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Juan Lobato implica a Moncloa ante el juez

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Juan Lobato PSOE
Juan Lobato- EFE

Lobato pide explicaciones sobre el origen del email del novio de Ayuso: «Lo tienen los medios»

Madrid, 29 nov . El ex secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, cuestionó el origen del polémico email del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, en el que este reconocía delitos fiscales. La respuesta de Pilar Sánchez Acera, entonces asesora de Moncloa, fue clara: «Porque llega, lo tienen los medios».

Esta revelación, recogida en un acta notarial a la que ha tenido acceso Europa Press, detalla cómo Sánchez Acera envió el correo a Lobato el 14 de marzo a las 8:29 horas, con instrucciones sobre cómo usarlo durante la sesión en la Asamblea de Madrid. «Cuidado con los datos personales. Se puede sacar. La imagen con la carta es potente», le escribió Sánchez Acera, sugiriendo un enfoque para exponer el tema en el debate.

Lobato exige transparencia sobre el origen del documento

Ante la duda de si el email ya había sido publicado, Lobato insistió en precisar su procedencia para evitar especulaciones. «La necesito diciendo de dónde la saco, porque si no parece que me la ha dado Fiscalía», señaló. La conversación continuó hasta que Sánchez Acera confirmó la publicación de la noticia en El Plural a las 9:06, momento en que le envió el enlace con el titular: «Esta es la carta del abogado del novio de Ayuso pidiendo un acuerdo a la Fiscalía».

El juez investiga la filtración

El 6 de noviembre, Lobato llevó al notario la conversación y recientemente entregó su teléfono móvil al magistrado Ángel Hurtado, quien investiga la filtración del email en un caso que involucra al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está volcando los datos del móvil para contrastar el contenido.

¿Una filtración desde la Fiscalía?

El caso, abierto el 16 de octubre, analiza el posible papel de la Fiscalía General del Estado en la filtración de correos relacionados con González Amador, quien denunció esta situación tras la publicación de información comprometedora. Un informe preliminar de la UCO señala una «participación preeminente» de García Ortiz en el caso, apuntando a un posible origen interno de la filtración.

Contexto del caso

El novio de Ayuso había sido señalado por presuntos delitos fiscales tras una nota de prensa difundida por la Fiscalía el 14 de marzo. Aunque esta fue considerada exenta de delito por el Tribunal Supremo debido a que los detalles ya estaban en los medios, el foco sigue en la filtración inicial del 12 de marzo.

Este escándalo no solo implica a altos cargos de la Fiscalía, sino que también plantea dudas sobre el uso de información sensible en la política madrileña, una cuestión que sigue bajo el escrutinio público y judicial.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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