación de la fosa 128 del cementerio de Paterna, donde por el momento han conseguido recuperar 10 cuerpos de los 130 previstos, lo que la convertiría en una de las fosas comunes más grandes del país.

Asimismo, la delegación de Memoria Histórica está elaborando un documental sobre las exhumaciones realizadas en los municipios valencianos, así como una web donde podrán encontrarse bases de datos, numerosas entrevistas y documentos referentes a la etapa de la Guerra Civil y la posterior represión franquista.

En la fosa 94, según los estudios realizados, habría enterrados represaliados de Ayora, La Font de la Figuera, Bocairent, Ontinyent, Sagunt, Camporrobles, Cheste, Xàtiva, Sollana, L’Alcúdia, Alginet, La Pobla Llarga, Rafelguaraf, Bugarra, Villar del Arzobispo, Chera, Ademuz, Puebla de San Miguel, Almussafes, Cullera, Massamagrell, Alaquàs, Albal, Alcàsser, Aldaia, Catarroja, Manises, Albacete, Barcelona y Madrid. Se trataría de víctimas fusiladas los días 6, 8 y 9 de noviembre de 1939.

Las obras, financiadas por la Diputación de València, son una más de las numerosas actuaciones en materia de memoria histórica que se están llevando a cabo durante 2018 por parte de la corporación provincial, con un presupuesto de 626.000 euros.

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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