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La defensa de Zaplana vuelve a pedir su libertad ante el «inexistente» riesgo de fuga por su estado de salud

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El abogado de Zaplana cuestiona al juez

VALÈNCIA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) – La defensa del expresidente de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana ha vuelto a solicitar a la jueza que instruye el caso Erial la libertad del exministro basándose en cinco puntos, entre ellos, el «inexistente» riesgo de fuga dado su estado de salud, ya que sufre leucemia.

Según ha podido saber Europa Press de fuentes conocedoras de la petición, la defensa sostiene que la ley no permite mantener en prisión a un investigado durante más de seis meses con el argumento de la existencia de riesgo de destrucción de pruebas.

En este caso, el expresidente se encuentra desde finales del mes de mayo en la cárcel valenciana de Picassent, por orden de la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia que acordó para él prisión provisional, comunicada y sin fianza en el marco de la ‘Operación Erial’, por la que fue detenido por presuntos delitos de blanqueo de capitales, malversación y prevaricación.

No obstante, el pasado diciembre se quedó ingresado en el Hospital La Fe de València tras un chequeo rutinario para controlar su salud por la leucemia que padece, al detectar el médico un empeoramiento en su estado y bajada de defensas.

Por ello, y en esta situación, la defensa alega que el riesgo de fuga, «único fundamento posible de la prisión preventiva en este momento», es «inexistente» precisamente por su salud, que le obliga, según informes de expertos, a estar sujeto a tratamientos en el mismo hospital donde fue trasplantado.

Precisamente, a principios de mes la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia expresó su respaldo al médico Guillermo Sanz, jefe de este servicio en el Hospital La Fe y facultativo encargado del tratamiento de Zaplana, que se opone a que el exministro regrese a prisión.

La entidad explicaba que los informes de Zaplana han sido analizados por dos hematólogos «con gran experiencia y prestigio en el trasplante hematopoyético», y que coincidieron en las apreciaciones del doctor Sanz, en sus indicaciones de tratamiento y en las afirmaciones sobre que el ingreso en un centro penitenciario «no es el entorno adecuado, ya que carece el equipamiento técnico necesario así como del personal especializado para atender la situación clínica» del exministro.

MEDIDAS ALTERNATIVAS
La defensa insiste en la idea de que «cualquier mínimo riesgo podría ser paliado con medidas alternativas a la prisión» como la retirada de pasaporte o presentaciones y que existen sistemas de control telemático a disposición de los jueces de instrucción para garantizar el control de los presos preventivos, más allá de los casos de violencia contra la mujer.

Por último, reitera que la ley prevé la prisión atenuada –arresto domiciliario– para los supuestos de que «por razón de enfermedad el internamiento entrañe grave peligro para la salud».

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Plus Ultra: el polémico rescate de 53 millones a una aerolínea de un solo avión vuelve a señalar a Zapatero

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La SEPI aprobó la ayuda para una compañía que apenas representaba el 0,03% del tráfico aéreo español. La UDEF investiga ahora un posible delito de blanqueo de capitales vinculado al uso de los fondos públicos.


La investigación sobre Plus Ultra se reactiva: registro policial y sospechas de blanqueo

El controvertido rescate de Plus Ultra Líneas Aéreas, aprobado por la SEPI en 2021 por un total de 53 millones de euros, vuelve a estar bajo los focos. A primera hora de este jueves, agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) registraron la sede de la compañía en Madrid en busca de indicios relacionados con un presunto delito de blanqueo de capitales.

La investigación apunta a que la aerolínea pudo utilizar parte del dinero del rescate para devolver préstamos vinculados a sociedades radicadas en el extranjero, supuestamente relacionadas con una organización criminal dedicada al blanqueo de fondos provenientes de Venezuela, según adelantó ABC.


Una aerolínea con un solo avión y el 0,03% del tráfico aéreo

Cuando la SEPI otorgó la ayuda en marzo de 2021 mediante el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, Plus Ultra solo contaba con una aeronave activa y operaba principalmente rutas entre España y Venezuela. Aun así, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda la clasificó como “empresa estratégica”.

Los datos de actividad previos a la pandemia refuerzan las dudas sobre esa consideración: en 2019, Plus Ultra operó solo 823 vuelos en España, situándose en el puesto 166 del tráfico aéreo. Esto representaba un insignificante 0,03% de las 2,36 millones de operaciones registradas por Aena durante ese año.


Ábalos se desmarca y apunta a Zapatero

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha reiterado que se enteró del rescate en el mismo Consejo de Ministros en el que se aprobó, pese a que correspondía a su ámbito competencial.

En declaraciones a El Confidencial, insistió en que nunca tuvo intervención en la operación y sugirió la posible influencia del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero:

“Me enteré en pleno Consejo de Ministros. Es muy raro que llegue un asunto de Transportes sin informarme previamente. Ahí me di cuenta de que se daba una ayuda a esta compañía.”


Los nombres clave dentro de la SEPI y la sombra de Aldama

En el consejo de la SEPI que autorizó la ayuda participaron la actual ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, y Carlos Moreno, director de Gabinete de la ministra de Hacienda, conocido por haber aplazado una deuda tributaria de una sociedad del empresario Víctor Aldama, también implicado en causas judiciales.

La banca española ya había rechazado previamente conceder a Plus Ultra un préstamo avalado por el ICO, por lo que el rescate estatal fue su única vía de financiación.


Un caso archivado… hasta hoy

En 2022, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar si en la concesión del rescate pudieron cometerse delitos de malversación o cohecho, llegando a imputar al expresidente de la SEPI, Bartolomé Lora. Sin embargo, en 2023, la jueza Esperanza Collazos archivó el caso al considerar que se aplicó el decreto de ayudas de manera correcta.

El registro de la UDEF reabre ahora el debate público, reaviva las sospechas sobre la operación y coloca al Gobierno de Pedro Sánchez ante una nueva crisis política vinculada a la polémica aerolínea.

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