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La Confederación del Taxi considera «insuficiente» las medidas del Consell con las VTC

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VALÈNCIA, 6 Feb – La Confederación del Taxi de la Comunitat Valenciana ha acusado a la Conselleria de Vivienda, Obras Publicas y Vertebración del Territorio de pasar a algunos ayuntamientos la «patata caliente» del problema del sector y la regulación de los vehículos de alquiler con conductor (VTC), «dejando a otros sin solución», aunque han decidido mantener el diálogo con la administración para buscar una solución.

Así lo ha apuntado en un comunicado tras la reunión celebrada este martes entre las principales asociaciones del sector del taxi de la Comunitat Valenciana con el secretario autonómico de Vivienda, Obras Publicas y Vertebración del Territorio y la Dirección General de Transportes, en la que la Conselleria planteó una antelación mínima de 15 minutos de contratación para los VTC en el nuevo decreto de regulación y no permitir la captación libre de clientes ni la geolocalización, entre otras medidas.

Las asociaciones del sector han acordado por unanimidad su total desacuerdo con esta propuesta inicial, por considerarla «insuficiente», pero entienden que el Consell «está demostrando voluntad en solucionar el problema, por lo que de momento van a seguir con la vía del dialogo».

Según ha explicado la confederación en un comunicado, desde el sector se expuso «las importantes diferencias» entre Cataluña y la Comunitat Valenciana en este caso, ya que, por ejemplo, «el Ayuntamiento de Barcelona tiene competencias en todo el área metropolitana que incluye a 36 municipios y cerca de 4.000.000 habitantes, y copiar esta solución no sirve» para esta autonomía.

«Resulta difícil de entender que si la Conselleria siempre ha alegado no tener competencias y ha culpado al Ministerio de Fomento por no resolver el problema con una normativa nacional, ahora que el Gobierno de Ximo Puig tiene las competencias a nivel autonómico, tiene dudas en resolver el problema de forma integral y, con un nuevo parche, pasa la patata caliente a los Ayuntamientos», señala la entidad.

DEJA ALICANTE Y CASTELLÓN SIN REGULACIÓN
De esta forma, para la Confederación del Taxi, la Generalitat piensa «en principio solo en València, dejando a muchos municipios de Alicante y Castellón sin regulación del sector, multiplicando el problema y dificultando de nuevo la resolución del conflicto».

Asimismo, el sector ha solicitado medidas para adaptarse a las nuevas demandas de los usuarios, como es una reglamentación que permita poner precios prefijados mediante contratación telemática, vehículos de siete plazas o mejoras en conductores y vehículos.

Fuente : Europa Press

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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