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Sucesos

Interceptado un camionero que iba a Suecia quintuplicando la tasa de alcohol

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EFE/Guardia Civil

Alicante, 8 abr (EFE).- Un camionero de 41 años al volante de un camión de gran tonelaje con verduras frescas que se dirigía de Murcia a Suecia ha sido interceptado a la altura de Alcoy (Alicante) cuando conducía de forma errática y quintuplicaba la máxima tasa de alcohol.

Según la Guardia Civil, el conductor, de nacionalidad lituana, se enfrenta a petición de retirada del permiso de conducir de hasta 4 años y a entre 3 y 6 meses de prisión.

La identificación ocurrió el pasado día 30 cuando agentes de la agrupación de Alcoy efectuaban un control de tráfico en la autovía A-7 a su paso por esta población y observaron una conducción anómala en un camión con una cabeza tractora y un remolque de unas 40 toneladas.

Al dar el alto se hizo el control de alcoholemia y el conductor arrojó una tasa de 0,83 miligramos por litro en la primera prueba y de 0.86 en la segunda, cuando el máximo permitido para los profesionales es de 0.15.

Se procedió a la inmovilización del vehículo y a la imputación de un delito al conductor, con una posible pena de 3 meses a 6 meses de prisión o multa de 6 a 12 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 100 días.

Además, se le pedirá la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotor por tiempo entre 1 y 4 años.

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Sucesos

Hallan mercurio y metanol en una anciana con alzhéimer mientras dos abogados y un notario la expoliaban en València

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La Policía Nacional ha detenido en València a cinco personas, entre ellas dos abogados, un notario de reconocido prestigio en la ciudad, la cuidadora de la víctima y el comprador de varios inmuebles, por presuntamente expoliar el patrimonio de una mujer octogenaria con alzhéimer. El perjuicio económico asciende a unos 785.000 euros, según ha informado la Jefatura Superior de Policía.

La investigación ha destapado una trama de ventas inmobiliarias irregulares, abusos de confianza y una grave situación de vulnerabilidad, en la que la anciana habría sido despojada de todos sus bienes en apenas un año.

Ventas irregulares y patrimonio enajenado

Las pesquisas policiales comenzaron en junio de 2025, tras la denuncia interpuesta por los familiares de la mujer. Estos alertaron de que cada vez les resultaba más difícil contactar con la anciana o visitarla, lo que despertó su preocupación.

Al consultar el Registro de la Propiedad, comprobaron que la totalidad de los inmuebles de la mujer habían sido vendidos en un corto periodo de tiempo. Las investigaciones revelaron que las operaciones se realizaron con el asesoramiento de dos abogados que, además, actuaban como letrados del comprador, incurriendo en un claro conflicto de intereses y dejando a la víctima en una situación de absoluta indefensión.

Los inmuebles fueron vendidos muy por debajo de su valor real de mercado, lo que permitió a los implicados obtener importantes beneficios económicos.

El papel clave del notario y la cuidadora

Todas las operaciones se formalizaron ante el mismo notario, que dio validez legal a las transacciones. Incluso en la venta de la vivienda habitual de la anciana —realizada bajo la fórmula de nuda propiedad— se incluyeron condiciones especialmente gravosas, que llegaban a contemplar la posible pérdida del usufructo.

Los agentes constataron además que el notario, junto al comprador, realizó gestiones para suprimir dicho usufructo, entrevistándose con vecinos para intentar demostrar que la mujer ya no residía en el inmueble, algo que no era cierto.

La cuidadora, que se encargaba de preparar la comida y atender diariamente a la octogenaria, tenía una posición de especial influencia sobre ella. Fue incluida en el testamento y era quien realizaba extracciones de dinero de las cuentas bancarias de la víctima.

Sustancias tóxicas y agravamiento del caso

Durante una hospitalización de la anciana, los investigadores llegaron a detectar presencia de mercurio y metanol en su organismo, un hallazgo que incrementó la gravedad de las sospechas sobre su entorno más cercano y reforzó la investigación policial.

Delitos y situación judicial

Como resultado de la operación, los cinco detenidos están acusados de prevaricación, falsedad en documento público, estafa, delito contra los derechos de los trabajadores y deslealtad profesional. Uno de ellos cuenta con antecedentes policiales.

Todos han pasado ya a disposición judicial, mientras continúa la investigación para esclarecer completamente los hechos y determinar si existen más personas implicadas.

 

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