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La deuda pública de la Comunitat es la mayor de España

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(EFECOM).- La deuda pública de la Comunitat Valenciana alcanza los 51.117 millones de euros en el primer trimestre del año, el segundo mayor importe por comunidades por detrás de Cataluña y que supone el 49,4 % del PIB.

Este porcentaje del PIB es el mayor de todas las autonomías, según los datos publicados este viernes por el Banco de España.

La deuda pública española marcó un nuevo récord en el primer trimestre del año al alcanzar los 1.392.733 millones de euros, un 125,3 % del PIB.

Al cierre de marzo, la deuda del conjunto de las administraciones públicas superaba en 47.293 millones, 5,4 puntos de PIB, la del cierre de 2020, que ya había sido un máximo histórico tras un ejercicio marcado por la pandemia y la incorporación al perímetro público de las cuentas de la Sareb.

El dato publicado este viernes revisa ligeramente al alza el adelantado el pasado 18 de mayo correspondiente al mensual de marzo -1.392.696 millones, el 125,3 % del PIB-.

Al cierre del primer trimestre, la mayor parte de la deuda pública se concentraba en la administración central, con un total de 1.247.876 millones de euros, un nuevo récord que supera en 41.238 millones el cierre de 2020 y que equivale al 112,3 % del PIB.

Las comunidades autónomas también incrementaron su endeudamiento en el primer trimestre, hasta los 307.316 millones -3.694 millones más-, un 27,7 % del PIB.

Las corporaciones locales cerraron el trimestre con una deuda de 22.115 millones, 170 más y un 2 % del PIB, mientras que las administraciones de la Seguridad Social la mantuvieron sin cambios en 85.355 millones, un 7,7 % del PIB.

La suma de la deuda de cada administración excede el total porque la mayor parte de la deuda autonómica está contabilizada también por el Estado.

Al cierre del trimestre la mayor parte de la deuda, 1.201.376 millones, se concentraba en valores representativos de deuda, tanto a largo plazo (1.113.908 millones) como a corto plazo (87.468 millones).

El resto se repartía en préstamos (186.436 millones) y efectivo y depósitos (4.921 millones).

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Julio Iglesias demanda a Yolanda Díaz por llamarlo “abusador sexual”

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julio iglesias estado salud
Julio Iglesias-ARCHIVO

Julio Iglesias pasa al contraataque judicial contra Yolanda Díaz

El cantante Julio Iglesias ha presentado una demanda de conciliación contra la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, por las declaraciones en las que lo calificó de “abusador sexual” y habló de supuestas situaciones de “esclavitud” y “estructura de poder basada en la agresión permanente”.

La acción judicial, paso previo a una posible querella por calumnias o injurias, solicita que la ministra de Trabajo se retracte públicamente, reconozca el daño causado y abone una indemnización en función de la difusión de sus manifestaciones.


La demanda se produce tras el archivo de la denuncia en la Audiencia Nacional

El movimiento del artista llega después de que la denuncia presentada por dos extrabajadoras ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional fuera archivada en enero por falta de competencia.

Según el escrito de la defensa, Iglesias nunca ha tenido la condición de investigado ni de sospechoso en el procedimiento.


Las declaraciones de Yolanda Díaz en redes y televisión

Los abogados del cantante señalan especialmente un mensaje publicado por Díaz en redes sociales el 13 de enero, en el que aludía a testimonios de extrabajadoras y agradecía a periodistas por difundir el caso.

Además, citan una entrevista en televisión en la que la vicepresidenta se refirió al artista como “presunto agresor” y habló de vulneraciones graves de derechos en el entorno laboral.

Tras conocerse la demanda, Díaz reafirmó su postura señalando que seguirá defendiendo a las mujeres trabajadoras “con denuncias o sin denuncias”.


La defensa invoca la presunción de inocencia

El equipo jurídico del cantante, encabezado por el penalista José Antonio Choclán, sostiene que las declaraciones de la vicepresidenta vulneran el derecho a la presunción de inocencia y afectan al honor y la reputación del artista.

El escrito argumenta que atribuir la condición de víctimas a las denunciantes sin hechos acreditados supone emitir prejuicios de culpabilidad desde una posición institucional.


Posibles nuevas acciones legales

La demanda de conciliación es el primer paso dentro de una estrategia legal más amplia. La defensa también ha solicitado acceder al contenido íntegro de las actuaciones de la Fiscalía para valorar si procede emprender otras acciones, incluido el análisis de un posible delito de denuncia falsa.


Un conflicto con dimensión política y mediática

El caso añade tensión al debate público sobre las acusaciones, el papel de las instituciones y la protección de la reputación, situando el foco tanto en el ámbito judicial como en el político.

La evolución del procedimiento dependerá ahora de si se produce un acto de conciliación o si finalmente se formaliza una querella.


 

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