VALÈNCIA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) – La defensa del expresidente de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana ha vuelto a solicitar a la jueza que instruye el caso Erial la libertad del exministro basándose en cinco puntos, entre ellos, el «inexistente» riesgo de fuga dado su estado de salud, ya que sufre leucemia.

Según ha podido saber Europa Press de fuentes conocedoras de la petición, la defensa sostiene que la ley no permite mantener en prisión a un investigado durante más de seis meses con el argumento de la existencia de riesgo de destrucción de pruebas.

En este caso, el expresidente se encuentra desde finales del mes de mayo en la cárcel valenciana de Picassent, por orden de la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia que acordó para él prisión provisional, comunicada y sin fianza en el marco de la ‘Operación Erial’, por la que fue detenido por presuntos delitos de blanqueo de capitales, malversación y prevaricación.

No obstante, el pasado diciembre se quedó ingresado en el Hospital La Fe de València tras un chequeo rutinario para controlar su salud por la leucemia que padece, al detectar el médico un empeoramiento en su estado y bajada de defensas.

Por ello, y en esta situación, la defensa alega que el riesgo de fuga, «único fundamento posible de la prisión preventiva en este momento», es «inexistente» precisamente por su salud, que le obliga, según informes de expertos, a estar sujeto a tratamientos en el mismo hospital donde fue trasplantado.

Precisamente, a principios de mes la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia expresó su respaldo al médico Guillermo Sanz, jefe de este servicio en el Hospital La Fe y facultativo encargado del tratamiento de Zaplana, que se opone a que el exministro regrese a prisión.

La entidad explicaba que los informes de Zaplana han sido analizados por dos hematólogos «con gran experiencia y prestigio en el trasplante hematopoyético», y que coincidieron en las apreciaciones del doctor Sanz, en sus indicaciones de tratamiento y en las afirmaciones sobre que el ingreso en un centro penitenciario «no es el entorno adecuado, ya que carece el equipamiento técnico necesario así como del personal especializado para atender la situación clínica» del exministro.

MEDIDAS ALTERNATIVAS
La defensa insiste en la idea de que «cualquier mínimo riesgo podría ser paliado con medidas alternativas a la prisión» como la retirada de pasaporte o presentaciones y que existen sistemas de control telemático a disposición de los jueces de instrucción para garantizar el control de los presos preventivos, más allá de los casos de violencia contra la mujer.

Por último, reitera que la ley prevé la prisión atenuada –arresto domiciliario– para los supuestos de que «por razón de enfermedad el internamiento entrañe grave peligro para la salud».