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Juan Lobato implica a Moncloa ante el juez

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Juan Lobato PSOE
Juan Lobato- EFE

Lobato pide explicaciones sobre el origen del email del novio de Ayuso: «Lo tienen los medios»

Madrid, 29 nov . El ex secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, cuestionó el origen del polémico email del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, en el que este reconocía delitos fiscales. La respuesta de Pilar Sánchez Acera, entonces asesora de Moncloa, fue clara: «Porque llega, lo tienen los medios».

Esta revelación, recogida en un acta notarial a la que ha tenido acceso Europa Press, detalla cómo Sánchez Acera envió el correo a Lobato el 14 de marzo a las 8:29 horas, con instrucciones sobre cómo usarlo durante la sesión en la Asamblea de Madrid. «Cuidado con los datos personales. Se puede sacar. La imagen con la carta es potente», le escribió Sánchez Acera, sugiriendo un enfoque para exponer el tema en el debate.

Lobato exige transparencia sobre el origen del documento

Ante la duda de si el email ya había sido publicado, Lobato insistió en precisar su procedencia para evitar especulaciones. «La necesito diciendo de dónde la saco, porque si no parece que me la ha dado Fiscalía», señaló. La conversación continuó hasta que Sánchez Acera confirmó la publicación de la noticia en El Plural a las 9:06, momento en que le envió el enlace con el titular: «Esta es la carta del abogado del novio de Ayuso pidiendo un acuerdo a la Fiscalía».

El juez investiga la filtración

El 6 de noviembre, Lobato llevó al notario la conversación y recientemente entregó su teléfono móvil al magistrado Ángel Hurtado, quien investiga la filtración del email en un caso que involucra al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está volcando los datos del móvil para contrastar el contenido.

¿Una filtración desde la Fiscalía?

El caso, abierto el 16 de octubre, analiza el posible papel de la Fiscalía General del Estado en la filtración de correos relacionados con González Amador, quien denunció esta situación tras la publicación de información comprometedora. Un informe preliminar de la UCO señala una «participación preeminente» de García Ortiz en el caso, apuntando a un posible origen interno de la filtración.

Contexto del caso

El novio de Ayuso había sido señalado por presuntos delitos fiscales tras una nota de prensa difundida por la Fiscalía el 14 de marzo. Aunque esta fue considerada exenta de delito por el Tribunal Supremo debido a que los detalles ya estaban en los medios, el foco sigue en la filtración inicial del 12 de marzo.

Este escándalo no solo implica a altos cargos de la Fiscalía, sino que también plantea dudas sobre el uso de información sensible en la política madrileña, una cuestión que sigue bajo el escrutinio público y judicial.

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El Supremo propone juzgar a Ábalos, Koldo y De Aldama por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

El Tribunal Supremo ha propuesto juzgar al exministro de Transportes José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia.
El magistrado Leopoldo Puente considera que los tres pudieron cometer delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y pertenencia a organización criminal.

 


Un auto que apunta a una trama de corrupción

En el auto dictado este lunes, el juez Puente señala que Ábalos, Koldo y De Aldama “se concertaron” poco después de que el exministro tomara posesión de su cargo en el Gobierno, aprovechando su influencia política para obtener beneficios económicos mediante contratos públicos relacionados con el suministro de mascarillas.

El instructor indica que los investigados utilizaron su posición y contactos para “beneficiarse económicamente de las adjudicaciones de contratos” y valerse de la influencia ministerial para favorecer a determinadas empresas.


Diez días para presentar acusaciones o solicitar archivo

El magistrado da un plazo de diez días a la Fiscalía y a las acusaciones populares —encabezadas por el Partido Popular (PP)— para presentar sus escritos de acusación o peticiones de archivo.
Además, podrán solicitar la práctica de diligencias complementarias si lo consideran necesario.


División de la causa: mascarillas y obras públicas

Esta decisión llega después de que en septiembre de 2025, el juez decidiera dividir la causa en dos partes:

  • una pieza principal centrada en los contratos de mascarillas del Ministerio de Transportes durante la pandemia,

  • y otra pieza separada, aún en fase inicial, sobre una supuesta trama de comisiones a cambio de obra pública.

El magistrado ya había advertido entonces que la investigación sobre las mascarillas estaba “muy avanzada”, mientras que la relativa a las obras públicas se encontraba “en fase incipiente”.


Indicios de pagos y contraprestaciones ilícitas

El juez Puente sostiene que existen “indicios muy consistentes” de que Víctor de Aldama entregó dinero tanto a José Luis Ábalos como a Koldo García “con el propósito de que estos realizaran actos contrarios a los deberes inherentes a sus cargos públicos”.

Según el auto, ambos recibieron retribuciones económicas como contraprestación a las gestiones realizadas en favor de las empresas que buscaban contratos con la Administración.
De Aldama, por su parte, habría actuado como intermediario, buscando empresas dispuestas a pagar a cambio de facilitar su relación con el Ministerio de Transportes.


El papel de Koldo García y la implicación de Ábalos

El auto judicial detalla que Koldo García, exasesor de Ábalos, usó su posición de confianza para realizar las gestiones necesarias y facilitar los contactos entre las empresas interesadas y los responsables públicos.
El juez apunta que Ábalos intervenía directamente cuando “su firma o su influencia personal resultaban indispensables”.


Un nuevo capítulo del ‘caso Koldo’

El llamado ‘caso Koldo’ estalló en 2024 al revelarse una presunta red de comisiones irregulares por contratos públicos durante la pandemia.
La propuesta de enjuiciamiento del Tribunal Supremo marca un punto de inflexión en la investigación, ya que por primera vez se apunta directamente al exministro de Transportes como parte activa de la trama.

 

 

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