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Valencia

La empresa del Galileo Galilei paga 15.000 € de multa por su fiesta ilegal

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València, 5 mar (EFE).- El proceso sancionador del Colegio Mayor Galileo Galilei de València por la fiesta que celebró en el edificio y obligó a suspender las clases presenciales en la Politècnica tras detectarse más de 160 contagios ha concluido tras abonar la entidad, de forma voluntaria, una multa de 15.000 euros.

Fuentes de la Conselleria de Justicia han informado este viernes a EFE de que la sanción que ha asumido la mercantil -por unos hechos sucedidos hace más de cinco meses- es de 25.000 euros, pero al haberla abonado voluntariamente se le aplica la bonificación del 40 % sobre el importe total, por lo que ha pagado finalmente 15.000 euros.

La conclusión de este proceso ya ha sido notificado a la empresa que gestiona el centro, ubicado en el campus de Tarongers de la Universitat Politècnica de València (UPV).

El secretario autonómico José María Ángel ha firmado este viernes la resolución del procedimiento sancionador de la denuncia llevada a cabo contra el Colegio Mayor por no respetar las medidas dictadas por el Consell para hacer frente a la pandemia.

Según las fuentes, en el Colegio Mayor se permitió el 26 de septiembre del pasado año una fiesta ‘ibicenca’ en la azotea, que derivó en más de 160 contagios y la suspensión de las clases presenciales en la UPV.

Además, se ha sancionado la falta de control para la celebración de otras dos fiestas en sendas habitaciones en el edificio del Colegio Mayor en la madrugada del 27 de septiembre.

El importe de la sanción que se propuso a la vista de la infracción cometida y de las circunstancias derivadas de este procedimiento ha sido de 25.000 euros (una de 20.000 euros y otra de 5.000).

La de 20.000 euros es por una falta grave según lo establecido en el artículo 6 del Decreto Ley 11/2020 de 24 de julio por incumplimiento del artículo 6.2 (organización o participación en reuniones, fiestas o cualquier otro tipo de acto, privado o público, que impliquen una aglomeración o agrupación de personas cuando se constate que impiden o dificultan la adopción de las medidas sanitarias de prevención).

La de 5.000 euros es por una falta grave establecida en el artículo 6 del decreto Ley 11/2020, de 24 de julio por incumplimiento del artículo 6.7 (incumplimiento de medidas higiene y prevención cuando suponga riesgo de contagio o afecte a más de 15 personas).

Según las fuentes, durante el proceso se dio traslado de la propuesta de sanción a la mercantil gestora del Colegio Mayor, «que reconoció su responsabilidad y procedió al abono voluntario de la sanción».

«Una vez que se ha acreditado el pago de la sanción este viernes se declara concluido el procedimiento sancionador», concluyen desde la Conselleria de Justicia.

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Valencia

Los pisos turísticos en la Comunitat Valenciana caen un 25% en un año hasta los 48.411 apartamentos

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Viviendas turísticas España
Dos turistas recorren con sus maletas el casco antiguo de la ciudad de València. EFE/Manuel Bruque/Archivo

València multiplica por seis el cierre de pisos turísticos ilegales y endurece el control en todos los barrios

El Ayuntamiento de València ha intensificado su ofensiva contra los apartamentos turísticos ilegales, multiplicando por seis las órdenes de cese durante el actual mandato. El consistorio asegura que este incremento refleja un “cambio radical” en la política municipal para frenar la proliferación de viviendas de uso turístico fuera de la legalidad.

Según ha explicado el concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner, se ha pasado de una media de 71 órdenes anuales en el anterior gobierno a 449 expedientes por año, lo que supone un aumento superior al 600%. De estas órdenes, el 87% ya se han ejecutado.

Más inspecciones y vigilancia continua

Para lograr estos resultados, el Ayuntamiento ha reforzado los equipos de control con cinco grupos de inspectores de Urbanismo y siete unidades de Policía Local, que rastrean de forma constante la actividad ilegal en todos los distritos.

El consistorio defiende que esta estrategia marca el paso de una etapa de “permisividad” a otra de “tolerancia cero”, en un contexto de creciente presión turística en la ciudad.

Moratoria y nuevas normas urbanísticas

El aumento de cierres llega acompañado de medidas estructurales. Desde mayo de 2024 está en vigor una moratoria que suspende la concesión de nuevas licencias turísticas, prorrogada hasta al menos mayo de 2026. Durante este periodo se han paralizado 363 expedientes, evitando la creación de casi 4.700 nuevas plazas.

Además, el gobierno municipal liderado por María José Catalá prepara una nueva normativa urbanística que limitará el crecimiento de estos alojamientos. Entre las principales restricciones destacan:

  • Máximo del 2% de viviendas turísticas por barrio
  • Límite del 8% de plazas turísticas respecto a la población
  • Tope del 15% en plantas bajas por manzana
  • Exigencia de acceso independiente y aprobación vecinal

También se creará un censo municipal de alojamientos turísticos (CATAV) y se reforzarán las inspecciones para detectar irregularidades.

Críticas de la oposición

Desde la oposición, Compromís cuestiona la eficacia de estas medidas. Su portavoz, Papi Robles, sostiene que la normativa “ni reduce ni controla” el número real de plazas turísticas y acusa al gobierno local de utilizar una “cortina de humo”.

En la misma línea, el edil socialista Javier Mateo critica que las cifras ofrecidas por el ejecutivo no reflejan la situación real y denuncia que se está facilitando la expansión de apartamentos turísticos en los barrios.

Presión sobre la vivienda en València

El debate sobre los pisos turísticos se produce en un momento de fuerte tensión en el mercado inmobiliario de València, donde vecinos y colectivos denuncian el impacto de estos alojamientos en el precio del alquiler y en la vida de los barrios.

Con las nuevas medidas, el Ayuntamiento busca equilibrar el atractivo turístico de la ciudad con la protección del uso residencial, aunque el enfrentamiento político sobre su efectividad sigue abierto.


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