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Sucesos

Investigado por asfixia a su perra con una cuerda en Benicolet (Valencia)

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asfixia perra con cuerda

La Guardia Civil investiga a un hombre por sacrificar a su perra sin autorización veterinaria

La Guardia Civil está investigando a un hombre de 37 años en el municipio valenciano de Benicolet por sacrificar a su perra de 14 años sin el informe veterinario necesario, lo cual podría ser constitutivo de un delito de maltrato animal.

Denuncia por asfixiar a su perra con una cuerda

Según la información proporcionada este jueves por la Guardia Civil, el hombre mató a su perra asfixiándola con una cuerda en su propia parcela. Tras recibir una denuncia, los agentes comprobaron la veracidad de los hechos e identificaron al responsable.

El autor alegó querer evitar el sufrimiento del animal

Al ser informado por los agentes de que su conducta podría constituir un delito, el hombre, de nacionalidad española, argumentó que tomó esa decisión para evitar mayor sufrimiento a la perra. Sin embargo, la Guardia Civil le recordó que dicha acción solo puede llevarse a cabo con un informe veterinario.

Eutanasia animal y requisitos legales

La Guardia Civil explicó que la eutanasia animal debe estar respaldada por un informe veterinario que asegure que la muerte es para evitar el sufrimiento irreversible del animal. Este informe debe ser emitido por un veterinario colegiado, cumpliendo con la normativa vigente para proteger el bienestar de los animales.

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Sucesos

Hallan mercurio y metanol en una anciana con alzhéimer mientras dos abogados y un notario la expoliaban en València

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La Policía Nacional ha detenido en València a cinco personas, entre ellas dos abogados, un notario de reconocido prestigio en la ciudad, la cuidadora de la víctima y el comprador de varios inmuebles, por presuntamente expoliar el patrimonio de una mujer octogenaria con alzhéimer. El perjuicio económico asciende a unos 785.000 euros, según ha informado la Jefatura Superior de Policía.

La investigación ha destapado una trama de ventas inmobiliarias irregulares, abusos de confianza y una grave situación de vulnerabilidad, en la que la anciana habría sido despojada de todos sus bienes en apenas un año.

Ventas irregulares y patrimonio enajenado

Las pesquisas policiales comenzaron en junio de 2025, tras la denuncia interpuesta por los familiares de la mujer. Estos alertaron de que cada vez les resultaba más difícil contactar con la anciana o visitarla, lo que despertó su preocupación.

Al consultar el Registro de la Propiedad, comprobaron que la totalidad de los inmuebles de la mujer habían sido vendidos en un corto periodo de tiempo. Las investigaciones revelaron que las operaciones se realizaron con el asesoramiento de dos abogados que, además, actuaban como letrados del comprador, incurriendo en un claro conflicto de intereses y dejando a la víctima en una situación de absoluta indefensión.

Los inmuebles fueron vendidos muy por debajo de su valor real de mercado, lo que permitió a los implicados obtener importantes beneficios económicos.

El papel clave del notario y la cuidadora

Todas las operaciones se formalizaron ante el mismo notario, que dio validez legal a las transacciones. Incluso en la venta de la vivienda habitual de la anciana —realizada bajo la fórmula de nuda propiedad— se incluyeron condiciones especialmente gravosas, que llegaban a contemplar la posible pérdida del usufructo.

Los agentes constataron además que el notario, junto al comprador, realizó gestiones para suprimir dicho usufructo, entrevistándose con vecinos para intentar demostrar que la mujer ya no residía en el inmueble, algo que no era cierto.

La cuidadora, que se encargaba de preparar la comida y atender diariamente a la octogenaria, tenía una posición de especial influencia sobre ella. Fue incluida en el testamento y era quien realizaba extracciones de dinero de las cuentas bancarias de la víctima.

Sustancias tóxicas y agravamiento del caso

Durante una hospitalización de la anciana, los investigadores llegaron a detectar presencia de mercurio y metanol en su organismo, un hallazgo que incrementó la gravedad de las sospechas sobre su entorno más cercano y reforzó la investigación policial.

Delitos y situación judicial

Como resultado de la operación, los cinco detenidos están acusados de prevaricación, falsedad en documento público, estafa, delito contra los derechos de los trabajadores y deslealtad profesional. Uno de ellos cuenta con antecedentes policiales.

Todos han pasado ya a disposición judicial, mientras continúa la investigación para esclarecer completamente los hechos y determinar si existen más personas implicadas.

 

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