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Valencia

La Comunitat aún no ha informado al Defensor del Pueblo sobre abusos a menores tutelados

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La Comunitat aún no ha informado al Defensor del Pueblo sobre abusos a menores tutelados
El defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum. EFE/ Chema Moya/Archivo

Madrid/València, 13 oct (EFE).- Solo Asturias, Madrid y Extremadura, junto a la ciudad autónoma de Melilla, han enviado al Defensor del Pueblo los datos sobre casos de explotación sexual de menores tutelados, por lo que mantiene la actuación abierta hasta que la institución emita una resolución global con los informes de todas las comunidades.

El pasado 25 de mayo el Defensor inició una actuación de oficio requiriendo información a las administraciones competentes en materia social de todas las comunidades, así como al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, para conocer las características de los casos de explotación sexual de menores tutelados que se hubieran detectado en cada territorio.

También reclamó a las administraciones competentes que le detallaran las medidas específicas de protección adoptadas con respecto a los afectados y los protocolos aprobados o en elaboración para la detección temprana de tales casos.

La institución explica este jueves que solo esas tres comunidades y Melilla han enviado la información, por lo que «continúa abierta esa actuación general de oficio», que no impide que «pudieran iniciarse otras investigaciones de carácter singular, en el caso de tenerse conocimiento de nuevos casos».

«El Defensor del Pueblo emitirá, en su momento, una resolución global sobre los casos de explotación sexual de menores tutelados cuando se tenga la información solicitada a todas las comunidades autónomas», indica en un comunicado.

Con esa documentación, ha recordado, elaborará una resolución «que, previsiblemente, contendrá las correspondientes recomendaciones a las administraciones competentes».

Durante su comparecencia en el Parlamento el pasado 13 de septiembre para dar cuenta del informe de la institución en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, Gabilondo reconoció que se trata de «un asunto de envergadura» y que hay «indicios» de que podría haber casos de explotación sexual a menores en muchas comunidades autónomas.

Con la información de todas las comunidades «se podrá tener un estudio serio» en toda España, aseveró.

Entre las propuestas para mejorar el funcionamiento de los centros de menores, Gabilondo planteó realizar la supervisión médica en las primeras 24 horas del ingreso, protocolos de prevención de conductas autolesivas y reforzar el personal con expertos en psicología clínica.

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Valencia

Los pisos turísticos en la Comunitat Valenciana caen un 25% en un año hasta los 48.411 apartamentos

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Viviendas turísticas España
Dos turistas recorren con sus maletas el casco antiguo de la ciudad de València. EFE/Manuel Bruque/Archivo

València multiplica por seis el cierre de pisos turísticos ilegales y endurece el control en todos los barrios

El Ayuntamiento de València ha intensificado su ofensiva contra los apartamentos turísticos ilegales, multiplicando por seis las órdenes de cese durante el actual mandato. El consistorio asegura que este incremento refleja un “cambio radical” en la política municipal para frenar la proliferación de viviendas de uso turístico fuera de la legalidad.

Según ha explicado el concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner, se ha pasado de una media de 71 órdenes anuales en el anterior gobierno a 449 expedientes por año, lo que supone un aumento superior al 600%. De estas órdenes, el 87% ya se han ejecutado.

Más inspecciones y vigilancia continua

Para lograr estos resultados, el Ayuntamiento ha reforzado los equipos de control con cinco grupos de inspectores de Urbanismo y siete unidades de Policía Local, que rastrean de forma constante la actividad ilegal en todos los distritos.

El consistorio defiende que esta estrategia marca el paso de una etapa de “permisividad” a otra de “tolerancia cero”, en un contexto de creciente presión turística en la ciudad.

Moratoria y nuevas normas urbanísticas

El aumento de cierres llega acompañado de medidas estructurales. Desde mayo de 2024 está en vigor una moratoria que suspende la concesión de nuevas licencias turísticas, prorrogada hasta al menos mayo de 2026. Durante este periodo se han paralizado 363 expedientes, evitando la creación de casi 4.700 nuevas plazas.

Además, el gobierno municipal liderado por María José Catalá prepara una nueva normativa urbanística que limitará el crecimiento de estos alojamientos. Entre las principales restricciones destacan:

  • Máximo del 2% de viviendas turísticas por barrio
  • Límite del 8% de plazas turísticas respecto a la población
  • Tope del 15% en plantas bajas por manzana
  • Exigencia de acceso independiente y aprobación vecinal

También se creará un censo municipal de alojamientos turísticos (CATAV) y se reforzarán las inspecciones para detectar irregularidades.

Críticas de la oposición

Desde la oposición, Compromís cuestiona la eficacia de estas medidas. Su portavoz, Papi Robles, sostiene que la normativa “ni reduce ni controla” el número real de plazas turísticas y acusa al gobierno local de utilizar una “cortina de humo”.

En la misma línea, el edil socialista Javier Mateo critica que las cifras ofrecidas por el ejecutivo no reflejan la situación real y denuncia que se está facilitando la expansión de apartamentos turísticos en los barrios.

Presión sobre la vivienda en València

El debate sobre los pisos turísticos se produce en un momento de fuerte tensión en el mercado inmobiliario de València, donde vecinos y colectivos denuncian el impacto de estos alojamientos en el precio del alquiler y en la vida de los barrios.

Con las nuevas medidas, el Ayuntamiento busca equilibrar el atractivo turístico de la ciudad con la protección del uso residencial, aunque el enfrentamiento político sobre su efectividad sigue abierto.


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