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La defensa de Zaplana informa a la jueza de problemas de salud y «constante» pérdida de peso por su enfermedad

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VALÈNCIA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) –

Los abogados del expresidente de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana han presentado a la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia un escrito para poner en su conocimiento que el exjefe del Consell ha sido trasladado a un centro hospitalario por «problemas respiratorios provocados por la gravedad de su enfermedad y su situación en el centro penitenciario» de Picassent, según ha podido saber Europa Press.

Asimismo, los letrados indican en su escrito a la magistrada que el exministro de Trabajo ha sufrido «una constante bajada de peso desde que ingresó» en prisión de «más de cinco kilos» y «ha sido diagnosticado de bronquitis vírica».

Zaplana ha sido trasladado este lunes desde la cárcel de Picassent al Hospital la Fe de València –el centro donde se trata de la leucemia que padece– a causa de problemas pulmonares.

El ‘expresident’ se encuentra en la cárcel de Picassent desde finales del mes de mayo, cuando la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia acordó para él prisión provisional, comunicada y sin fianza en el marco de la ‘Operación Erial’, por la que fue detenido por presuntos delitos de blanqueo de capitales, malversación y prevaricación.

La defensa de Eduardo Zaplana ya interpuso un recurso de reforma contra el auto de prisión de la jueza en el que alegaba que la medida era «innecesaria y desproporcionada», ya que, a su entender, no existía «ningún riesgo objetivo de destrucción de pruebas» ni de fuga, y, además, alegaba la «grave enfermedad» que padece desde hace años el exministro –leucemia– y que requiere cuidados «continuos y periódicos».

Para las razones humanitarias se basaba en dos informes médicos, uno de ellos forense, en los que se apuntaban que Zaplana presenta un grave riesgo de sufrir «infecciones oportunistas» dado el «cuadro profundo de inmunosupresión» que sufre. Sin embargo, la jueza rechazó esta petición.

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El BOE publica las normas para acreditar los diplomas de Lengua de Signos Española

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El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes la normativa que regula el primer sistema oficial de acreditación de la Lengua de Signos Española (LSE), una medida clave para avanzar en inclusión y accesibilidad en España.

Entra en vigor el sistema de diplomas de Lengua de Signos Española

El nuevo marco legal, recogido en el Real Decreto 262/2026, establece los Diplomas de Lengua de Signos Española (DLSE), cuyo objetivo principal es mejorar el acceso al empleo público y reconocer oficialmente la competencia en esta lengua.

La normativa entrará en vigor a finales de abril, concretamente veinte días después de su publicación en el BOE.

Un paso clave para la inclusión y la igualdad

Esta iniciativa supone un avance significativo para las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, al facilitar su integración social y laboral.

El decreto se enmarca dentro de la Ley 27/2007, que reconoce las lenguas de signos españolas y establece su marco normativo.

Además, permitirá equiparar estos diplomas a otros sistemas oficiales de certificación lingüística, como los de idiomas extranjeros.

Niveles oficiales de acreditación: de A1 a C2

El sistema contempla seis niveles de competencia lingüística, siguiendo estándares europeos:

  • A1 y A2 (nivel básico)
  • B1 y B2 (nivel intermedio)
  • C1 y C2 (nivel avanzado)

Este modelo permitirá evaluar de forma objetiva el dominio de la Lengua de Signos Española, tanto para fines profesionales como académicos.

Primer sistema nacional con validez en toda España

Hasta ahora, no existía un sistema estatal unificado para acreditar la Lengua de Signos Española. Con esta medida, cualquier persona —sorda, sordociega u oyente— podrá obtener un título oficial válido en todo el territorio nacional.

Los diplomas servirán como mérito en procesos de empleo público, así como en ámbitos educativos y profesionales.

Organismos responsables del sistema

El Real Patronato sobre Discapacidad será el encargado de organizar las pruebas y gestionar los diplomas, bajo la dirección académica del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española.

Estas evaluaciones se diseñarán conforme a criterios europeos, garantizando objetividad, fiabilidad y accesibilidad.

Un impulso a los derechos lingüísticos

Desde el Ministerio de Derechos Sociales, liderado por Pablo Bustinduy, destacan que este decreto refuerza el compromiso del Gobierno con la igualdad de oportunidades, la inclusión social y los derechos lingüísticos de las personas con discapacidad.

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