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Valencia

La empresa del Galileo Galilei paga 15.000 € de multa por su fiesta ilegal

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València, 5 mar (EFE).- El proceso sancionador del Colegio Mayor Galileo Galilei de València por la fiesta que celebró en el edificio y obligó a suspender las clases presenciales en la Politècnica tras detectarse más de 160 contagios ha concluido tras abonar la entidad, de forma voluntaria, una multa de 15.000 euros.

Fuentes de la Conselleria de Justicia han informado este viernes a EFE de que la sanción que ha asumido la mercantil -por unos hechos sucedidos hace más de cinco meses- es de 25.000 euros, pero al haberla abonado voluntariamente se le aplica la bonificación del 40 % sobre el importe total, por lo que ha pagado finalmente 15.000 euros.

La conclusión de este proceso ya ha sido notificado a la empresa que gestiona el centro, ubicado en el campus de Tarongers de la Universitat Politècnica de València (UPV).

El secretario autonómico José María Ángel ha firmado este viernes la resolución del procedimiento sancionador de la denuncia llevada a cabo contra el Colegio Mayor por no respetar las medidas dictadas por el Consell para hacer frente a la pandemia.

Según las fuentes, en el Colegio Mayor se permitió el 26 de septiembre del pasado año una fiesta ‘ibicenca’ en la azotea, que derivó en más de 160 contagios y la suspensión de las clases presenciales en la UPV.

Además, se ha sancionado la falta de control para la celebración de otras dos fiestas en sendas habitaciones en el edificio del Colegio Mayor en la madrugada del 27 de septiembre.

El importe de la sanción que se propuso a la vista de la infracción cometida y de las circunstancias derivadas de este procedimiento ha sido de 25.000 euros (una de 20.000 euros y otra de 5.000).

La de 20.000 euros es por una falta grave según lo establecido en el artículo 6 del Decreto Ley 11/2020 de 24 de julio por incumplimiento del artículo 6.2 (organización o participación en reuniones, fiestas o cualquier otro tipo de acto, privado o público, que impliquen una aglomeración o agrupación de personas cuando se constate que impiden o dificultan la adopción de las medidas sanitarias de prevención).

La de 5.000 euros es por una falta grave establecida en el artículo 6 del decreto Ley 11/2020, de 24 de julio por incumplimiento del artículo 6.7 (incumplimiento de medidas higiene y prevención cuando suponga riesgo de contagio o afecte a más de 15 personas).

Según las fuentes, durante el proceso se dio traslado de la propuesta de sanción a la mercantil gestora del Colegio Mayor, «que reconoció su responsabilidad y procedió al abono voluntario de la sanción».

«Una vez que se ha acreditado el pago de la sanción este viernes se declara concluido el procedimiento sancionador», concluyen desde la Conselleria de Justicia.

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Valencia

Juanfran Pérez Llorca aboga por inmigración ordenada, publica nacionalidad de delincuentes y promete perdón a víctimas de la DANA

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El secretario general del PPCV, Juanfran Llorca, durante una entrevista para Europa Press.

El candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha defendido este jueves en el debate de investidura en Les Corts Valencianes una política migratoria ordenada, la publicación de la nacionalidad de los delincuentes y ha anunciado que, de ser investido, sus primeras palabras como ‘president’ estarán dirigidas a los familiares de las 229 víctimas mortales de la DANA que arrasó la provincia de Valencia hace algo más de un año.

Durante su intervención, Llorca ha subrayado que estas medidas no son racistas, sino que buscan garantizar convivencia, seguridad y protección de los valores valencianos. “No se trata de señalar a nadie, sino de ejercer la responsabilidad que se espera de cualquier servidor público”, ha afirmado.

Compromiso con las víctimas de la DANA

El candidato ha asegurado que pedirá perdón en nombre de la Generalitat Valenciana a todas las familias afectadas:

“Pedir perdón a todas las personas y familias que aún sufren las consecuencias, aquellas que han perdido todo y aquellas que han perdido demasiado. Palabras que deberían hacer todos en Les Corts, porque ha sobrado mucha gresca e insultos”.

Tres representantes de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA y tres de la Asociación Damnificaos Dana Horta Sud han seguido el debate desde el interior del parlamento valenciano, mientras que el resto de familiares permanecía atento desde el exterior.

Llorca ha destacado que otras administraciones también deben asumir responsabilidades y ha criticado que el Gobierno de España aún no haya reconocido errores ni dado explicaciones sobre la gestión de la catástrofe. “La naturaleza no entiende de izquierdas ni de derechas, y por eso las respuestas tampoco pueden entenderlo. La única política válida en este terreno es la política que pone por delante a las personas”, ha argumentado.

Reconocimiento del trabajo del Consell de Mazón

A pesar de sus críticas, Llorca ha valorado la labor de reconstrucción del Consell liderado por Carlos Mazón, destacando la movilización de 2.500 millones de euros en recursos propios, ayudas a vehículos, autónomos, agricultores, ganaderos y ERTE, así como la reparación de viviendas, centros educativos y sanitarios, la recuperación de carreteras, pistas forestales y del metro, y la retirada de residuos y vehículos dañados.

“Los datos de impacto, acciones y previsiones demuestran que estamos ante una cuestión de Estado y en la que el Estado no puede fallar”, ha subrayado, insistiendo en la necesidad de mejorar la protección, prevención y gestión de emergencias.

Petición de comisión mixta con el Gobierno

El candidato ha solicitado la creación de una comisión mixta con el Ejecutivo central para garantizar coordinación y eficacia en la prevención y gestión de catástrofes:

“No merecemos más indiferencia, no nos lo merecemos. No vengo a prometer milagros ni a levantar banderas que nos enfrenten, sino a ofrecer una manera distinta de hacer las cosas”.

Política migratoria y publicación de nacionalidades

En materia de inmigración, Llorca ha defendido un control real de la inmigración irregular, destacando que las llegadas desordenadas tensionan los servicios públicos valencianos. Ha criticado el reparto de menores migrantes propuesto por el Gobierno central, calificándolo de injusto para la Comunitat y otras autonomías.

El candidato también ha abogado por hacer pública la nacionalidad de los delincuentes, asegurando que esto permitirá tomar decisiones proporcionadas y basadas en datos reales, y ha subrayado que estas medidas no están ligadas a la ideología política: “Esto no va de derechas o de izquierdas, sino de sentido común”.

Asimismo, ha reiterado que la Comunitat Valenciana es una tierra de acogida, pero que la inmigración debe gestionarse de manera legal, ordenada y ajustada a la capacidad de absorción regional, respetando los valores culturales y democráticos de la sociedad valenciana.

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