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Investigan la vinculación del asesino de Marta Calvo con la muerte de otra mujer en Valencia

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VALÈNCIA, 12 Dic. – Agentes del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional de València están revisando la muerte en junio de otra mujer en València, que ejercía la prostitución en una vivienda del barrio de Russafa, por si guarda relación con el detenido por la desaparición de la joven Marta Calvo, de la que no se tienen noticias desde el 7 de noviembre y cuyo cuerpo se sigue buscando por la zona de Manuel y alrededores después de que Jorge Ignacio P.J admitiera haberla descuartizado, según han confirmado a Europa Press fuentes cercanas a la investigación.

En este caso de junio, según avanza este jueves Levante-EMV, la Policía Nacional ha detectado que una mujer que ejercía la prostitución en un piso de València falleció en una aparente muerte accidental tras mantener relaciones sexuales con consumo de cocaína incluido. De acuerdo con esta información, se trata de una joven colombiana de 26 años que murió tras mantener relaciones sexuales con un cliente que no fue localizado y que se fue de la casa sin ser visto. Las compañeras de la víctima la encontraron muerta a media mañana.

Según han detallado fuentes cercanas a la investigación a Europa Press, en este caso estaba abierta la investigación pero no se había podido identificar al cliente que pasó las últimas horas con esta mujer, por lo que ahora se está valorando si pudiera tener alguna vinculación con el detenido.

Sí se ha relacionado a Jorge Ignacio P.J con otro caso, el de una mujer que también ejercía la prostitución en una casa de citas de l’Eixample y que falleció en abril, días después de permanecer ingresada en coma inducido en un hospital de València. La joven fue hallada por sus compañeras convulsionando tras haber mantenido relaciones con un cliente que salió precipitadamente de la vivienda.

Los hechos sucedieron el 25 de marzo. Ese día se recibió un aviso en la Policía porque una mujer estaba sufriendo convulsiones y el cliente que había estado con ella había salido corriendo de la vivienda. Hasta el lugar se desplazaron Policía Nacional, Policía Local y efectivos sanitarios que trasladaron a la mujer al hospital donde quedó ingresada en coma inducido hasta que falleció el 3 de abril. Las compañeras de la fallecida habían facilitado las características físicas del hombre que estuvo con la víctima y que había sido su único cliente.

La Policía acabó teniendo conocimiento, por una vía indirecta, de que esta persona podía ser Jorge Ignacio P.J. Sin embargo, en el momento de conocer su identidad, se disponía ya del informe de la autopsia que revelaba que la fallecida murió como consecuencia de un ataque epiléptico con consumo de sustancias estupefacientes, por lo que el hombre no llegó a ser ni interrogado ni investigado, según fuentes policiales.

No obstante, ahora, a raíz de la desaparición de Marta Calvo, se han reabierto las pesquisas sobre esta muerte y, según fuentes de la investigación, también que se están revisando casos que presenten las mismas circunstancias que estos –prácticas sexuales en las que se usen sustancias estupefacientes– por si tuvieran alguna relación con el detenido.

ENTREGADO ANTE LA GUARDIA CIVIL
Jorge Ignacio P.J se entregó el 4 de diciembre ante la Guardia Civil de Carcaixent que le buscaba en relación con la desaparición de la joven Marta Calvo, de 25 años, ya que se sabía que el último lugar en el que había estado, y del que había mandado ubicación a su madre, era una vivienda donde este hombre vivía alquilado en Manuel.

El arrestado no asume que matara a Marta ya que mantiene que fue algo accidental en el transcurso de un episodio de sexo y cocaína, pero sí que la descuartizó y arrojó sus restos a contenedores cuando vio que había fallecido. La Guardia Civil guarda cautela sobre esta versión y la jueza lo mantiene en prisión por las «contradicciones» en las que ha incurrido, según la abogada de la familia de la chica. La búsqueda de los restos de la desaparecida ha comenzado en el vertedero de Dos Aguas.

