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La deuda pública de la Comunitat es la mayor de España

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(EFECOM).- La deuda pública de la Comunitat Valenciana alcanza los 51.117 millones de euros en el primer trimestre del año, el segundo mayor importe por comunidades por detrás de Cataluña y que supone el 49,4 % del PIB.

Este porcentaje del PIB es el mayor de todas las autonomías, según los datos publicados este viernes por el Banco de España.

La deuda pública española marcó un nuevo récord en el primer trimestre del año al alcanzar los 1.392.733 millones de euros, un 125,3 % del PIB.

Al cierre de marzo, la deuda del conjunto de las administraciones públicas superaba en 47.293 millones, 5,4 puntos de PIB, la del cierre de 2020, que ya había sido un máximo histórico tras un ejercicio marcado por la pandemia y la incorporación al perímetro público de las cuentas de la Sareb.

El dato publicado este viernes revisa ligeramente al alza el adelantado el pasado 18 de mayo correspondiente al mensual de marzo -1.392.696 millones, el 125,3 % del PIB-.

Al cierre del primer trimestre, la mayor parte de la deuda pública se concentraba en la administración central, con un total de 1.247.876 millones de euros, un nuevo récord que supera en 41.238 millones el cierre de 2020 y que equivale al 112,3 % del PIB.

Las comunidades autónomas también incrementaron su endeudamiento en el primer trimestre, hasta los 307.316 millones -3.694 millones más-, un 27,7 % del PIB.

Las corporaciones locales cerraron el trimestre con una deuda de 22.115 millones, 170 más y un 2 % del PIB, mientras que las administraciones de la Seguridad Social la mantuvieron sin cambios en 85.355 millones, un 7,7 % del PIB.

La suma de la deuda de cada administración excede el total porque la mayor parte de la deuda autonómica está contabilizada también por el Estado.

Al cierre del trimestre la mayor parte de la deuda, 1.201.376 millones, se concentraba en valores representativos de deuda, tanto a largo plazo (1.113.908 millones) como a corto plazo (87.468 millones).

El resto se repartía en préstamos (186.436 millones) y efectivo y depósitos (4.921 millones).

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Los propietarios de vivienda podrán beneficiarse de una deducción fiscal de hasta 3.000 euros en 2026

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placas solares apagón eléctrico

El año fiscal 2026 comienza con buenas noticias para los propietarios de vivienda en España. Un Real Decreto-ley aprobado a finales de 2025 prorroga una serie de medidas económicas y sociales que incluyen importantes incentivos fiscales para quienes realicen obras de mejora de la eficiencia energética en sus inmuebles, permitiendo acceder a una deducción de hasta 3.000 euros en la declaración de la Renta.

La medida, respaldada por la Agencia Tributaria, busca impulsar la rehabilitación del parque inmobiliario y reducir el consumo energético de los hogares, en línea con los objetivos de sostenibilidad marcados a nivel europeo.

¿En qué consiste la deducción de 3.000 euros?

La deducción más relevante para los propietarios particulares es la que permite desgravar el 40% del importe invertido en obras de eficiencia energética, con una base máxima anual de 7.500 euros, lo que se traduce en un ahorro fiscal directo de hasta 3.000 euros por vivienda.

Esta deducción se aplica tanto a viviendas habituales como a inmuebles destinados al alquiler, siempre que cumplan los requisitos establecidos por la normativa.

Requisitos para acceder a la deducción fiscal en 2026

Para beneficiarse de este incentivo, las obras realizadas deben cumplir criterios técnicos muy concretos, entre ellos:

  • Reducir al menos un 30% el consumo de energía primaria no renovable, o

  • Mejorar la calificación energética del inmueble hasta las letras A o B

El cumplimiento de estos objetivos debe estar debidamente acreditado, ya que la Agencia Tributaria exige documentación técnica para validar la deducción.

El papel clave del certificado energético

Uno de los requisitos imprescindibles es disponer de dos Certificados de Eficiencia Energética:

  1. Un certificado previo al inicio de las obras

  2. Un certificado posterior que acredite la mejora obtenida

Este segundo documento deberá haberse emitido antes del 1 de enero de 2027 para que la inversión pueda imputarse correctamente al ejercicio fiscal de 2026. Sin estos certificados, no se reconoce el derecho a la deducción, independientemente del importe invertido.

Atención a la forma de pago: el efectivo no vale

Desde la Agencia Tributaria recuerdan un aspecto que suele generar problemas en muchas declaraciones: los pagos en efectivo no dan derecho a deducción.

Para que la inversión sea válida, los trabajos deben abonarse mediante:

  • Transferencia bancaria

  • Tarjeta de crédito o débito

  • Cheque nominativo

  • Ingreso en cuenta

Esta exigencia busca combatir la economía sumergida y garantizar la trazabilidad de las operaciones en el sector de las reformas.

Deducción del 60% para edificios residenciales

Además de la deducción individual del 40%, la normativa contempla otra deducción del 60% para actuaciones de rehabilitación energética en edificios residenciales completos, también con un límite máximo anual de 3.000 euros por contribuyente.

Esta modalidad está especialmente pensada para comunidades de propietarios que acometan mejoras integrales en fachadas, cubiertas o sistemas comunes de climatización.

Reformas más habituales para alcanzar el ahorro máximo

Las actuaciones que suelen permitir acceder a la deducción máxima incluyen:

  • Sustitución de ventanas por cerramientos de alta eficiencia

  • Mejora del aislamiento térmico en fachadas y cubiertas

  • Instalación de sistemas de aerotermia

  • Renovación de sistemas de calefacción y refrigeración

Además del ahorro fiscal, estas reformas reducen de forma notable el consumo energético y la factura de luz y gas.

Una medida fiscal con impacto social y ambiental

El Gobierno enmarca esta deducción dentro de una estrategia más amplia para reducir la dependencia energética de los hogares, mejorar el confort de las viviendas y avanzar hacia un modelo residencial más sostenible, apoyado en fondos europeos.

Para muchos propietarios, la deducción de hasta 3.000 euros en 2026 supone un incentivo clave para acometer reformas que, de otro modo, se aplazarían.

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