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La Comunitat recibirá en marzo más de 270.000 dosis de la vacuna de Pfizer

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EFE/ Pablo Duer/Archivo

València, 4 feb (EFE).- La Comunitat Valenciana recibirá durante el mes de marzo un total de 272.610 dosis de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus, que estarán dirigidas a los colectivos de personas de más de 80 años, según ha asegurado la consellera de Sanidad, Ana Barceló.

El 1 de marzo, la farmacéutica enviará 52.650 dosis de la vacuna, y el resto de semanas aumentará los envíos a 54.990, según un comunicado de la Generalitat.

La firma AstraZeneca ya ha confirmado que enviará un total de 1,8 millones de dosis durante este mes de febrero a España, aunque todavía no se ha concretado el reparto por comunidades autónomas.

Por su parte, Moderna hará una entrega para la próxima semana de 8.700 dosis, según las fuentes, que han indicado que en la Comunitat Valenciana, estas vacunas se destinarán, por el momento, al personal sanitario, reservando así las dosis de Pfizer para las personas mayores de 80 años.

Con estas cifras, la planificación para la próxima semana de la Conselleria de Sanitat pasa por concluir el proceso de administración de segundas dosis a las personas que les corresponda (que recibieron la primera tres semanas antes) y seguir avanzando a mayor ritmo en la vacunación del personal sanitario tanto público como privado.

Por otro lado, la previsión es que en la mayor parte de residencias de personas mayores y de diversidad funcional se hayan administrado las dos dosis de la vacuna y que, todas hayan recibido, al menos, la primera dosis durante la próxima semana.

Hasta el momento, la Comunitat Valenciana ha recibido 182.690 dosis de la vacuna, de las que se han administrado ya 174.501, lo que supone un 95,5 %.

Barcelóó ha destacado que con el incremento de envíos por parte de las farmacéuticas «alcanzaremos el objetivo de que cuando finalice el mes de marzo haya 300.000 personas vacunadas en la Comunitat Valenciana».

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Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos, 19 para Koldo y 7 para Aldama

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Tribunal Supremo penas que van desde los 7 hasta los 24 años de prisión para los principales investigados del conocido caso Koldo, la presunta trama de corrupción ligada a contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia por el Ministerio de Transportes.

24 años de prisión y multa de casi 4 millones para José Luis Ábalos

El Ministerio Público pide una condena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.
La Fiscalía le atribuye cinco presuntos delitos:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Tráfico de influencias

  • Malversación

  • Uso de información privilegiada

Además, reclama para él una multa de 3,9 millones de euros y responsabilidades económicas conjuntas por los perjuicios ocasionados a dos empresas públicas.

19 años y medio de cárcel para Koldo García

Para Koldo García, exasesor ministerial de Ábalos, Anticorrupción solicita 19 años y medio de prisión, así como una multa también de 3,9 millones de euros, por los mismos delitos atribuidos al exministro.

La Fiscalía pide que tanto Ábalos como Koldo indemnicen de forma conjunta y solidaria a:

  • Ineco: 34.477,86 euros

  • Tragsatec: 9.500,54 euros

Asimismo, reclama el decomiso de al menos 430.298,4 euros, cantidad que correspondería a ganancias obtenidas mediante cohecho.

Atenuante de confesión para Víctor de Aldama

En el caso del empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario de la trama, la Fiscalía aplica la atenuante de confesión y solicita una pena de 7 años de prisión por:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Uso de información privilegiada

También reclama para él una multa de 3,8 millones de euros.

El origen de la causa

El escrito de acusación llega después de que el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, propusiera el pasado 3 de noviembre juzgar a los tres implicados. Según el juez, se habrían concertado poco después de la llegada de Ábalos al Ministerio, buscando obtener beneficios económicos mediante su influencia en contratos públicos.

Puente dividió la causa en dos piezas:

  • La principal, centrada en los contratos de mascarillas.

  • Una pieza separada dedicada a la supuesta trama de cobro de comisiones por obra pública.

 

 

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