Fuente: (EUROPA PRESS)

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El sueldo de los funcionarios subirá un 4,5% en 2027: cuánto cobrarán de más según su profesión

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El Gobierno ha aprobado este martes la subida salarial del 4,5% para más de tres millones de empleados públicos en 2027. El incremento tendrá efectos desde el 1 de enero y supondrá entre 1.440 euros brutos adicionales al año para un administrativo y más de 4.000 euros para un juez, según las estimaciones del Ministerio de Función Pública.

A esta subida se sumará otro 0,5% correspondiente a 2026, siempre que el Instituto Nacional de Estadística (INE) confirme que la inflación interanual ha superado el 1,5% durante este año. Ese medio punto se abonará en el primer trimestre de 2027 y tendrá carácter retroactivo desde enero de 2026.

El Consejo de Ministros ha aprobado la medida mediante un real decreto-ley, con el objetivo de que pueda aplicarse desde comienzos del próximo año. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha destacado que se trata de la mayor subida salarial para los empleados públicos desde 1992.

Cuánto subirán los sueldos de los funcionarios en 2027

El incremento fijo del 4,5% beneficiará a los trabajadores de las tres administraciones públicas: estatal, autonómica y local. La cantidad adicional dependerá del salario y del grupo profesional al que pertenezca cada empleado.

Según las cifras facilitadas por el ministro Óscar López, estas serán algunas de las subidas anuales estimadas:

  • Administrativos: 1.440 euros brutos más al año, en 14 pagas.
  • Policías nacionales: más de 1.900 euros adicionales.
  • Maestros: más de 2.700 euros al año.
  • Médicos: más de 3.700 euros adicionales.
  • Jueces: más de 4.000 euros al año.

Estas cantidades corresponden a estimaciones del incremento salarial y pueden variar en función de las retribuciones de cada puesto, complementos y condiciones profesionales.

Otro 0,5% adicional con efectos retroactivos

La subida del 4,5% no será el único incremento que recibirán los empleados públicos durante 2027. El acuerdo salarial firmado por el Gobierno con UGT, CCOO y CSIF contempla también un 0,5% variable correspondiente a 2026.

Este medio punto se abonará si el INE confirma que el IPC interanual de 2026 ha crecido por encima del 1,5%. En ese caso, los trabajadores recibirán los atrasos correspondientes desde el 1 de enero de este año y se actualizarán las nóminas posteriores.

De cumplirse esta condición, el incremento acumulado entre ambos conceptos alcanzaría el 5%, aunque es importante distinguir que el 0,5% adicional corresponde a 2026 y no a una subida fija del sueldo de 2027.

La medida forma parte del acuerdo marco plurianual firmado en noviembre de 2025, que estableció una mejora retributiva de hasta el 11% entre 2025 y 2028.

Suben también las indemnizaciones por residencia

El real decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros incorpora otra mejora para determinados empleados públicos: las indemnizaciones por razón de residencia aumentarán un 4,5%.

Se trata de una compensación económica para trabajadores de la Administración General del Estado que prestan servicio en territorios con condiciones geográficas especiales o sobrecostes derivados de la insularidad. Entre las zonas contempladas figuran Canarias, Baleares, Ceuta, Melilla y el Valle de Arán.

Además, el Gobierno ha aprobado elevar un 4,5% las partidas destinadas a acción social para los trabajadores del sector público. Estas ayudas llevaban 14 años congeladas y permiten financiar prestaciones como guardería, gafas, transporte, tratamientos odontológicos, prótesis auditivas o ayudas relacionadas con la vivienda.

Más de tres millones de empleados públicos beneficiados

La subida salarial alcanzará a más de tres millones de trabajadores de las administraciones públicas. En concreto, el incremento del 4,5% en 2027 afectará a unos 546.000 empleados del sector público estatal, 1,93 millones de trabajadores de las comunidades autónomas y cerca de 595.000 empleados de las administraciones locales.

En la Administración General del Estado, el aumento se aplicará ya en la nómina de enero. El resto de administraciones deberán adoptar las medidas necesarias para hacer efectiva la subida a sus respectivos trabajadores.

El Gobierno ha adelantado la aprobación de la medida para garantizar que pueda entrar en vigor el 1 de enero de 2027, antes de las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre.


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