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La Comunitat aún no ha informado al Defensor del Pueblo sobre abusos a menores tutelados

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La Comunitat aún no ha informado al Defensor del Pueblo sobre abusos a menores tutelados
El defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum. EFE/ Chema Moya/Archivo

Madrid/València, 13 oct (EFE).- Solo Asturias, Madrid y Extremadura, junto a la ciudad autónoma de Melilla, han enviado al Defensor del Pueblo los datos sobre casos de explotación sexual de menores tutelados, por lo que mantiene la actuación abierta hasta que la institución emita una resolución global con los informes de todas las comunidades.

El pasado 25 de mayo el Defensor inició una actuación de oficio requiriendo información a las administraciones competentes en materia social de todas las comunidades, así como al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, para conocer las características de los casos de explotación sexual de menores tutelados que se hubieran detectado en cada territorio.

También reclamó a las administraciones competentes que le detallaran las medidas específicas de protección adoptadas con respecto a los afectados y los protocolos aprobados o en elaboración para la detección temprana de tales casos.

La institución explica este jueves que solo esas tres comunidades y Melilla han enviado la información, por lo que «continúa abierta esa actuación general de oficio», que no impide que «pudieran iniciarse otras investigaciones de carácter singular, en el caso de tenerse conocimiento de nuevos casos».

«El Defensor del Pueblo emitirá, en su momento, una resolución global sobre los casos de explotación sexual de menores tutelados cuando se tenga la información solicitada a todas las comunidades autónomas», indica en un comunicado.

Con esa documentación, ha recordado, elaborará una resolución «que, previsiblemente, contendrá las correspondientes recomendaciones a las administraciones competentes».

Durante su comparecencia en el Parlamento el pasado 13 de septiembre para dar cuenta del informe de la institución en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, Gabilondo reconoció que se trata de «un asunto de envergadura» y que hay «indicios» de que podría haber casos de explotación sexual a menores en muchas comunidades autónomas.

Con la información de todas las comunidades «se podrá tener un estudio serio» en toda España, aseveró.

Entre las propuestas para mejorar el funcionamiento de los centros de menores, Gabilondo planteó realizar la supervisión médica en las primeras 24 horas del ingreso, protocolos de prevención de conductas autolesivas y reforzar el personal con expertos en psicología clínica.

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Valencia

Catalá garantiza el derecho al descanso tras la sentencia que obliga a cambiar eventos en la Ciudad de las Artes de València

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Festival de les Arts 2026
Imagen de un concierto en la Ciudad de las Artes de València - EUROPA PRESS

La alcaldesa de María José Catalá ha asegurado que el Ayuntamiento “velará por el derecho al descanso” de los vecinos tras la sentencia judicial que obliga a adoptar medidas frente al ruido en la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

El fallo judicial ordena al consistorio actuar para evitar que conciertos, festivales o discotecas en este entorno vulneren derechos fundamentales como la intimidad y la integridad moral, incluyendo la posible revocación de autorizaciones o la reubicación de eventos.


🧑‍⚖️ Una sentencia que cambia el escenario

La resolución, dictada por el Tribunal de Instancia de València, estima la demanda de vecinos de la zona y condena al Ayuntamiento a indemnizar con 3.000 euros a cada afectado por daños morales.

Aunque la sentencia aún puede recurrirse, el consistorio ya ha iniciado el análisis jurídico. Catalá ha subrayado que seguirán las recomendaciones de los servicios jurídicos, pero ha dejado clara la prioridad:

“El Ayuntamiento tiene que velar por los derechos fundamentales de los vecinos”.


🤝 Diálogo con la Generalitat y CACSA

Uno de los puntos clave del conflicto es que muchos de los eventos no dependen directamente del Ayuntamiento, sino de CACSA, empresa pública vinculada a la Generalitat Valenciana.

Por ello, el consistorio abrirá un proceso de diálogo con la administración autonómica para buscar soluciones como:

  • Reubicar festivales
  • Revisar autorizaciones
  • Adaptar la programación de eventos

Catalá ha insistido en que el Ayuntamiento no concede directamente las licencias, aunque sí tiene competencias en materia de contaminación acústica.


🔊 El ruido, en el centro del conflicto

La sentencia pone el foco en el impacto de grandes eventos y locales de ocio sobre los residentes del entorno. La alcaldesa ha reconocido que la resolución es clara y que el consistorio actuará para evitar que la situación continúe.

Entre las posibles medidas se contemplan:

  • Cambios en la ubicación de festivales
  • Nuevas limitaciones de ruido
  • Revisión de actividades nocturnas

📍 ¿Nuevas ubicaciones para los festivales?

Sobre alternativas como La Marina u otros espacios de la ciudad, Catalá ha evitado concretar, aunque ha señalado que se estudiarán todas las opciones junto a promotores y administraciones.

Eso sí, ha sido tajante en la prioridad:

“Los derechos fundamentales de los vecinos están por encima de cualquier otra casuística”.


🧭 Un debate abierto en València

Este caso reabre el debate sobre el equilibrio entre:

  • El ocio y la actividad cultural
  • El turismo y los grandes eventos
  • El descanso vecinal y la calidad de vida

La decisión judicial podría marcar un precedente en la organización de eventos en grandes recintos urbanos como la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

 

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