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Valencia

La empresa del Galileo Galilei paga 15.000 € de multa por su fiesta ilegal

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València, 5 mar (EFE).- El proceso sancionador del Colegio Mayor Galileo Galilei de València por la fiesta que celebró en el edificio y obligó a suspender las clases presenciales en la Politècnica tras detectarse más de 160 contagios ha concluido tras abonar la entidad, de forma voluntaria, una multa de 15.000 euros.

Fuentes de la Conselleria de Justicia han informado este viernes a EFE de que la sanción que ha asumido la mercantil -por unos hechos sucedidos hace más de cinco meses- es de 25.000 euros, pero al haberla abonado voluntariamente se le aplica la bonificación del 40 % sobre el importe total, por lo que ha pagado finalmente 15.000 euros.

La conclusión de este proceso ya ha sido notificado a la empresa que gestiona el centro, ubicado en el campus de Tarongers de la Universitat Politècnica de València (UPV).

El secretario autonómico José María Ángel ha firmado este viernes la resolución del procedimiento sancionador de la denuncia llevada a cabo contra el Colegio Mayor por no respetar las medidas dictadas por el Consell para hacer frente a la pandemia.

Según las fuentes, en el Colegio Mayor se permitió el 26 de septiembre del pasado año una fiesta ‘ibicenca’ en la azotea, que derivó en más de 160 contagios y la suspensión de las clases presenciales en la UPV.

Además, se ha sancionado la falta de control para la celebración de otras dos fiestas en sendas habitaciones en el edificio del Colegio Mayor en la madrugada del 27 de septiembre.

El importe de la sanción que se propuso a la vista de la infracción cometida y de las circunstancias derivadas de este procedimiento ha sido de 25.000 euros (una de 20.000 euros y otra de 5.000).

La de 20.000 euros es por una falta grave según lo establecido en el artículo 6 del Decreto Ley 11/2020 de 24 de julio por incumplimiento del artículo 6.2 (organización o participación en reuniones, fiestas o cualquier otro tipo de acto, privado o público, que impliquen una aglomeración o agrupación de personas cuando se constate que impiden o dificultan la adopción de las medidas sanitarias de prevención).

La de 5.000 euros es por una falta grave establecida en el artículo 6 del decreto Ley 11/2020, de 24 de julio por incumplimiento del artículo 6.7 (incumplimiento de medidas higiene y prevención cuando suponga riesgo de contagio o afecte a más de 15 personas).

Según las fuentes, durante el proceso se dio traslado de la propuesta de sanción a la mercantil gestora del Colegio Mayor, «que reconoció su responsabilidad y procedió al abono voluntario de la sanción».

«Una vez que se ha acreditado el pago de la sanción este viernes se declara concluido el procedimiento sancionador», concluyen desde la Conselleria de Justicia.

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Valencia

La jueza de la dana descarta «por ahora» citar de nuevo a Vilaplana y pregunta a Pradas si quiere volver a declarar

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Maribel Vilaplana juicio
La periodista Maribel Vilaplana en imagen de archivo-LEVANTE UD

Sigue la última hora de la investigación de la justicia en la gestión de la DANA:

VALÈNCIA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) – La jueza que investiga la gestión de la catastrófica dana, que ha dejado 229 víctimas mortales en la provincia de Valencia, descarta «por el momento» volver a citar a Maribel Vilaplana, periodista que comió con el presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, el día de la ríada, y ha preguntado a la exconsellera de Justicia e Interior, investigada en el procedimiento, si quiere volver a declarar –ya lo hizo hace unos meses–.

Así se desprende de un auto, facilitado este viernes por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) y dictado por la magistrada del Tribunal de Instancia de Catarroja (Plaza 3).

En su resolución, la jueza descarta «en el presente momento» volver a citar a declarar como testigo a la periodista que comió con Mazón el 29 de octubre de 2024, como había solicitado la acusación popular que ejerce el partido Ciudadanos y otra acusación particular.

La jueza de la dana cuestiona el reservado del Ventorro y abre la puerta a nuevas declaraciones

La jueza considera que antes debe recibir declaración a otros testigos pertenecientes al equipo de Presidencia de la Generalitat. Ciudadanos realizó esta petición por considerar que la comunicadora pudo incurrir en falsedades en el testimonio que dio el pasado 3 de noviembre tras escuchar al dueño del restaurante El Ventorro y ver las fotografías aportadas a la causa sobre las dimensiones del reservado en el que comieron la periodista y Mazón.

En su resolución, la instructora señala que, «ciertamente, las dimensiones del reservado del Ventorro convierten en altamente improbable que no se escucharan las conversaciones o comentarios, a no ser que la testigo permaneciera completamente abstraída de lo que sucedía a su alrededor».

No obstante, cree «necesario, antes de reiterar una declaración ya prestada» por Vilaplana, «oír al resto de las personas que pudieron tener conocimiento de aquellas manifestaciones que pudieron referirse al proceso de decisión en la remisión del mensaje Es-Alert, de las medidas de protección a la población, oír a los testigos que de manera similar a la sra. Vilaplana, pudieran haber tenido conocimiento de las manifestaciones que por el señor Carlos Mazón se pudieran haber efectuado respecto de ese proceso de decisión y cualesquiera otros destinados a proteger a la población».

La magistrada también rechaza la petición de que se investigue a la testigo por un delito de falso testimonio porque, tal y como establece la jurisprudencia del Tribunal Supremo, para ello «es necesario contar con el dato previo de una verdad procesalmente establecida, lo que solo podrá hacerse en sentencia o en auto de sobreseimiento firme».

En cualquier caso, la instructora deja abierta la posibilidad de recibir declaración ya nuevamente a la periodista si ésta manifestara públicamente o ante el propio juzgado su voluntad de hacerlo nuevamente.

PRADAS Y SALVADOS

Por otro lado, ante la solicitud de la acusación popular que ejerce Podemos de incorporar a la causa el vídeo de la entrevista con la exconsellera de Justicia e Interior investigada en esta causa, que se emitirá por el programa Salvados de La Sexta el próximo domingo, 30 de noviembre, la magistrada ha acordado requerir a su defensa para que manifieste en el plazo de un día si desea volver a declarar en sede judicial. Solo si su respuesta es afirmativa se requeriría a la empresa de comunicación Atresmedia la aportación del programa de televisión.

En este sentido, la jueza recuerda que cualquier declaración de un investigado, para que pueda tener «efecto en el proceso», ha de efectuarse con la «oportuna asistencia letrada y en el seno de este procedimiento», pues se trata de «una garantía para la propia investigada».

Carta abierta de Maribel Vilaplana sobre su comida con Mazón

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