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Interpol alerta de la posible «actividad delictiva» en torno a las vacunas

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(EFE).- Interpol ha lanzado hoy un mensaje de alerta a sus 194 países miembros para que se preparen ante la emergencia de la posible actividad delictiva en torno a las vacunas de la covid, que pueden ser aprovechadas por el crimen organizado.

En una Alerta Naranja, la agencia policial internacional señala el riesgo de que haya falsificaciones, robos y publicidad ilegal de las vacunas contra el coronavirus, que está previsto que empiecen a distribuirse en las próximas semanas, y contra la gripe.

Un riesgo que pone en relación con el «comportamiento criminal oportunista y depredador» que ya se ha detectado en torno a la pandemia.

Por eso insiste en que será fundamental la identificación de páginas web que venden productos falsificados, así como la coordinación entre los organismos sanitarios y los encargados de que se cumpla la ley.

El secretario general, Jürgen Stock, hace hincapié en que mientras los gobiernos se preparan para lanzar las vacunas, «las organizaciones criminales planean infiltrarse o trastocar las cadenas de suministro».

Junto a las vacunas, Interpol considera que los test del coronavirus también serán el objetivo de una producción y distribución paralela de productos no autorizados y falsificados conforme se restablezcan los viajes internacionales.

Su mensaje de aviso va dirigido también al público para que tenga un especial cuidado al conectarse en línea a la búsqueda de medicamentos y de equipamiento médico.

A ese respecto, se refiere a un análisis de su Unidad de Delitos Cibernéticos en el que se constató que de 3.000 sitios web de farmacias sospechosas de vender productos ilícitos, unos 1.700 utilizaban dispositivos de fraude por internet, en particular programas de pirateo y de «phising».

Su recomendación es estar alerta, mostrarse escéptico ante las ofertas que parecen «demasiado buenas para ser verdad» y consultar con las autoridades nacionales sanitarias y con los consejos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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